Allende, en sus 33 meses en La Moneda, no se separó un ápice del plan que trazó con la combinación de partidos que lo llevaron a la Presidencia. Su gobierno es de principios y métodos revolucionarios que conllevan a que este país sea el segundo en establecer un régimen marxista en América Latina, después de Cuba.

¿Las FF. AA. comparten estos principios y métodos revolucionarios?

Los hombres que las integran son de carne y hueso. Ni vienen de la Luna o de Marte. En el fondo de sus corazones laten los mismos sentimientos que en el resto de sus connacionales. Están, pues, doctrinariamente divididos. El hecho de vestir uniformes no les veda el derecho a pensar, aunque no sean ciudadanos con derecho a voto. Pero en cada acto electoral, ellos votan en conciencia. Si se pudiera hacer una milagrosa encuesta secreta entre sus 85 mil uniformados, seguramente se llegaría a la conclusión de que piensan y deciden exactamente igual que aquellos que tienen derecho al sufragio.

El 2 de noviembre, tres altos oficiales -Prats, Huerta y Sepúlveda- fueron llamados a integrar el Gabinete. Se hizo en un momento de gran tensión social. El paro gremial de octubre detuvo la respiración del país, que coincidió con el inicio de la campaña parlamentaria para los comicios de marzo.

El fracaso de la aventura del 29 de junio demostró que en las FF. AA. existía un núcleo minoritario que comparte la tesis golpista de Patria y Libertad. El descubrimiento de una organización celular en dos buques de la Armada es también un indicativo de que existen uniformados que comparten el ultraizquierdismo del MIR.

En una frase: en las FF. AA. hay criterios y aptitudes para todos los colores del arcoíris político, porque -insistimos- no son seres que hayan aterrizado en la Tierra desde otros mundos.

Su vocación

Sin embargo, ellos, igual que los sacerdotes y bomberos, eligieron voluntariamente una vocación que los aleja de la llamada "política contingente".

Chile es, todavía, el "único" país de América Latina (en Costa Rica no hay ejércitos) en la que los uniformados no intervienen en política como una garantía de que están por encima de sus debates enconados. Conscientemente, el legislador entregó a ellos la vigilancia de las elecciones, para que reflejen exacta, libre y espontáneamente la voluntad de quienes acuden a las urnas. Ese rol cabal lo cumplieron en marzo. Los datos presuntivos entregados por el Ministerio del Interior, entonces servido por el general Prats, calzaron exactamente con los fallos definitivos del Tribunal Calificador. Que después se hayan denunciado fraudes, no son imputables ni a las FF. AA. ni al Tribunal. Son hijos de una deficiente Ley Electoral que permite que algunos o muchos de los cuatro millones de inscritos sufraguen dos y hasta cuatro veces. Habrá que recurrir al sencillo procedimiento insinuado por un parlamentario, de marcar con tinta indeleble un dedo del elector, cualquiera que sea su rango; así no podrá votar sino una sola vez.

De ayer a hoy

El 2 de noviembre, tres altos oficiales -Prats, Huerta y Sepúlveda- fueron llamados a integrar el Gabinete. Se hizo en un momento de gran tensión social. El paro gremial de octubre detuvo la respiración del país, que coincidió con el inicio de la campaña parlamentaria para los comicios de marzo.

La demanda de Allende fue obedecida. No podría suceder de otra manera. Pero los tres ministros castrenses, interpretando el pensamiento del resto de sus compañeros de armas, dejaron constancia escrita y pública que lo hacían "sin compromisos políticos y con los únicos fines de poner término pacífico al paro y de asegurarle a la ciudadanía y a los partidos políticos amplias garantías para las elecciones de marzo".

Cumplieron.

Ese gabinete cívico-militar se prolongó hasta el 23 de marzo. Allende quiso que siguieran. Los castrenses, para continuar, establecieron por escrito sus "representaciones". Continuarían remando, siempre que el Gobierno se atuviera, estrictamente, a la Constitución y a las leyes; promulgar la Reforma Constitucional de las tres áreas; que hubiera respeto mutuo entre los poderes del Estado y se aplicara al pie de la letra, y sin contemplaciones, la Ley sobre Control de Armas.

Aquellas respetuosas "representaciones" fueron interpretadas como "exigencias" por los elementos más fogosos de la UP. Con ellas se pretendía, dijeron, "congelar" el proceso revolucionario. Otros, mucho más impetuosos, afirmaron que las FF. AA. habían roto su neutralidad; estaban deliberando de frentón y se esbozaban como un nuevo partido político de neto "contenido burgués y reaccionario". Los vehementes ganaron el round.

Los militares se retiraron tranquilamente a sus cuarteles de invierno para atenerse, exclusivamente, a cumplir con la Ley de Control de Armas que ya no fue cuestionada únicamente por los de la ultraizquierda; también por la UP y la CUT.

