El presidente de la República, Gabriel Boric, dejó su oficina este viernes cerca de las 10 de la mañana. Veinte minutos después, acompañado de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su par de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, bajó por una de las escaleras de Palacio en dirección hacia el Patio de los Naranjos. 

El lugar fue escogido por la Presidencia para llevar a cabo la firma del Acuerdo de Escazú. Uno de los compromisos de campaña del presidente que había señalado cumplir durante la primera semana de su mandato, para luego despacharla al Congreso a la espera de la ratificación por parte de la Cámara de Diputados y, posteriormente, del Senado. 

Esto, pues el plazo de adhesión expiró hace dos años bajo el gobierno de Sebastián Piñera, quien —paradójicamente— fue uno de los impulsores del Acuerdo junto con el gobierno de Costa Rica, anfitrión de la carta en marzo de 2018. 

El argumento de Piñera para no firmar el Acuerdo, se sustentaba en que ponía en riesgo la soberanía de los países, algo que hoy fue contrariado por Boric quien indicó “en ningún caso pone en riesgo la soberanía de los Estados”. 

El argumento de Piñera para no firmar el Acuerdo, se sustentaba en que ponía en riesgo la soberanía de los países, algo que fue contrariado por Boric quien indicó que “en ningún caso pone en riesgo la soberanía de los Estados”. 

A la cita, también asistieron otros secretarios de Estado miembros del comité político del nuevo gobierno. Como es el caso de Giorgio Jackson, ministro Secretario General de la Presidencia, Camila Vallejo, ministra Secretaria General de Gobierno, Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Además, del presidente del Senado, Álvaro Elizalde y el diputado, presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González. 

Asimismo, la cita también contó con la presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, junto con distintas organizaciones medioambientales del país representadas por sus dirigentes y embajadores. 

Los invitados, apostados en el centro del patio y separados por una alfombra protocolar, esperaban sentados el arribo del presidente para la cita programada a las 09:45 de la mañana. Minutos más tarde, Boric fue recibido de pie y con aplausos por parte de los asistentes. 

Previo a las declaraciones de Boric, la primera en hablar fue la ministra Maisa Rojas, quien puntualizó que el acuerdo “reconoce una relación explícita y necesaria entre medio ambiente y Derechos Humanos”. Además, apuntó la implementación de una “democracia medioambiental” y la alta presencia femenina en la defensa de las problemáticas medioambientales.

Esto, pues latinoamérica es la región donde ocurren el mayor número de asesinatos contra defensores medioambientales. La ONG Global Witness, cifró en 227 las muertes contra dirigentes ambientales, de las que 3 de cada cuatro, ocurrieron en Sudamérica y El Caribe.

Por su parte, la ministra Urrejola, destacó la importancia de la carta y el “prestigio internacional” que el acuerdo implica para Chile. “Reforzaremos los vínculos de política exterior con la sociedad civil. Escazú tiene un especial foco precisamente en personas y grupos en situación de vulnerabilidad y es el primer tratado del mundo que se refiere específicamente a defensores ambientales, para garantizar su protección”, manifestó la titular de Relaciones Exteriores. 

Boric y una firma simbólica

Si bien el Acuerdo de Escazú garantiza una serie de derechos en materia medioambiental, el noveno artículo hace especial hincapié en la seguridad de los defensores de Derechos Humanos en asuntos medioambientales. Donde las partes firmantes deben garantizar “un entorno seguro y propicio para las personas, grupos y organizaciones” que defienden el medio ambiente sin temor de “amenazas, restricciones e inseguridad”. 

Esto, pues latinoamérica es la región donde ocurren el mayor número de asesinatos contra defensores medioambientales. La ONG Global Witness, cifró en 227 las muertes contra dirigentes ambientales en 2020, donde tres de cada cuatro muertes ocurrieron en Sudamérica y El Caribe. Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló que el estudio Conflictos socioambientales: una amenaza subestimada para la conservación de la biodiversidad en Chile, publicado el 2020, identificó 238 proyectos con conflictos socioambientales, asociados principalmente a los sectores energéticos y minería. 

“Pienso en aquellos casos en donde la duda aún nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés. Estoy pensando en Nicolasa Quintremán y quiero mencionar también, por cierto, a Orietta Llauca, para que no sea uno de esos casos”, fue una de las frases que Boric pronunció mientras sostenía la mirada con Llauca, quien asistió al evento, y que en el último mes recibió tres amenazas,

Gabriel Boric, consciente de este contexto y en su intención de impulsar un gobierno ecológico tomó en consideración las preocupaciones de quienes defienden el medio ambiente y han sido víctimas de amedrentamientos, hostigamientos, amenazas e incluso, para quienes han sido hallados muertos en extrañas circunstancias. 

