Para la presentación, CidSur, organización independiente que defiende a varios comuneros mapuche acusados ante la justicia, tendrá a mano todos los cuestionamientos que existen sobre el juicio y las pruebas utilizadas por la Fiscalía. Éstas se encuentran detalladas en una minuta redactada para uso interno por el grupo de abogados, la que va adjunta a este artículo.
Las dudas apuntan hacia la declaración que acusa a los Tralcal. En marzo de 2016, José Peralino firmó un testimonio escrito en el que aseguraba que se reunió con otras diez personas en la casa de la machi Francisca Linconao, momento en el que supuestamente planificaron el atentado al fundo del matrimonio. Tras esto se detuvo a todos los presuntamente implicados, pero tan sólo un mes después, ante un juez de Garantía, Peralino desmintió el relato anterior y denunció que fue amenazado por funcionarios de la PDI para que firmara.
Pese a esto, los tribunales condenaron a los Tralcal, basándose en que existía tráfico telefónico entre ellos y Peralino durante la noche del ataque incendiario. Las dudas persisten porque no se comprobó que todos los números telefónicos presentados por la Fiscalía pertenecieran a los hoy condenados, además, nunca se conoció el contenido de esas llamadas.
Con estos antecedentes, el Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur) se encuentra trabajando en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que puede ser presentada hasta seis meses después de dictado el fallo de la Suprema.
El camino a la clandestinidad
Días antes del 5 de mayo, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó condena en el caso Luchsinger-Mackay, Luis Tralcal Quidel (42) ya estaba alertado por el resultado. Soñó que volvía a la escuela, para él esto era la cárcel. Su esposa, Lisette Melillán, soñó con uno de los comuneros que cumple sentencia por el Caso Iglesia, otra señal más.
Para los mapuche un ‘pewma’ (sueño) es un augurio. Por esto Luis Tralcal Quidel conversó con su cónyuge y le informó que optaría por la clandestinidad ante la posibilidad de ir a prisión. Así desde el 22 de mayo que se encuentra oficialmente prófugo.
Lo último que Luis le dijo a su esposa y a su hija de cinco años es que las quería mucho y que todo saldría bien con el otro hijo que llegaba a la familia. En aquel entonces Lisette tenía seis meses de embarazo, hoy el bebé tiene dos meses de nacido.
Por su parte, José Tralcal Coche (54), se fue sin avisar un par de días después del fallo de la Corte Suprema, ni tampoco dejar algún mensaje. A diferencia de su primo Luis, él estaba confiado e incluso sus sueños le reafirmaban esa sensación. Por lo mismo, no optó por fugarse en mayo y esperó tranquilo en arresto domiciliario, según nos contó su hijo Juan Carlos.
“¿Cómo se van a vender los jueces de la Suprema? Sería mucho ya”, le decía José a su familia. Después de que el máximo tribunal ratificó la condena, los cercanos a los Tralcal no han dejado de pensar que en algo influyó la fallida acusación constitucional contra los ministros por liberar a cinco violadores de Derechos Humanos.
Tras la fuga de ambos, la Policía de Investigaciones ha allanado en reiteradas ocasiones las viviendas de ambos, sin encontrarlos.
Pese a toda la situación, la familia se mantiene firme con la actitud de resistencia.
Lisette Melillán, esposa de Luis Tralcal: “Pensaba que no podían condenarlo. Teníamos documentos y testigos presenciales que acreditaban que Luis estaba en Temuco al momento del crimen".
“La fuga de ambos nos parece lo correcto, considerando la inocencia de los actos a los que fueron condenados. Nosotros apoyamos su decisión, la que habla de un acto de rebeldía ante la injusticia de los tribunales del país. Al igual que ellos y mucha gente, sabemos de su inocencia y nos dimos cuenta de la corrupción en el máximo tribunal de Chile”, dice Juan Carlos Tralcal.
