A pesar de que las elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales fueron hace dos años, el Servicio Electoral (Servel) aún tramita cientos de procedimientos sancionatorios contra los candidatos que, electos o no, realizaron infracciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones populares y escrutinios.

Durante febrero, el Servel notificó del rechazo de los recursos de reclamación interpuestos por los infractores contra las sanciones. Según el conducto, para volver a reclamar contra la multa, los sancionados pueden acudir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dentro del plazo de cinco días, contado desde su notificación. 

Entre los candidatos que ingresaron su recurso al Tricel, se encuentran el ex presidencial de Republicanos, José Antonio Kast. 

El escrito de Kast declara que su “candidatura desconoce todos y cada uno de los inmuebles - espacios privados, así como sus eventuales propietarios, poseedores o meros tenedores”, por lo que solicita como diligencia llamar a declarar a todas las personas que hicieron propaganda privada con la imagen del ex candidato presidencial.

Así también, los senadores Javier Macaya (UDI) y Sebastián Keitel (Evópoli) y los diputados Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Guillermo Ramírez (UDI), Andrés Longton (RN), Frank Sauerbaum (RN) y Andrés Jouannet (Amarillos), reclamaron ante el tribunal para no pagar las multas impuestas.

Cabe señalar que las multas interpuestas por el Servel son a beneficio municipal de la comuna donde se constató la infracción.

Kast: "cualqueir persona podía descargar el material de campaña"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su reclamo el pasado 20 de febrero, siendo representado por el abogado Jorge Barrera.

Durante la tramitación administrativa en el Servel, Kast logró anular 41 eventuales sanciones en vista que durante la investigación efectuada, el servicio no logró acreditar una vulneración significativa a las normas de propaganda electoral.

No obstante, el Servel consideró otras 22 infracciones, aplicando una multa total de 161 UTM, cerca de $10 millones de pesos. 

La multa se divide, por una parte, en 67 UTM por infracciones referidas a efectuar propaganda electoral en espacio privado, sin autorización del propietario o mero tenedor del inmueble, en las comunas de Iquique, Melipilla, Estación Central, Paine, Pirque, La Reina y Vitacura. 

Y, por otra, por realizar propaganda electoral fuera del plazo legal, con una multa total a beneficio municipal de 94 UTM, en las comunas de Colina, Melipilla, el Monte, Paine y Talagante. 

Según el escrito, el Servel notificó en cada caso al equipo de Kast a través de correo electrónico, pero este no dio contestación a los avisos de retirar la propaganda.

Por su parte, la reclamación de Kast pone en duda la culpabilidad acreditada al ex candidato en los casos de propaganda en espacios privados, pues nos elementos de prueba presentados por el Servel, es decir fotografías, correos y notificaciones, no serían imputables al líder republicano “por haber sido los propietarios, tenedores o poseedores de dichos inmuebles quienes procedieron a instalar propaganda electoral por cuenta propia”.

En este sentido, el escrito de Kast declara que su “candidatura desconoce todos y cada uno de los inmuebles - espacios privados, así como sus eventuales propietarios, poseedores o meros tenedores”, por lo que solicita como diligencia llamar a declarar a todas las personas que hicieron propaganda privada con la imagen del ex candidato presidencial, considerando que “CUALQUIER PERSONA PODÍA DESCARGAR EL MATERIAL DE CAMPAÑA EN ALTA RESOLUCIÓN” (sic).

A ello el escrito agrega que culpar a Kast como candidato por la propaganda infractora “llevaría a la posibilidad de que cualquier candidato contendor procediera a remover propaganda electoral de su competencia e instalarla en lugares y fechas no autorizados, solamente con la finalidad de dañarle política y monetariamente".

Macaya: “mis adversarios políticos tratando de perjudicarme”

Junto a Kast, otros parlamentarios que resultaron electos en la elección de 2021 presentaron sus recursos de reclamación ante el Tricel para anular las sanciones del Servel.