“Pienso en aquellos casos en donde la duda aún nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés. Estoy pensando en Nicolasa Quintremán y quiero mencionar también, por cierto, a Orietta Llauca, para que no sea uno de esos casos”, fue una de las frases que Boric pronunció mientras sostenía la mirada en Llauca. Quien asistió al evento y que en menos de un mes recibió tres amenazas, la última, hace tan solo dos días. Además, Boric agregó “estamos para defenderte”. 

En conversación con INTERFERENCIA, la abogada Orietta Llauca, señaló “nosotros los defensores y defensoras de la ñuke mapu (madre tierra, naturaleza) no queremos mártires, no nos interesa ser héroes, no nos interesa que después nos recuerden como defensores. A nosotros nos interesa estar vivos para nuestras familias, estar vivos para defender la naturaleza”. 

La última amenaza que recibió Llauca, la considera un “ultimátum”. El amedrentamiento llegó por medio de un correo electrónico que incluía el mensaje: “no te la habíamos quitado antes, pero ahora lo vamos a ejecutar". Además, la activista relata que una vez hecha la denuncia, los policías no consideraron el mensaje como una amenaza e incluso recordó que anteriormente habían tomado una de ellas a modo de burla. 

También comenta que en una de estas denuncias, uno de los efectivos de la Policía de Investigaciones que tomó la causa, salió de la sala en donde se encontravan y llamó desde su teléfono a un número desconocido para informar: “la señora Llauca está haciendo una denuncia en este momento”. Situación que la defensora conoció posteriormente, pues su familia se encontraba fuera del lugar y lograron escuchar la conversación del funcionario.  

“Comenzaron con llamadas telefónicas que no fueron para nada agradables. Luego, por tres días seguidos iban a buscarme a mi casa durante la madrugada”, además indica que es un “miedo que afecta el entorno familiar” y coincide con Llauca en que “uno no busca ser un héroe en esto, es algo básico defender el lugar donde uno vive”.

Bárbara Astudillo, activista socioambiental en la provincia de Petorca e impulsora de los recursos de protección de los 100 litros mínimos de agua en la zona, también asistió al hito celebrado hoy en Palacio. Contactada por INTERFERENCIA, indicó ser otra de las dirigentas medoambientales que han recibido amedrentamientos en Chile.

“Comenzaron con llamadas telefónicas que no fueron para nada agradables. Luego, iban a buscarme a mi casa durante la madrugada, ocurrió durante tres días seguidos”, además asegura que es un miedo que afecta al entorno familiar y coincide con Llauca en que “uno no busca ser un héroe en esto, es algo básico defender el lugar donde uno vive”.

Asimismo, Astudillo describe otra forma de persecución a través de lo que describe como “veto laboral”, pues señala que a pesar de su experiencia laboral con más de diez años en el área de salud, simplemente no recibe respuestas hace meses, y argumenta que para quienes ha denunciado “me he vuelto un enemigo por lograr cosas visibles como denuncias sanitarias y haber logrado el nombramiento de santuarios [de la naturaleza]”.

Esta versión se ve reforzada por el testimonio de Juan Carlos Viveros, miembro de la organización Defendamos Chiloé que lucha contra la industria acuícola. Consultado por esta redacción sostuvo que “mucha gente abandona los movimientos socioambientales por el temor, temor de ataques directos, temor de perder los empleos. Aquí también hay una precarización laboral, a la gente que es activista socioambiental no se le considera para las ofertas laborales ni para conseguir empleos”, y puntualiza “los activistas que opinan públicamente son mal vistos. Ese escenario debe cambiar, nosotros somos defensores de lo positivo, de la vida”. 

Riveros, lo considera un “logro ciudadano, un logro de las organizaciones medioambientales, pero es apenas el comienzo”, pues sostiene que luego de una eventual ratificación en el Congreso, debe ser construido el reglamento para la aplicación del acuerdo.

Debido a estas malas experiencias, estos tres defensores medioambientales consideran importante la firma y el compromiso tomado por Boric, aunque coinciden en que tan solo es un primer paso y ahora es el turno del Congreso. Riveros, lo considera como un “logro ciudadano, un logro de las organizaciones medioambientales, pero es apenas el comienzo”, pues sostiene que luego de una eventual ratificación en el Congreso, resta la construcción del reglamento para la aplicación del acuerdo.

