Estimado director: 

A propósito de la publicación efectuada por su medio digital el 31 de marzo del presente año, donde se me alude directamente, me veo en la obligación de corregir el defectuoso material periodístico, que manipula información para construir un relato irreal y, con ello, afectar mi honra e integridad. 

En primer lugar, debo dejar en claro que, en mi función de director ejecutivo de las empresas y fundaciones de la USACH, jamás cometí irregularidades, menos las que mañosamente se sugieren en el escrito del señor Arancibia. 

Mi nombramiento tuvo como fin, incorporar mi experiencia empresarial al servicio de las empresas. Durante mi gestión, los ingresos aumentaron sostenidamente, llegando a cerca de 20.000 millones de pesos anuales. En ese período, la SDT adjudicó, en promedio, cerca de 3.000 millones anuales en licitaciones. Por eso, sugerir que “jugué a dos bandas” y afecté los intereses de las empresas de la USACH, como hace irresponsablemente el Sr. Arancibia, es una falta de capacidad profesional o, abiertamente, un acto de mala fe. 

Cuando fui nombrado por el Sr. Zolezzi como Vicerrector, hice mi declaración de intereses, mencionando la existencia de la empresa Aguirre Álvarez Limitada. De igual manera, mi contrato como director ejecutivo de las empresas USACH no tenía limitación para ejercer otras actividades económicas, derecho garantizado, en la constitución. Aun así, en los diez años en mi cargo, jamás las personas jurídicas en las que tengo participación compitieron contra empresas USACH, un ejercicio de revisión en mercado público lo comprueba. Tampoco es cierto que las empresas donde participo hayan prestado servicios remunerados a la SDT o a la Universidad de Santiago entre los años 2011 al 2020, el único contrato con tales características es anterior a 2007. 

Lo que el Sr. Arancibia muestra como un supuesto juego a “dos bandas” requiere una breve aclaración fundada en la institucionalidad de las compras públicas, cuestión que el periodista no se dio el tiempo de estudiar en lo más mínimo. Oficialmente, el convenio marco “Es una modalidad de adquisición en la cual se establecen mediante una licitación pública precios y condiciones de compra de bienes y servicios, durante un período determinado. Funciona por medio de la tienda virtual, a la que acceden los organismos públicos, pudiendo emitir directamente una orden de compra a los proveedores”. De los requisitos se entiende que “aquellas empresas o personas que cumplan con los requerimientos de las bases de licitación y resulten adjudicados se convertirán en proveedores preferentes”. La ignorancia del periodista en estas materias lo lleva a realizar juicios y conclusiones alejadas de la realidad. Esto es fundamental para dejar en claro una cosa: el ingreso de Aguirre Álvarez a los convenios marco que indica el reportaje en ningún caso afectaron las posibilidades de las empresas USACH, por cuanto la adjudicación se realiza a tantos oferentes cumplan los requisitos y la inclusión de uno no significa la exclusión de otro. En el convenio marco de desarrollo de software, fueron seleccionadas más de 2.000 empresas, entre ellas SDT, SEGIC y Aguirre Alvarez, esta última con experiencia de clientes excluida SDT. El Sr. Arancibia prefirió quedarse con unos pantallazos, en lugar de revisar la convocatoria ID 2239-3-LP15. Adicionalmente, el giro de la SDT es asistencia técnica y capacitación y no desarrollo de software. Por mi iniciativa, SDT adjudicó el convenio marco con experiencia aportada por SEGIC USACH, entregando nuevas posibilidades de negocios a toda la universidad. 

De acuerdo con las facultades establecidas en los convenios de administración entre la USACH y sus empresas, la acción de la SDT se reduce a gestionar administrativa y financieramente los proyectos de las distintas unidades USACH. Es decir, nadie de la SDT podía decidir qué se presenta. Los párrafos precedentes dan cuenta de un permanente interés de quien suscribe porque las unidades académicas aprovecharan estas oportunidades de negocio, la insinuación del reportaje con detrimento para los intereses de la USACH no es más que parte de la imaginación del Sr. Arancibia. 

