Un soleado día de 1964, la escuela básica Nº 28 de Ventanas celebraba un importante evento con sus alumnos y profesores. Esa mañana, Carlos Vegas (62) recuerda haber caminado en un ambiente de fiesta rumbo a las nuevas instalaciones de la Fundición Enami Ventanas.
Una industria estatal que generaba ilusión en la comunidad: mayor desarrollo, más turismo. Una alternativa de trabajo.
La jornada fue coronada con la llegada de un helicóptero, lo que para la época “era como ver llegar un ovni hoy día”, recuerda Carlos, histórico miembro del sindicato de Pescadores Artesanales Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Ventanas. Allí venía el Presidente de un país africano que viajó especialmente a conocer el modelo de desarrollo de la refinería.
Con la fundición, actualmente de Codelco, la localidad de Ventanas sumaba dos importantes industrias. La primera, de Chilectra (actual Enel Distribución) que se había instalado en 1958.
Lo que no preveían ni Carlos ni los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quintero, en la V Región, era que durante las siguientes décadas les llovería una avalancha de proyectos industriales que terminarían conviertiéndose en sus vecinos y que conformarían el Parque Industrial de Ventanas. Hoy en el ojo del huracán.
Ya en la década de los ’60 agricultores y dueños de predios de ambas comunas acusaban pérdidas en sus cultivos, asociándolos a la instalación de la refinería de Enami.
De la mano de este cordón industrial, actualmente casi 50 mil habitantes de la zona conviven con 15 grandes empresas de energía, químicos, combustibles y actividad portuaria, entre las que se cuentan Enap, Oxiquim, Codelco, Cemento Melón, Aes Gener, GNL Quintero y Puerto Ventanas.
Por estos meses las intoxicaciones masivas que han afectado a más de mil personas en las comunas de Quintero y Puchuncaví han llenado los titulares de los medios. También la agenda del gobierno, que ha tomado diversas medidas de emergencia que incluyen alerta amarilla, alerta sanitaria, prohibiciones a las empresas y cambios a la normativa. Incluso el Presidente Sebastián Piñera anunció medidas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre pasado.
Dar con los culpables de la emergencia, “caiga quien caiga”, fue la promesa de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Pero los problemas de contaminación en la zona no son una novedad para el Estado. Las alarmas empezaron incluso mucho antes de que en 2011 surgiera el conflicto ambiental por la presencia de metales pesados en la escuela La Greda, que terminó con su relocalización.
Ya en la década de los ’60 agricultores y dueños de predios de ambas comunas acusaban pérdidas en sus cultivos, asociándolos a la instalación de la refinería de Enami.
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Para la abogada Alejandra Donoso, de la ONG Defensoría Ambiental y representante de parte de las comunidades de la zona Quintero-Puchuncaví, la situación que se atraviesa hoy “es el resultado de décadas de desregulación por parte del Estado y del abuso de esa desregulación por parte de las empresas. Entonces es difícil encontrar un culpable porque tenemos un cóctel de emanaciones. La gente no sabe qué los está envenenando”.
La profesora de la Clínica Ambiental de la Universidad Diego Portales, asegura que hay información suficiente y un diagnóstico evidente en torno a la contaminación que afecta a la comunidad. “Posiblemente la bahía de Quintero-Puchuncaví sea una de las más estudiadas en Chile. Y aunque no son informes concluyentes, sabemos cuáles son los contaminantes en la bahía, a pesar de no estar todos medidos por falta de legislación”.
Por eso, en 2016 la comunidad presentó una demanda en contra del Estado y las empresas del cordón industrial por daño ambiental, que continúa en tramitación.
Pese a que en la década de los ’60 ya había habido denuncias y movimientos rechazando la industrialización de la zona, éstos fueron acallados durante la dictadura.
Al respecto, Carlos Vegas, que es miembro de la comisión de Medio Ambiente del sindicato de pescadores de Ventanas, considera que “el Estado chileno priorizó la inversión y el crecimiento a costa de las comunidades pobres. No tuvo la capacidad de decir hasta aquí llegamos, ya están hasta el tope, no se aceptan más industrias. Simplemente nos invisibilizaron como ciudadanos”.
