Una batalla judicial se desató entre las universidades de Chile, Santiago y Católica y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) luego que esta última las conminó a entregar datos privados de miles de estudiantes para realizar un estudio de mercado.

Por esta razón, las tres instituciones interpusieron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde aseguran que la FNE los amenazó con multas de no cumplir la orden, pese a que la información está protegida por la Ley de Datos Personales y la propia Constitución, alegan en sus presentaciones.

De acuerdo a los escritos -que ya fueron acogidos a tramitación y a los que accedió Interferencia-, la FNE requirió los nombres completos, número de cédula, teléfono privado, mail universitario y personal, además del año de ingreso, desde 2014 y 2023.

Se solicitó al tribunal de alzada capitalino decretar una Orden de No Innovar (ONI) y así paralizar el requerimiento de FNE. Sin embargo, ayer pasadas las 13.00, esta fue rechazada por la Séptima Sala, pero solo en el caso de la UC.

En los recursos mencionados se solicitó al tribunal de alzada capitalino decretar una Orden de No Innovar (ONI) y así paralizar el requerimiento de FNE. Sin embargo, ayer pasadas las 13.00, esta fue rechazada por la Séptima Sala, pero solo en el caso de la UC. (Lea acá la ONI de la PUC). 

La votación fue 2 contra 1. El voto de mayoría corresponde al ministro Tomás Gray y a la abogada integrante, Paola Herrera, mientras la preferencia en contrario fue del magistrado Juan Cristóbal Mera.

Pese al resultado anterior, quedan dos presentaciones pendientes: las universidades de Chile y Santiago (Usach), cuyas ONI serán resueltas en los próximos días por la primera y tercera sala, respectivamente.

El resultado podría ser contradictorio, porque en el caso de las anteriores, la Corte podría acoger la paralización. De lo contrario, es altamente probable que los recursos se agrupen.

Resguardo

El estudio de mercado en la educación superior planeado por la FNE fue conocido en enero de 2024. El organismo revela que no solo incluirá a las universidades, sino también a los Institutos Profesionales (IP) y los centros de Formación Técnica (CFT), para así analizar la evolución competitiva del sector.

“El estudio se realizará desde una perspectiva de libre competencia, sin adentrarse en problemáticas que pueden ser relevantes bajo un prisma de política pública más amplio (...)", detalla la minuta del organismo fiscalizador.

Hasta ese momento, la iniciativa parecía razonable, pero al momento de solicitar los antecedentes durante mayo, la opinión de las Úes cambió.

“(...) esta Casa de Estudios Superiores se ve impedida de acceder a la solicitud de entrega de los datos personales requeridos, ya que se encuentran bajo un régimen de protección que debe ser resguardado y observado. De lo contrario, se podría afectar el derecho a la privacidad protegido por la Constitución  (...) en cuanto a los derechos que tienen los(as) estudiantes de esta Institución de Educación Superior, respecto a la información recogida y resguardada por la Universidad de Chile para sus fines específicos, distintos de aquellos vinculados con el Estudio de Mercado sobre la Educación Superior (...)”, detalló la Casa de Bello. (Lea acá la ONI de la U. de Chile). 

El argumento anterior se ve replicado además, en el escrito de la Usach. Básicamente, la entidad educacional estatal sostiene que la FNE excede sus atribuciones “más allá del tenor literal” de la ley. Indican al mismo tiempo que la decisión de la FNE se tornó “arbitraria (...), afectando el derecho a ser tratado con igualdad por parte de los órganos administrativos”. (Lea acá la ONI de la Usach). 

Al igual que la UC y la U. de Chile, denuncian que fueron apercibidos “con multas a organismos públicos, con la consiguiente exacción ilegal que de ello derivaría”.

La batalla judicial recién comienza y la Corte solicitará informes a la FNE para que argumente por qué son necesarios los datos privados de los estudiantes y las razones de su requerimiento.

La batalla judicial recién comienza y la Corte solicitará informes a la FNE para que argumente por qué son necesarios los datos privados de los estudiantes y las razones de su requerimiento. Luego de ello, el tribunal de alzada analizará el fondo del recurso con alegatos incluidos.