En tanto, Lisette Melillán dijo a INTERFERENCIA: “Luis pensaba que no podían condenarlo. Teníamos documentos y testigos presenciales que acreditaban que Luis estaba en Temuco al momento del crimen. Pero entendemos que la relación entre pueblo chileno y mapuche no tiene una pronta solución, ya que el Estado busca de todas formas dar conformidad a la clase política y los ricos de este país condenando a personas inocentes”.
Hasta ahora no hay noticias del paradero de José y Luis Tralcal, quienes hasta último momento negaron ser los autores del incendio que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
Las dudas abiertas del caso
Los detalles de este juicio recuerdan el caso de los “cuatro de Guildford” y los “siete de Maguire”, quienes fueron condenados en Inglaterra en 1975 acusados de colocar bombas que explotaron en dos pubs de dicho país, hechos retratados en el filme ‘En el nombre del padre’. El problema fue que nunca existieron pruebas que los involucraran a todos directamente, más allá de las declaraciones que fueron firmadas mediante tortura, de las cuales se retractaron en el juicio. Siempre se dudó de la veracidad de las imputaciones, pero fueron liberados de prisión recién en 1989, después de que se descubriera que la policía ocultó evidencia que exculpaba a los acusados y que apuntaba a que los verdaderos responsables eran del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
La Corte Suprema ratificó la condena por delito de incendio, pero quitó la agravante terrorista. Con esto no existe ningún fallo que diga que en las zonas de Bío Bío y La Araucanía, donde se concentra el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, haya terrorismo.
Pero más allá de esto la preocupación aún sigue latente por el encarcelamiento dictado contra los Tralcal y la situación de José Peralino, delator compensado, que fue sentenciado a libertad vigilada.
Hay jurisprudencia en casos similares
Con esto, podrían obtener un resultado similar al que tuvieron Aniceto Norín y Pascual Pichún, los que, durante 2014 y después de denunciar ante la Comisión en 2003, fueron absueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los delitos terroristas que se les imputaron, momento en que además se condenó al Estado chileno a realizar modificaciones a la Ley Antiterrorista, las que hasta el día de hoy no se han hecho.
Gonzalo Winter, diputado del Movimiento Autonomista: "En la sentencia del caso Tralcal, la Corte Suprema renunció a garantizar derechos constitucionales básicos. El juicio está plagado de ejemplos de violaciones paradigmáticas al debido proceso".
Existen buenos antecedentes en materia internacional para el desarrollo del caso en el exterior. Según publicó El Desconcierto, en octubre pasado las relatorías sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la de Independencia de Magistrados de la ONU presentaron una observación al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, la que fue remitida a la Subsecretaría de Derechos Humanos. En esta se cuestionan las presiones del presidente del tribunal que falló en primera instancia hacia su par Ximena Saldivia, otra de las juezas que integró la sala. Estas recomendaciones, por motivos burocráticos, no alcanzaron a estar en consideración a tiempo para el fallo de la Corte Suprema.
A nivel local, el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, se ha mantenido atento al desarrollo de la situación de los Tralcal. En conversación con INTERFERENCIA, el parlamentario manifestó que “en la sentencia del caso Tralcal, la Corte Suprema renunció a garantizar derechos constitucionales básicos. El juicio está plagado de ejemplos de violaciones paradigmáticas al debido proceso y esto es un estándar mínimo para sentenciar a prisión a una persona. La principal prueba en su contra es una declaración de un coimputado que luego, ante un juez, se retractó de su testimonio y denunció tortura. Por lo tanto, faltan pruebas irrefutables para condenarlos y quizás la justicia y los órganos persecutores estén dejando libres a los reales agresores de la familia Luchsinger Mackay. Necesitamos total certeza de la verdad para que exista justicia y reparación de las víctimas”.
¿La última palabra de la Corte Suprema es una verdad incuestionable? Al parecer no.
El pasado 13 de septiembre, luego que los jueces liberaran a cinco reos de Punta Peuco, 64 diputados votaron a favor de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal. Los mismos que posteriormente ratificaron el fallo del caso Luchsinger-Mackay. Si bien se rechazó la medida con 73 votos en contra, un considerable número de parlamentarios explicitó que la decisión de estas autoridades podía ser enjuiciada.
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