Luego de que Luis Hermosilla y Manuel Guerra se querellaran por la revelación de sus chats, la fiscal Paulina Díaz Obilinovic solicitó a tribunales acceder a los datos de los celulares de periodistas tras los reportajes, para identificar a sus posibles fuentes en el Ministerio Público. 

Como dio a conocer Interferencia, la solicitud de la fiscal Díaz fue rechazada por el Cuarto Juzgado de Garantía y por la Corte de Apelaciones de Santiago. La justicia consideró que los periodistas “sólo revisten la calidad de terceros o testigos”, sin hacer mención a la Ley de Prensa.

Tras la publicación, el medio Reportea accedió a la solicitud de la persecutora y reveló la lista de periodistas que estuvieron en el ojo de Fiscalía. Se trata de:

1. Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y The Clinic. Actualmente, en Reportea).
2. Benjamín Miranda (Ciper) 
3. Catalina Olate (Ciper)
4. Daniel Meza (Ciper) 
5. Francisca Soto (Ciper) 
6. Gabriela Pizarro (Ciper) 
7. Macarena Segovia (Ciper) 
8. Paulina Toro (Ciper)
9. Francisca Skoknic (La Bot) 
10. Leslie Ayala (La Tercera)
11. Nicolás Cerpa (ex The Clinic)

Según el medio, la fiscal Díaz solicitó acceder desde el registro de llamadas telefónicas hasta la georeferenciación de los equipos celulares. El objetivo era identificar si los fiscales denunciados conversaron o estuvieron en el mismo lugar con alguno de los periodistas, en algún momento entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron a Reportea que “las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público son lideradas por las respectivas fiscalías regionales y sobre ellas el Fiscal Nacional no tiene la atribución de dar instrucciones particulares. Es así como cada acción, diligencia o gestión que se realice es de responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación”.

Cabe recordar que, en enero de 2025, el Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén, afirmó que no se perseguiría a periodistas, durante la tramitación de la querella interpuesta por Hermosilla y Guerra. Es más, aseguró que “en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones”.