Porque pese a las denuncias, la oposición de la comunidad, los estudios de contaminación que se iniciaron en la década de los ’80 y que se fueron ampliando en el camino, se continuaron aprobando e impulsando proyectos industriales.
Además, tampoco se tomaron medidas eficaces para detener la nube tóxica ambiental que se desparramó por la zona, que fue bautizada como el “Chernobyl chileno”.
Es más. Hoy el cordón industrial de Quintero-Puchuncaví aún puede recibir otros proyectos: están disponibles poco más de 750 hectáreas para la instalación de faenas o industrias peligrosas. Recién en medio de la actual emergencia, el Consejo Regional de Valparaíso (CORE), ofició a la Seremi de Vivienda y Urbanismo para realizar una modificación al Plan Regulador Intercomunal y así congelarlo.
El cordón industrial no para
Una mañana de mediados de los ’80, los pescadores de la playa de Ventanas vieron el último banco de machas en la zona. “Sabíamos que iban a morir. Habíamos empezado a encontrar grandes cantidades de machas muertas en la playa. Al principio, no teníamos muy definido por qué, pero luego lo empezamos a asociar con la llegada de las industrias y la contaminación”, relata Carlos Vegas.
Por eso, entre unos 100 pescadores se organizaron y a través de depósitos de agua recogieron los moluscos y los trasladaron en una pequeña caravana a Maintencillo.
“Tratamos de llevarlos todos. Eran muy chiquititos. Fue la primera iniciativa de cuidar nuestros recursos de las industrias que seguían llegando”, asegura el buzo.
Pese a que en la década de los ’60 ya había habido denuncias y movimientos rechazando la industrialización de la zona, éstos fueron acallados durante la dictadura. Pero a fines de los ’80, en 1989, un grupo de profesores y agricultores locales se organizaron e iniciaron denuncias públicas de la contaminación de las empresas a la que estaban expuestos. A esa fecha además de Chilectra y la Fundación de Enami, se habían instalado las termoeléctricas Ventanas I y Ventanas II, el Puerto Ventanas de Chilgener, el terminal marítimo Oxiquim y una unidad de electrorefinación de cátodos de cobre.
Esto implicó que se hicieran estudios del nivel de contaminación en el agua y el suelo, y de la salud de los trabajadores de la refinería y la fundición.
La llegada de más y más industrias fue de la mano de modificaciones al Plan Regulador intercomunal que dieron como resultado que se permitiera el crecimiento del parque industrial. Todo, pese a la fuerte oposición de organizaciones comunitarias.
A la luz de los resultados, y luego de que Enami y Chilgener reconocieran sus problemas ambientales, entre 1991 y 1994 el Estado los obligó a instalar una red de monitoreo de calidad del aire para Dióxido de Azúfre (SO2) y Material Particulado (PM10), así como a presentar un plan de descontaminación. Además se declaró a Puchuncaví y Quintero como zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado.
Pese a ello, el cordón industrial continuó creciendo: durante este período se instaló una planta de recuperación de ácido sulfúrico, de la división Codelco Ventanas, Puerto Ventanas amplió su capacidad y se construyó el terminal marítimo Gasmar para distribución de gas licuado.
Mediados de los ’90 continuó con distintas medidas desde el Estado para frenar los problemas de contaminación. Entre otros se aprueba un plan de acción operacional ante episodios críticos por el ministerio de Salud y se obliga a Chilgener y a Enami a reducir sus emisiones de Material Particulado.
En el 2000 se construye un nuevo proyecto: el terminal de asfaltos y combustibles Cordex, que almacena y distribuye petróleo y derivados. Al año siguiente se construye una bodega de almacenamiento de cobre en Puerto Ventanas.
La llegada de más y más industrias fue de la mano de modificaciones al Plan Regulador intercomunal que dieron como resultado que se permitiera el crecimiento del parque industrial. Todo, pese a la fuerte oposición de organizaciones comunitarias que buscaban frenar la instalación de nuevos proyectos.
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En 2015 se declaró como zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 y zona latente por MP10 a las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero.
Para el abogado del estudio jurídico ambiental Fima, Francisco Ferrada, la responsabilidad en la situación de la zona “es del que contamina. Sí. Pero también se produce la responsabilidad del Estado por no cumplir su rol protector”.
