Este lunes 12 de julio, la organización SOS Colombia, conformada por 40 personas de diversas organizaciones de derechos humanos, activistas, juristas, dirigentes sociales y periodistas, pertenecientes a 12 países del mundo  y que trabajaron en terreno las últimas semanas en Colombia, dieron a conocer un informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas de los últimos meses en ese país. 

Entre las principales conclusiones a las que llega el informe está que las violaciones a los derechos humanos en Colombia han sido “sistemáticas y generalizadas”, según informó SOS Colombia.

Para la elaboración del informe se tomaron en cuenta 180 denuncias y más de 70 informes de otras organizaciones de observadores de los derechos humanos. En sus visitas e informes revisados, SOS Colombia pudo constatar que la policía colombiana utiliza “técnicas de combate” para repeler las manifestaciones.

“Se pudo establecer que el tratamiento dado por la policía nacional y las fuerzas militares hacia la protesta social es similar a la estrategia del estado para combatir grupos armados, es decir, se utilizan técnicas de combate con el objeto de lesionar y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”, explicó en la presentación del informe el chileno Matías Vallejos, de la organización Los Ojos de Chile, que participó en el desarrollo del informe. 

La misión SOS Colombia pudo identificar tres actores presumiblemente responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido colombiano: la fuerza pública de la policía, paramilitares y civiles armados.

Entre las organizaciones que participaron en la elaboración de este informe está Los Ojos de Chile, organización que se formó en Chile tras los casos de heridas oculares ocurridos durante el estallido social, y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). El grupo también incluyó académicos y juristas especializados en derechos humanos de América Latina, Alemania, España, Estados Unidos, entre otros. 

La misión SOS Colombia pudo identificar tres actores presumiblemente responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido colombiano: la fuerza pública de la policía, paramilitares y civiles armados, en muchas ocasiones que actúan en conjunto con la fuerza pública. De estos últimos se señaló que se dan casos como funcionarios públicos y ex uniformados, quienes atacan armados a los manifestantes.

Además, se dio cuenta de que el actuar de la policía colombiana está lejos del control de las protestas como una policía civil, sino que actúa como una policía militarizada y utiliza perdigones, armas de fuego y cortopunzantes para enfrentarse a quienes protestan. El informe advierte sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; utilización de armamento con municiones no permitidas; manifestantes heridos con armas blancas y de fuego por parte de policía; métodos de persecución a participantes, a brigadas de salud, a medios alternativos de comunicación y hasta integrantes de iglesias; montajes para inculpar a manifestantes y no manifestantes; amenazas a manifestantes en sus hogares o lugares privados; infiltración de policías de civil en manifestaciones; y, en algunas regiones, paramilitares y civiles armados que atacan a los manifestantes. 

El informe, además, identificó patrones en la manera en que se han vulnerado los derechos humanos durante las protestas, que comenzaron el 28 de abril de este año y que se han extendido por casi tres meses. Parte de estos patrones incluyen homicidios selectivos, lesiones, torturas, lesiones oculares, violencia sexual, detenciones arbitraria e ilegales,  judicializaciones arbitrarias y desaparicion forzadas.

"No hay diálogo con las autoridades en muchas regiones ni cambios en la actuación de la fuerza pública”, señaló Lisa Haugaard

“Estamos preocupados por la manera en que casos se han llevado a la justicia, que quedan sin justifica y tememos por lo que viene para los jóvenes, no hay diálogo con las autoridades en muchas regiones ni cambios en la actuación de la fuerza pública”, señaló Lisa Haugaard, una de las investigadoras, en la presentación del informe.

Las agrupaciones que realizaron el informe exigen el cese de la represión de la protesta y de quienes apoyan las manifestaciones, la protección adecuada de medios de comunicación y observadores de derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos en las protestas, reconocimiento del gobierno a las violaciones a los derechos humanos, desmilitarización de la policía y que ésta pase a depender del Ministerio del Interior y no de Defensa, como es actualmente en Colombia.

“Encontramos un discurso generalizado de autoridades locales a la negación de las violaciones a los derechos humanos, así también criminalización del derecho a la manifestación y protesta social. Por parte de distintas instituciones de responsabilidad penal no se encuentra garantizado el debido proceso, que ha contribuido a que exista una impunidad judicial en el sistema de justicia colombiano”, agregó Matías Vallejo en la presentación de los resultados del estudio.

Los observadores de derechos humanos alertaron también sobre la insistencia del gobierno de Iván Duque, de la derecha colombiana, en reprimir las protestas de manera violenta.

“Notamos presión del gobierno nacional para tener la respuesta más dura posible a la protesta y tratar de minimizar las posibilidades de diálogo, aun cuando gobiernos locales quieran dialogar y suavizar la protesta, la presión nacional es que no haya diálogo y que sigan la represión de la protesta”, agregó Lisa Haugaard.