El pasado 21 de febrero, los oficiales Marcelo Mella Bertetti, Julio Ojeda Puig y Allan Asenjo Contreras, y el general (r) Eduardo Mosqueira Cruz, fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autores de cuasidelito de homicidio, en el marco de la investigación por la caída del avión Hércules C-13, perteneciente a la FACh.
En dicha audiencia, el entonces fiscal regional de la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Eugenio Campos, le comunicó a los imputados su presunta responsabilidad en la caída de la aeronave en el Mar de Drake en diciembre de 2019, donde fallecieron 38 personas, entre civiles y militares. Los cuatro imputados quedaron con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.
A partir de ahí, se han dado distintas situaciones que han causado molestia e indignación en las familias de las víctimas. La más reciente fue el levantamiento temporal de la medida cautelar de arraigo nacional que pesa sobre el oficial Julio Ojeda Puig, uno de los cuatro formalizados por cuasidelito de homicidio en la tragedia que enlutó a la institución aeronáutica.
La situación fue autorizada el pasado 26 de octubre por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, quien tras una solicitud de la defensa del mencionado oficial terminó por acceder a lo solicitado, todo en base al principio de inocencia en su calidad de imputado. Según quedó plasmado en el acta de la audiencia, Ojeda Puig podrá salir del país entre “los días 11 al 19 de noviembre 2023 y 26 de noviembre al 02 de diciembre 2023” con destino a Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos. Esto le habría permitido al oficial salir del país recientemente.
Interferencia conversó con Caroline Carvacho, viuda del cabo Luis Montoya Soto, quien explicó las últimas acciones que han llevado a cabo ante las autoridades, ante las cuales no han tenido respuesta a la fecha.
Tras una decisión judicial, el oficial Ojeda Puig podrá salir del país entre “los días 11 al 19 de noviembre 2023 y 26 de noviembre al 02 de diciembre 2023” con destino a Italia, Francia, Canadá y Estados Unidos. Esto le habría permitido al oficial ir al extranjero recientemente.
“Se le solicitó una audiencia a la ministra Fernández porque creemos que es importante volver a retomar conversaciones con ella y con la Subsecretaría, porque hay varias cosas pendientes y una de estas son los obstáculos que ha puesto la Fuerza Aérea, ya sea en temas de información como en la reciente salida del oficial Ojeda Puig, uno de los imputados. Se solicitó una reunión y la respuesta fue que sería derivada a la Subsecretaría, quienes se iban a poner en contacto pero hasta la fecha esto no ha ocurrido”, explicó.
“Además, se envió una carta al general Hugo Rodríguez para hacerle sentir el malestar respecto de cómo es posible que la Fuerza Aérea, sabiendo que tiene cinco personas formalizadas, se autorice a una de ellas para ir en una comisión de servicio con el daño que esto conlleva a las familias. Lo sentimos como una burla por parte de la institución hacia los familiares, recordando que también hubo solicitudes al poder judicial para poder salir del país, como fue el caso del oficial Marcelo Mella Bertetti, quien a comienzos de año solicitó un permiso para ir a celebrar su aniversario de matrimonio a Perú, lo cual en un principio fue autorizado y luego denegado por nuestra apelación”.
Este medio accedió a esa carta, donde entre otros aspectos, le señalan al general Rodríguez que “como víctimas que sufrimos día a día la muerte de nuestros familiares, nos parece un verdadero insulto la actitud demostrada en estos dolorosos ya casi 4 años por la Fuerza Aérea de Chile, especialmente por su alto mando, quienes definen conductas al interior de la institución. Conducta que, al parecer, lejos de modificarse se intensifica con un descriterio en la toma de decisiones”.
“Cómo es posible, General Rodríguez, que a sabiendas del proceso que enfrentamos, doloroso para nosotros y vergonzoso para la institución que usted encabeza, se designe a uno de los funcionarios imputados en esta causa para participar en el extranjero de esta comisión. Legítimamente nos cuestionamos si usted está en conocimiento de esto y si existe algún grado de análisis de las repercusiones que estas inadecuadas decisiones acarrea. No comprendemos y no aceptamos que no exista al interior de la institución otro funcionario público que pueda desarrollar esta comisión, que no esté involucrado en un proceso judicial y que, por cierto, no afecte el sentir de todas las familias que estamos insertas en este proceso judicial como víctimas querellantes”, alertan en la misiva.
Formalizados y medidas cautelares
Para Carvacho, le llama la atención que la defensa de los formalizados “atribuye a que estas personas se encuentran afectadas por el tema de las formalizaciones y ahí uno se da cuenta que tienen cero empatía. En el fondo, no han dimensionado este tremendo daño que han hecho, desde la institución y también desde estas personas formalizadas”.
“Nosotros creemos que dentro de la Fuerza Aérea hay muchas otras personas con las mismas características y los mismos grados que podrían haber tomado el lugar del oficial Ojeda Puig en esta comisión de servicio, no es imprescindible. En particular, considerando que la investigación sigue en curso”, sostuvo.
Este medio accedió a una carta enviada al general Hugo Rodríguez, donde las familias exponen que “como víctimas que sufrimos día a día la muerte de nuestros familiares, nos parece un verdadero insulto la actitud demostrada en estos dolorosos ya casi 4 años por la Fuerza Aérea de Chile, especialmente por su alto mando, quienes definen conductas al interior de la institución. Conducta que, al parecer, lejos de modificarse se intensifica con un descriterio en la toma de decisiones”.
Además, apuntó que “es algo extraño desde el mismo punto de vista del poder judicial. Si hay una persona formalizada y con arraigo nacional, el hecho de entregar estas autorizaciones como que le quita la validez y la importancia a esa medida cautelar. Estamos hablando de la muerte de 38 personas y el daño irreparable a 38 familias”.
“Ten por seguro que si fuera un cabo o un suboficial ya estaría dado de baja. Pero si es un oficial, ¿por qué no? Para nosotros es casi darles un premio, lo ocurrido en el caso del oficial Ojeda Puig, darle la posibilidad de viajar en esta comisión de servicio. Para qué existe una medida cautelar si al final ellos mismos le están quitando importancia, considerando que esa medida dentro de todo es mínima. Ellos no están en una prisión preventiva o un arresto domiciliario total, considerando por el delito por el que están formalizados. El arraigo nacional es lo mínimo y encima no se está cumpliendo”, aseveró.
Comentarios
Osea, la Fuerza Aérea burla
Gravísimo. Y muy sospechoso,
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