En esa misma línea, Astudillo, indicó que “espero que los parlamentarios del Congreso respondan a sus distritos, donde lamentablemente ningún lugar de Chile se escapa de los delitos medioambientales”. Por su parte, Llauco, coincide en que es un primer paso y puntualiza en que “ahora el llamado es al Congreso, porque depende de ellos que tenga vida, sino la firma acá será un paso muerto”. “El llamado es urgente, parlamentarios, parlamentarias ¡ya! aprueben para que nos puedan proteger. Cuídennos, cuídennos, solamente pedimos eso, cuídennos”, concluyó. 

Boric: cómo no pensar en aquellos casos donde aún la duda nos carcome

El Presidente, recordó los casos de Macarena Valdés y Nicolasa Quintremán, emblemáticos pues las circunstancias en que fueron encontradas suscita dudas entre los diferentes movimientos socioambientales. Valdés, activista socioambiental que fue parte de la lucha contra una central hidroeléctrica en el río Tranguil, un año antes de su fallecimiento habia señalado ser foco de amenazas producto de las manifestaciones en la que participaba. El Servicio Médico Legal (SML) calificó su muerte como asfixia por ahorcamiento. 

No obstante, luego de un año, su familia contrató a un médico forense que analizó los informes periciales del SML y contrarió la versión entregada por la institución. El especialista, sostuvo que Valdés murió antes del ahorcamiento, pues su piel no presentaba las lesiones habituales que esta causa de muerte deja en el cuello. 

El caso de Quintremán también despierta suspicacias. La activista pehuenche, se opuso a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa. La defensora medioambiental, fue hallada muerta en la represa artificial Ralco. El SML indicó que murió ahogada luego de haber caído accidentalmente al embalse, tesis que actualmente sigue siendo cuestionada. 

Episodio similar sufrió Marcelo Vega Cortés, quien fue presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan y reconocido opositor de un ducto que la empresa Celulosa-Arauco Celco buscaba instalar. Vega, fue encontrado muerto en el río Lingue quien presuntamente se hundió junto con la camioneta que manejaba.

Rodrigo Mundaca, actual gobernador de la Región de Valparaíso, quien en octubre de 2019 también sufrió amedrentamientos y amenazas. En concreto, una imagen de su cara con un disparo en la frente, el hostigamiento, coincidió cuando emplazó públicamente al presidente de Agropetorca, Antonio Walker, quien además se desempeñaba como ministro de Agricultura, según consignó Biobío.

Otra muerte cubierta por un manto de dudas fue la de Alex Muñoz, quien fue hallado sin vida al interior de su casa en Santa Adela de la Montaña. El dirigente sindical de Paneles Arauco de Teno, impulsó una serie de peticiones para mejorar las condiciones laborales al interior de la empresa trasn dos explosiones ocurridas que pusieron en riesgo la integriidad de los trabajadores. 

Tras su fallecimiento, el movimiento Despierta La Montaña, manifestó que Muñoz no presentaba rasgos depresivos ni indicativos de atentar contra su propia vida. Este deceso, se suma a otra serie de dudosos acontecimientos de este tipo, en un reportaje publicado por INTERFERENCIA se detallan cinco casos con estas mismas características. 

Sin embargo, fuera de estas muertes en extrañas condiciones, otros defensores medioambientales también sostienen haber sufrido amenazas. Tal es el caso de Verónica Vilches, dirigenta del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), quien en julio de 2021 sufrió un ataque incendiario que afectó su vehículo y parte de su vivienda. 

A ese caso, también se suma el de la activista de Quintero, Marcela Nieto, quien en agosto de 2021 denunció amedrentamientos vía llamadas telefónicas y mensajes de texto. En ellas, fue amenazada de muerte y violación por dos números distintos, al llamar de vuelta solo recibió insultos. La defensora, indicó que al realizar la denuncia en la PDI esta no fue tomada en cuenta. 

Nieto, fue respaldada por Rodrigo Mundaca, actual gobernador de la Región de Valparaíso y dirigente de MODATIMA, quien en octubre de 2019 también sufrió amenazas. En concreto, la difusión de una imagen de su cara con un disparo en la frente. El amedrentamiento, coincidió con el emplazamiento público que realizó contre el presidente de Agropetorca, Antonio Walker, quien además se desempeñaba como ministro de Agricultura, según consignó Biobío.