Luego que el Ministerio Público solicitó ayer la formalización en contra del actual director general de Carabineros Ricardo Yáñez y al ex titular institucional Mario Rozas, se abre una interrogante: ¿continuará el Consejo de Defensa del Estado como querellante y se sumará a la convicción de la fiscalía?

Ocurre que en la tramitación de la causa donde el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, ingresó la petición para formular cargos por responsabilidad de mando a los mencionados, aparece el CDE como recurrente y hasta ahora, al menos en la tramitación judicial, no existe ningún desistimiento.

Distintos penalistas consultados por Interferencia indicaron que el caso que lleva la Jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, ha tenido cambios. Por ejemplo, distintas causas fueron desagrupadas y agrupadas en un solo rol (5326-2021 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago). Sostienen que la calidad de querellante del CDE no se agota y, en los efectos reales, debiera continuar así, presentar un libelo criminal en contra de los aludidos.

Lo cierto es que la decisión final la tiene el ampliado de consejeros, ya que el CDE es un organismo colegiado donde no existe el “primus interpares”.

¿Técnico o político?

Hay que recordar que en el último tiempo el CDE ha sido criticado por distintos actores. Sostienen que se ha convertido en un coto de caza político y su tradicional esencia técnica ha quedado de lado. Eso, sin mencionar que las redes sociales son un factor importante en la rapidez en la interposición de querellas.

Quien criticó fuertemente el estado de cosas en el CDE fue la ex consejera, la abogada María Inés Horvitz, en una entrevista que otorgó a Ciper Chile.

“Yo venía advirtiendo hace rato una tendencia a la politización en el Consejo, en el sentido de no generar problemas con las autoridades del gobierno de turno. (...) Llegaron muchas causas que apuntaban a los mandos superiores de Carabineros y se notaba inmediatamente como se trataba de no darles mayor importancia. Cuando llegó el caso de la investigación que se abrió ante la fiscal Ximena Chong contra el mando de Carabineros, eso se notó”, explicó la profesional.

Hay que recordar que el actual presidente del CDE, Raúl Letelier, fue designado en 2017 por Michelle Bachelet como consejero del órgano encargado de defender los intereses del fisco. En marzo de 2023, defendió al Presidente Gabriel Boric ante el Tribunal Constitucional (TC) por el requerimiento ingresado por Chile Vamos, luego que el Mandatario otorgara indultos a los presos del estallido.

Boric ganó en el TC y semanas más tarde, nombró a Letelier a la cabeza del CDE. 

Para varios de sus colegas no fue llamativa la designación atendida su larga experiencia académica y porque el mandatario puede resolver sin expresión de causa quien accede al cargo.

Como consejero también participó de -acuerdo a Ex-Ante-, en la redacción de una propuesta -junto al Frente Amplio y el Partido Comunista- para disolver al Tribunal Constitucional.

Algunos consejeros consultados por Interferencia indican que la institución está en una situación difícil y en particular Letelier, quien nunca ha negado su cercanía con las ideas de cambio del actual sistema político.

Sin embargo, más allá de la opinión del abogado, lo cierto es que la decisión final la tiene el ampliado de consejeros, ya que el CDE es un organismo colegiado donde no existe el “primus interpares”.

Nunca colaboró

Más allá de lo procesal, Yáñez ha desplegado una estrategia constante para no colaborar con la investigación. En al menos cinco oportunidades en que fue citado por la fiscal Chong para que declarara en calidad de imputado, nunca concurrió. La última acción, fue asegurar a través de un escrito, que tanto Armendáriz como esta última lo odian y resienten. Por esta razón, sus garantías constitucionales son vulneradas.

La presentación llegó a manos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien no resolvió el documento de Yáñez y más bien mantuvo el llamado “silencio administrativo”; básicamente porque la situación podía ser vista como una “orden particular” a un regional, hecho prohibido por la Ley Orgánica del Ministerio Público desde sus inicios.

Lo que sí ocurrió, fue que Valencia designó a otros regionales como sus reemplazantes cuando se ausente del país, responsabilidad que hasta ayer recaía sobre Armendáriz.

Más allá de lo procesal, Yáñez ha desplegado una estrategia constante para no colaborar con la investigación. En al menos cinco oportunidades en que fue citado por la fiscal Chong para que declarara en calidad de imputado, nunca concurrió.

Diseño al tacho

Como sea, en La Moneda la formalización de Armendáriz no cayó bien y complicó el diseño que en los últimos meses el gobierno ha implementado con la policía uniformada, sobre todo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

De hecho, en la casa de Gobierno fue la vocera Camila Vallejo quien confirmó que existía una petición de formalización, sin mencionar a Yáñez.

Cariños a Yáñez no han faltado. Hace algunas semanas y públicamente anunció el cambio de más de mil vehículos para apoyar la labor policial.

Interferencia requirió ayer al propio Raúl Letelier una versión para saber si el órgano que dirige recurrirá contra Yáñez y Rozas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.