Como si no bastara con tanta desprolijidad, con posterioridad, el Sr. Arancibia comete otra brutalidad: confunde ingresos con ganancias, afirmando que “Aguirre obtuvo ganancias por $12.388.171”. La frase contiene dos elementos falaces: 1) no hubo ganancias sino un ingreso; 2) quien recibió las órdenes de compra en 5 años es una empresa donde yo participaba como socio. El mismo reportaje afirma “Netcomputer se embolsó $661.610.829 por concepto de contratos con organismos estatales”. Nuevamente la falta de rigurosidad se apodera de la afirmación, por cuanto de estos ingresos se deben descontar los costos por ejecución de los proyectos. El monto es impreciso, ya que la empresa Aguirre Alvarez, entre 2015 y 2020 tuvo utilidades acumuladas inferiores a lo señalado, gracias a contratos con privados y no del Estado. 

Por último, debo hacerle presente que el Sr. Arancibia no se contactó para darme la posibilidad de dar mi opinión respecto a su pintoresca historia. Escribió a [email protected]. Se le respondió de inmediato que mi correo es [email protected] pero, para mi sorpresa, el periodista no me contactó y ocho horas después, esta mala historia se encontraba publicada en Interferencia. Es decir, no se respetó mi derecho de aclaración en el mismo reportaje, situación que resta veracidad a lo publicado. Esto constituye una mala praxis periodística que me genera un daño irreparable, pues la aclaración posterior no elimina el daño causado con anterioridad por el reportaje. 

Por las razones antes expuestas, solicito a usted que se retire el reportaje este en el acto y se publique mi carta en todos los medios de Interferencia, en el marco de la ley 19.733. De igual forma, le invito a realizar todas las acciones que sean necesarias con el objeto de limpiar mi nombre, por cuanto el reportaje contiene serias faltas, las que podemos certificar con antecedentes en un tribunal, de ser necesario. Esperamos que la racionalidad del medio no haga que lleguemos a estas instancias.

Nota de la redacción

Esta redacción cumple con el derecho a réplica del autor de la carta, pero no accede a la solicitud de bajar el artículo, pues toda la información publicada es veraz y de interés público.

En ningún momento el reportaje niega que la SDT obtuviera beneficios económicos durante la gestión del firmante de la carta, ni se imputa ninguna ilegalidad, así como tampoco describe toda la red de intereses cruzados en la trama.

El foco del reportaje es señalar que efectivamente las empresas USACH operan bajo un régimen de derecho privado que les permite operar de manera diferente a empresas públicas, como puede ser la misma Universidad. Bajo este régimen, descrito por el ex contralor Ramiro Mendoza al ex rector Juan Manuel Zolezzi en 2007 mediante un informe en derecho de público conocimiento, se pueden dar situaciones como la descrita en el artículo; que es la posibilidad de que los directivos postulen a la vez con la empresa universitaria y con las suyas propias. 

Si bien es cierto que las postulaciones, legalmente, no son excluyentes, por tratarse de convenios marco, el resultado, en la práctica, en este caso, es que la postulación de las empresas USACH quedó fuera y la empresa privada del director de esas empresas de la universidad pública, dentro. Siendo la misma persona, al mismo tiempo, responsable de ambas.

Esto no es ilegal -tal y como se afirma explícitamente en el artículo-, pero sí es objeto de atención pública y controversia, pues se trata de un régimen que permite que un directivo, del que se espera que priorice la defensa de los intereses de una Universidad pública, vele por sus propios intereses, sin que esto sea observado por los organismos fiscalizadores. Así, el conflicto de intereses es evidente.

En la carta, se afirma que la empresa del firmante no ha prestado servicios remunerados a la SDT de la Universidad de Santiago, pero la evidencia que tuvo a la vista Interferencia muestra otra cosa. Además, de varios testimonios de fuentes reservadas, esta redacción accedió a una presentación de una de las empresas privadas de Aguirre para una postulación ante la Agencia de Calidad de la Educación en 2019, en la que explícitamente se señala a SDT como parte de las empresas clientes de Netcomputer.

Respecto de la confusión que efectivamente hubo entre ganancias e ingresos, el error fue corregido dentro del artículo.