Esto, explica Ferrada, porque “produciéndose contaminación persistente en el tiempo al medio ambiente en las narices del Estado, teniendo éste a través de todos sus organismos la obligación y recursos materiales para defender la salud de la población, no lo ha hecho. Por lo tanto es posible configurar su responsabilidad”.
En su opinión, el Estado “tenía que actuar y no lo hizo. Lo que configura una falta de servicio, ya que está obligado a proveer un servicio oportuno y eficaz frente a las necesidades públicas. Si no lo hace, tiene que responder e indemnizar por daños”.
Los informes de salud
La intoxicación masiva de alumnos y profesores en la ex escuela La Greda, los derrames de petróleo en la bahía, las decenas de alzas de emisión de SO2 (dióxido de azufre), las investigaciones en torno a la muerte de ex empleados de Enami -que sus familiares aseguran están asociadas a contaminación- son algunos de los incidentes ambientales que ha enfrentado la comunidad.
Todos forman parte del largo expediente ambiental que el Estado ha ido registrando con los años. En un documento elaborado durante el gobierno de Bachelet por el ministerio de Medio Ambiente y las comunidades, el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Quintero-Puchuncaví, se hace alusión a varios de ellos.
El trabajo hace un diagnóstico, aborda soluciones y entrega un extenso background de la situación en la zona, mencionando diversos estudios.
En varios de estos estudios se alerta sobre las altas concentraciones de plomo y arsénico en la población de Puchuncaví. Además, en un muestreo en productos marinos, los resultados evidenciaron que de 63 muestras, 18 contenían niveles de cobre sobre la norma, en la caleta Ventanas.
Algunos de éstos fueron obtenidos por el abogado ambientalista Alex Muñoz a través de una petición por ley de Transparencia a la Seremi de Salud de Valparaíso a principios de 2018, antes de la actual emergencia.
Le remitieron cinco informes, elaborados por distintas instituciones entre 2011 y 2014.
En varios de estos estudios se alerta sobre las altas concentraciones de plomo y arsénico en la población de Puchuncaví. Además, en un muestreo en productos marinos, los resultados evidenciaron que de 63 muestras, 18 contenían niveles de cobre sobre la norma, en la caleta Ventanas.
Los informes y antecedentes que maneja el Estado, apuntan a que el principal problema relacionado con calidad de aire es el dióxido de azufre SO2.
Por otra parte, en un informe del Centro Nacional del Medio Ambiente (Cenma) de 2013, se determinó que al analizar la composición química del material particulado sedimentable, “las mayores concentraciones de metales –entre los que se encuentran cobre, arsénico, cadmio, níquel- se encuentran en la comuna de Puchuncaví, especialmente en el sector de La Greda, Los Maitenes y al interior de Puchuncaví”.
Por otra parte, el PRAS reconoce que la norma chilena de emisiones es menos exigente que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Y, según certifica un estudio reciente de la Universidad de Chile, sólo un contaminante de 9 cumple con lo indicado por el organismo.
"Todos estos elementos nos hacen concluir que la información existía hace bastante tiempo, que la gravedad de la situación se podía preveer".
A la luz de toda la información existente, para Alex Muñoz “el Estado tenía todos los elementos necesarios para haber parado esto antes. Y como no lo hizo se vuelve responsable”.
En este sentido, el director del National Geographic Pristine Seas para Latinoamérica, señala que “una de las razones que puede estar impidiendo que se establezcan responsabilidades claras sobre las intoxicaciones tiene que ver con la responsabilidad civil tanto de las empresas como del Estado. Si se sanciona a una o más empresas no me cabe duda que van a haber demandas millonarias contra ellas y también contra el Estado por haber tenido la información que acreditaba que la contaminación ya existía hace muchos años y no haber hecho nada al respecto”.
La abogada Alejandra Donoso, asegura que se han tenido a la mano todos los datos necesarios para haber evitado la situación. Los estudios del Estado y la información proveniente de las propias estaciones de monitoreo, “que si bien son administradas por las industrias, nos indican que es anormal que haya varios pick de contaminación en el tiempo. No es casual que se haya declarado como zona saturada y latente en contaminantes”.