El 9 de agosto los castrenses fueron llamados nuevamente a participar en el gobierno izquierdista en circunstancias semejantes, o peores, que por el paro gremial de octubre. Ya no fueron tres, sino cuatro los uniformados. Y estos cuatro, los adalides del Ejército, Armada, FACh y Carabineros. En apariencia su presencia era mayor en su peso específico. En la realidad no asumieron la jefatura del gabinete, como en la vez del año anterior. El PS hizo cuestión de que al frente del Ministerio del Interior continuara un militante activo de su colectividad. Como Carlos Briones no lo era, Allende le ofreció otra cartera que Briones rechazó: prefirió volver a su cargo de Superintendente de Seguridad Social. El mandatario quiso que el "premier" fuera el ex vicerrector de la U. de Concepción, Galo Gómez, quien también se excusó.  

Hubo que hacer todo un enroque: mover a Letelier de Relaciones a Interior y a Almeyda de Defensa a Relaciones. Allende también le había pedido la renuncia al jefe de la Corfo, Pedro Vuskovic. Su PS lo defendió a outrance. Quedaron Letelier en Interior y Vuskovic en la Corfo. Dos victorias netas del PS. Salieron, en definitiva, Briones, Martones, Luis Matte y Roberto Cuéllar y en sus reemplazos entraron los cuatro uniformados en carteras asaz conflictivas con excepción de José M. Sepúlveda Galindo, director de Carabineros, a quien se asignó una cartera tenue.

Brasas ardientes

En medio de la tormenta gremial de los transportistas, al general del aire César Ruiz Danyau se le entregó la brasa de Obras Públicas y Transportes. Con una inflación, récord mundial, del 500 por ciento efectivo, al almirante Raúl Montero Cornejo se Ie asignó la cartera de Hacienda en vísperas de que tiene que entregar al Congreso el cálculo de los presupuestos con 80 mil millones de escudos de déficit y los reajustes para los trabajadores de los sectores público y privado para el próximo año.

Ruiz Danyau -reemplazado en el ministerio por el general Humberto Magliochetti Barahona- ha sido extraordinariamente claro al señalar las causas de su renuncia como ministro de OO. PP. y Transportes. Es decir, careció de las atribuciones mínimas para poner fin al paro de los transportistas. No fue el árbitro único en la contienda.

Pero, la cartera más difícil le tocó al general Prats. Desde las administraciones de Juan A. Ríos (1941-46), se adoptó como norma que los ministros de Defensa fueran civiles para que sirvieran de árbitros apacibles entre los naturales recelos de las tres ramas de las FF. AA. Así, asumieron dicho ministerio: Alfredo Duhalde, Juvenal Hernández, Carlos Vial Infante, Julio Pereira Larraín, Juan de Dios Carmona, Tulio Marambio -en su calidad de general en retiro-, Sergio Ossa Pretot, Alejandro Ríos Valdivia, José Tohá, Clodomiro Almeyda, para citar sólo a algunos de ellos. Todos civiles. Ahora, el general Prats se quema con la papa caliente de comandante en Jefe del Ejército y de Ministro de Defensa.

Cuando las esposas de los oficiales y suboficiales de la FACh fueron a pedirle que defendiera al general Ruiz, Prats respondió que nada podía hacer; que traspasaría su demanda al mandatario. Y en realidad Prats no puede hacer nada por sus compañeros de armas, porque los árbitros son Allende y los partidos Socialista y Comunista. Los militares están subordinados a la UP y a la CUT.

Al revés del primer gabinete con uniformados (2 de noviembre), que ingresaron a él con un pliego claro de "representaciones", ahora guardaron silencio. Se sintieron interpretados por Allende, quien calificó su actual gabinete "de" y "para" la Seguridad Nacional. A esto contestaron los "cordones industriales", el PS, el MIR y el Mapu de que "la seguridad nacional depende de la fuerza revolucionaria de los trabajadores".

El MIR agregó que "había que echar por la borda a los militares reaccionarios y golpistas y descansar en los soldados y marineros subalternos que se alzaban contra sus jefes".

Para la mayoría de los chilenos, las FF. AA. representan en Chile un prestigio y una esperanza. Ellas, como en noviembre para poner fin al paro de octubre, constituyen una garantía de tregua y de un transcurso democrático en los cambios estructurales ineludibles a condición de que en los hechos -y no en Ias palabras- se respete su "verticalidad" en el mando. Que su presencia en el gabinete no sea de mampostería.

Ruiz Danyau -reemplazado en el ministerio por el general Humberto Magliochetti Barahona- ha sido extraordinariamente claro al señalar las causas de su renuncia como ministro de OO. PP. y Transportes. Es decir, careció de las atribuciones mínimas para poner fin al paro de los transportistas. No fue el árbitro único en la contienda. Hasta el sábado era subsecretario de Transportes el socialista "duro" Jaime Faivovich, quien seguirá en otro cargo de la confianza exclusiva de Allende. Los esfuerzos de Ruiz para terminar con el paro de los camioneros, se interferían por la designación de un "comité operativo" integrado por él y Prats y Ios ministros de la UP Letelier, Cademártori, Ramírez y Flores. Actuó siempre con las manos semiatadas.

Este nudo para las FF. AA. es el que deberá desatar Allende. Volver al primer gabinete Cívico-Militar en que los castrenses actuaron en primera división y sin compromisos políticos. Entonces -se piensa- podría volver la paz a Chile.