El 15 de junio de 2026, Radio Bío Bío publicó un preinforme reservado de la Contraloría General de la República que sacudió al país: cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos habían ingresado a Chile durante 2025 en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acompañados por adultos cuya relación con ellos nunca fue verificada. Muchos de esos niños hoy no tienen paradero conocido.

La revelación no era, sin embargo, una sorpresa para el Estado. Los registros disponibles muestran que las alertas sobre este patrón se remontaban al menos a enero de 2023, cuando el entonces director de Migraciones, Luis Thayer, advirtió formalmente a la DGAC sobre un vuelo chárter que llegó desde Puerto Príncipe con 141 pasajeros, 98 de ellos menores de edad, a cargo de solo dos adultos responsables. Nadie actuó.

El preinforme de Contraloría identificó que de las 2.792 personas que ingresaron al país bajo reunificación familiar en el período analizado, 1.476 lo hicieron en vuelos no regulares operados por Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines. En una muestra de 366 pasajeros revisados, 333 correspondían a menores de edad.

El nivel de descontrol se volvió concreto en las fiscalizaciones en terreno: sobre una muestra de 105 niños, el organismo fiscalizador no pudo ubicar a 64 de ellos en los domicilios que habían declarado al ingresar. En total, la cifra de menores con paradero desconocido supera los 200.

El registro mismo presentaba fallas básicas: 499 casos sin número de documento, datos duplicados y discrepancias significativas entre los registros de la PDI y los del Servicio Nacional de Migraciones.

El caso de los tres huérfanos

Uno de los episodios más concretos que recoge el informe de Contraloría grafica la magnitud del descontrol. El 13 de febrero de 2025 se aprobaron permisos de reunificación familiar para tres niños haitianos solicitados por su padre. El padre había muerto un mes antes. Cuando los menores aterrizaron en Santiago en el vuelo chárter, su supuesto destinatario llevaba treinta días muerto. No hubo alertas. No hubo protocolos. No hubo coordinación entre el Registro Civil, Migraciones ni la PDI que permitiera detectar la inconsistencia. Hoy no se sabe quiénes fueron a buscarlos al aeropuerto ni dónde están.

El vuelo que perdió 80 niños en Lima

Octubre de 2025 sumó otro episodio que hoy forma parte central de la investigación penal. El vuelo denominado WAL-801 salió de Haití con 124 niños. Tras una escala no programada en Lima y un cambio de aeronave, aterrizaron en Santiago solo 44 menores. El paradero de los 80 restantes es parte de lo que hoy indaga la Fiscalía.

Alertas ignoradas durante tres años

Lo que el preinforme de Contraloría destapó públicamente tenía una historia larga de advertencias sin respuesta.

En enero de 2023, el oficio de Migraciones a la DGAC sobre el vuelo con 98 menores a cargo de dos adultos fue el primero documentado. En julio de 2025, el propio Thayer volvió a oficiar a la DGAC, esta vez pidiendo explícitamente que no autorizara vuelos de Arajet, Aruba Airlines y Galistair. La respuesta de la DGAC llegó en agosto: derivó los antecedentes a su Departamento Jurídico, pero no detuvo las operaciones.

La Defensoría de la Niñez también ofició reiteradamente al Servicio Nacional de Migraciones durante 2025 pidiendo información sobre el ingreso de menores sin documentos de identidad o filiación. No obtuvo respuestas consistentes. En marzo de 2026 —esto es, meses después de que los vuelos ya hubieran operado— se le informó que los protocolos estaban en proceso de "integración, sistematización y ajuste técnico", aún sin implementación efectiva.

En agosto de 2025, Migraciones suspendió el otorgamiento de visas de reunificación familiar solicitadas desde el extranjero, ante las dudas sobre la autenticidad de los documentos. Pero el vuelo WAL-801 operó de todas formas en octubre.

La investigación penal

El mismo 15 de junio en que estalló el reportaje de Radio Bío Bío, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal y la Fiscalía Nacional abrió causa de oficio. Los delitos investigados son trata de personas, tráfico de migrantes, soborno y cohecho. La causa quedó asignada al fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir.

El fiscal Eugenio Campos, de la Unidad Anticorrupción, fue claro sobre la dimensión del caso: "La realidad nos puede dar una bofetada y que el número sea el doble". Campos apuntó también a que detrás de la operación hay "un grupo muy organizado", descartando que la reiteración del patrón durante meses pueda explicarse como coincidencia.

Según lo que la Fiscalía ha podido establecer hasta ahora, al menos 12 adultos —chilenos y extranjeros— ingresaron repetidamente al país como supuestos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños haitianos, sin vínculo familiar ni de consanguinidad, y sin las autorizaciones que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería para el traslado de menores.

La investigación apunta también a eventuales funcionarios públicos que pudieron haber omitido su deber o recibido dádivas. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconoció que los casos detectados por Contraloría son solo "una pequeña muestra" del total, en un universo de 16.498 reunificaciones familiares autorizadas entre 2022 y 2025.