Además, agrega, “en forma paralela existe información de la academia, de la ciencia, sobre los efectos de contaminantes en la salud de las personas expuestas. Que son justamente las enfermedades que se repiten. Todos estos elementos nos hacen concluir que la información existía hace bastante tiempo, que la gravedad de la situación se podía preveer. Entonces no me sorprende la situación que estamos viviendo hoy día”.
El jaque mate del Estado
Miguel Insunza (65) vive en Ventanas Alto. De vecinas tiene cuatro termoeléctricas, que se ubican a unos 400 metros de su casa, entre las que se cuentan Nueva Ventanas y Campiche, todas de Aes Gener.
En los últimos cuatro meses ha perdido dos familiares, ambas hermanas de su esposa. Una por cáncer al pulmón y otra por fibrosis pulmonar. “Aquí en Ventanas en los últimos meses han fallecido más de 30 vecinos. Y no es casual”, asegura.
“Como ciudadanos hemos vivido las consecuencias de la desidia del Estado. Nos ha costado mucho defendernos y no lo hemos logrado. Hemos podido parar un proyecto por aquí y otro por allá, pero es tanta la avalancha que se nos vino encima que nos sobrepasaron”.
Por años Miguel ha sido presidente del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, movimiento ciudadano que se consolidó en la década de los ’90, cuando se organizaron para frenar un nuevo proyecto: Ribox, un basural de residuos tóxicos de Oxiquim.
Fue una pelea que ganaron. Pero empezaron a llegar más y más proyectos. “Nueva Ventanas, Campiche, Cemento Melón, Codelco Energía Minera, Rio Corrientes…algunos entraron, otros no”, recuerda Miguel.
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Cuando Aes Gener anunció la instalación de la termoeléctrica Nueva Ventanas a mediados de 2000, como agrupación realizaron largos periplos por el Congreso, visitaron “todas las comisiones posibles”, acudieron ante las autoridades locales, y regionales, con el fin de visibilizar la situación y poner un alto al arribo de una nueva termoeléctrica. Poco a poco fueron entendiendo que “la situación se conocía. Pero no había ninguna voluntad política real para cambiarla”.
Fue así como fue imposible detener la llegada de Nueva Ventanas.
Muy poco tiempo después de esta derrota, emprendieron una nueva cruzada para evitar el aterrizaje de otra termoeléctrica: Campiche, también de Aes Gener.
En este caso, lograron lo imposible. Luego de un recurso legal que presentaron, la Corte Suprema declaró ilegal en junio de 2009 la autorización del proyecto entregado por la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) en mayo de 2008.
Pero la alegría duró poco. Entre cuatro paredes, el gobierno de Michelle Bachelet modificó una ordenanza que en la práctica destrabó el proyecto, que terminó instalándose a metros de la comunidad. Fue así como una oscura historia de silencioso lobby desde Estados Unidos, filtrada por Wikileaks, y de trabajo en conjunto de varios ministerios, dio vuelta la mano a todo el esfuerzo de las comunidades, favoreciendo a la empresa.
Luego de esta experiencia, asegura Miguel, “hemos llegado a la conclusión de que el Estado trata de bajarle el perfil al conflicto, de inivisibilizarlo y derechamente nos miente, porque nos invita a buscar puntos de acuerdo pero que no son vinculantes. Hemos participado en nueve mesas de trabajo. ¡Nueve!… Mesa Meta, Mesa Nuevo Trato, el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero-Puchuncaví…Ninguna ha servido para algo concreto. Están los estudios de salud, de contaminación, testimonios. Están las pruebas. Pero no ha pasado nada. Prueba es lo que sucede hoy. Van más de mil intoxicados”.
El dirigente agrega que “el Estado sabe lo que produce en la salud de las personas el dióxido de azufre, el ácido sulfúrico, el plomo, el arsénico, el mercurio, el cobre, el tolueno, el metilcloroformo, el material particulado. Con esa desidia, ¿qué puedo decir?. La prueba está en que a más de 50 años el problema de contaminantes no mejora. Empeora. Cada vez son más los contaminantes que se suman y que nos enferman”.
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