En las elecciones de este domingo 7 mayo, para escoger a los integrantes del Consejo Constitucional, los candidatos mapuche tienen un difícil escenario para conseguir un asiento,  pues para obtener un solo escaño indígena, la suma de los votos debe representar al 1,5% de los sufragios obtenidos en la totalidad de las 16 circunscripciones no indígenas del país.

Además, el artículo 144 establece que, si dicha suma representa un porcentaje igual o superior al 3,5% de los votos válidamente emitidos en la totalidad, la circunscripción nacional indígena elegirá dos escaños en total, los que se adicionarían a los 50 escaños electos por el sistema electoral del Senado.

En ese contexto, tomando como referencia la participación del plebiscito de salida del pasado proceso donde el voto fue obligatorio, el requisito implica lograr más de 191.000 sufragios. Es decir, desde que se estableció el nuevo acuerdo, no se aseguró un número de cupos, sino una representación proporcional a los votos que obtengan. 

También hay que indicar que en el pasado proceso, según el Servicio Electoral, los habilitados para sufragar en la papeleta verde -que indica los pueblos originarios- era de 1.239.295 personas, y sólo votaron en aquella ocasión 282.719 para elegir convencionales, lo que equivale al 22,81% del padrón indígena.

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Esto difiere del pasado proceso constituyente, el cual tuvo 17 escaños reservados, siete para representantes mapuche, dos para el pueblo aymara, y uno para cada uno de los otros ocho pueblos originarios acreditados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), licanantay, chango, colla, diaguita, kawéskar, quechua, rapa nui y yagán. Esto, en un una Convención electa con el sistema de la Cámara de Diputados, y que llevó a un total de 155 convencionales.

También hay que indicar que en el pasado proceso, según el Servicio Electoral, los habilitados para sufragar en la papeleta verde -que indica los pueblos originarios- era de 1.239.295 personas, y sólo votaron en aquella ocasión 282.719 para elegir convencionales, lo que equivale al 22,81% del padrón indígena. Algo que también podría utilizarse como referencia. Pese a que ese número es superior a la cota de 191.000 de este proceso, los otros pueblos -aymaras, atacameños, rapa nui, entre otros- tenían candidatos de sus propios pueblos.

Los candidatos

De las tres candidaturas de los pueblos originarios, una postulación fue rechazada, se trata de Rudecindo Espíndola Araya, del pueblo atacameño, debido a que la “declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante oficial del Registro Civil de la comuna donde reside el candidato”, según informó CNN.

Así, Alihuen Antileo Navarrete y Julio Marileo Calfuqueo, ambos del pueblo mapuche, son los únicos candidatos indígenas. Podrán votar por ellos los electores identificados bajo la condición indígena, quienes podrán optar por sufragar en el voto general de la región respectiva o en el voto de candidatos indígenas, pidiendo la papeleta verde, pero no podrán votar en ambas.

Alihuen Antileo es abogado, vocero de la Plataforma Política Mapuche [PPM] en Santiago y con una reconocida trayectoria como dirigente. También es investigador y fue académico de la Universidad ARCIS. 

De las tres candidaturas de los pueblos originarios, una postulación fue rechazada, se trata de Rudecindo Espíndola Araya, del pueblo atacameño, debido a que la “declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante oficial del Registro Civil de la comuna donde reside el candidato”, según informó CNN.

“Partió al exilio a los nueve años junto a su familia, radicándose en Suiza. En 1986, retorna a Chile con la decisión de prepararse para luchar contra la dictadura, primero integrando la Unidad de Combate en Lucha Callejera y luego en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez,  FPMR. Luego del fin de la dictadura deja la militancia para concentrarse en temas relacionados con el pueblo Mapuche y su trabajo académico”, indica un archivo del Museo de la Memoria. También fue uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

De lograr un cupo, Antileo, sobre los contenidos que le gustaría incorporar en la nueva Constitución, dijo lo siguiente en una entrevista en La Tercera:

“Lo más factible es que exista un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Lo otro es que se avance en lo que es la interculturalidad como Estado de Chile. Y, a partir de ahí, generar planes y programas respecto de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas. Después, tener mayores grados de participación política, por ejemplo, el caso de establecer escaños reservados fijos para el próximo Parlamento”.

El otro candidato es Julio Marileo, profesor en educación intercultural, magíster en Educación de la Universidad de Chile y doctorado en estudios culturales de la Universidad Católica. Es pareja de la exconstituyente Rosa Catrileo, quien hoy es hoy jefa de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social.

Según información publicada por Emol, “Marileo debió cumplir una pena de libertad vigilada y firma mensual por 14 años tras ser condenado por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que en el año 2000 se le imputó un ataque incendiario a un vehículo que transportaba guardias armados a una empresa maderera en Collipulli”.

De acuerdo con lo que comentó a El Mercurio, espera que "la voz de nuestro pueblo esté representada desde adentro, vociferando las demandas que hoy siguen existiendo", y reconoce que se ha generado una "animadversión que nos deja en una posición compleja, ya no estamos en la situación de hace tres años"

Respecto a las ideas o principios que le gustaría defender en la propuesta de nueva Constitución, señaló en una entrevista a La Tercera: “La discusión anterior estuvo muy centrada en los maximalismos. Mi idea es más concreta. Son los derechos colectivos de los pueblos indígenas que dicen relación con la participación política para que nosotros podamos representarnos en los espacios públicos. El derecho a la libre determinación, como el derecho madre que nos permite definir cómo queremos ser, nuestro desarrollo, cultura, la integridad cultural. El reconocimiento constitucional lo doy por hecho, es algo que viene desde los 90".