Según Macaya, esa “es la única explicación lógica para que apareciera propaganda en lugares no autorizados y que no fue colocada por esta parte”.

El senador de O’Higgins por la UDI, Javier Macaya, ingresó un recurso de reclamación contra la resolución del Servel que lo sancionó con 59 UTM, unos $3,8 millones, por disponer propaganda electoral en espacios públicos no autorizados por el Servicio Electoral.

El recurso, declarado admisible el pasado 3 de abril, pide anular las multas en beneficio municipal de las comunas de San Fernando, por 31 UTM, y 28 UTM a Requínoa.

El escrito presentado por Macaya apunta a que ha colaborado con la investigación del Servel para establecer las responsabilidades, pero que “lamentablemente, mis adversarios políticos tratando de perjudicarme, no se han conformado con destruir mi propaganda electoral, sino que además la han colocado en lugares no autorizado o prohibidos con el único afán de generar un perjuicio”.

Según Macaya, esa “es la única explicación lógica para que apareciera propaganda en lugares no autorizados y que no fue colocada por esta parte”.

Los otros parlamentarios

Otro senador que interpuso un reclamo fue Sebastián Keitel (Evópoli), quien fue multado con 81 UTM por realizar propaganda electoral antes del plazo legalmente establecido.

Según el escrito, la distribución de propaganda se hizo a propósito de su desempeño como parlamentario: "Siempre he llevado conmigo un pequeño set de ejemplares que informan mi gestión, amparado en el cumplimiento al principio de transparencia de la función pública", señala el senador.

Según Keitel, existe evidencia de que su despliegue en julio y agosto entregó dípticos con información de su labor legislativa, "en ningún caso ha tenido referencia o alusión explícita a, por ejemplo 'Keitel candidato'".

Al igual que Kast y Macaya, el senador señala que "no es de sorprender S.S. que mis acusadores intenten inculparme de una situación completamente sacada de contexto”. 

Por parte de los diputados, Andrés Longton (RN) impugnó la multa de 42 UTM a beneficio de la Municipalidad de San Felipe por efectuar propaganda electoral en espacio no autorizado por Servel.

En el mismo tenor que los parlamentarios anteriores, el escrito de Longton señala que "no puedo tomar responsabilidad en este cargo que se me imputa toda vez que ha escapado totalmente de mi control el que mi propaganda pueda ser movida por cualquier tercero interesado en perjudicarme e incluso en terceros que con ánimo de verme electo, puedan haber movido mi propaganda o plantado propaganda realizada por ellos en lugares no habilitados".

El escrito de Coloma (UDI) señala que no informó al Servel oportunamente de las autorizaciones en espacios privados debido a error administrativo de la candidatura.

El correligionario de Longton, Frank Sauerbaum (RN) también impugnó la multa de 53 UTM a beneficio de las municipalidades de Coihueco, Pinto y El Carmen por efectuar propaganda en lugares públicos habilitados excediendo el máximo permitido.

Según el diputado, desde su candidatura respondieron al Servel tras ser notificados, retirando la propaganda extra. Sin embargo, como no adjuntaron pruebas gráficas el Servel no los absolvió del cobro de las multas.

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En Tricel consta que Coloma Álamos reclamó en contra una multa total de 53 UTM, por un total de 21 infracciones, por propaganda electoral en espacio privado y en espacio público sin autorización. 

El escrito del hijo del senador Coloma Correa (UDI) señala que no informó al Servel oportunamente de las autorizaciones en espacios privados debido a error administrativo de la candidatura. Por ello, solicita reconsiderar las multas, ya que la conducta de informar tarde no tiene el mismo alcance que de plano no informar la realización de propaganda electoral en espacios privados.

Por su parte, Guillermo Ramírez apeló a una multa de 49 UTM a beneficio de las municipalidades de La Reina y de Las Condes, en virtud de 13 cargos formulados por faltas relativas al uso de espacio público y privado para propaganda electoral.