Fue un aviso de bomba lo que terminó abruptamente el cierre de campaña del entonces candidato a presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en el Club de la Unión de Linares, realizado en agosto de 2023.
Tras determinar que dicha amenaza no existía, el ex líder y senador de RN, Francisco Chahúan, presentó una querella, cuya indagatoria detectó que fue un celular del ex diputado Camilo Morán (RN) el origen del falso aviso de bomba.
La formalización se llevó a cabo en enero de 2025, dejando al ex parlamentario con cautelares de firma mensual y arraigo nacional. En tanto, el propio Morán congeló su militancia en Renovación Nacional mientras se investigan los hechos.
La investigación prosiguió hasta el 25 de junio, cuando la defensa del ex parlamentario solicitó la audiencia del cierre de la investigación.
A ello se sumó una nueva solicitud esta vez de Fiscalía, que pidió fijar una audiencia de salida alternativa y suspensión condicional del procedimiento el 14 de julio. Es decir, evitar una sentencia en contra a cambio de cumplir otras condiciones impuestas por el juez.
Sin embargo, el pasado 18 de julio Carabineros reportó que en junio Morán no llegó a firmar ante 18° Comisaría de Ñuñoa. El incumplimiento fue informado al Juzgado de Garantía de Linares, el que a su vez remitió los antecedentes al Ministerio Público y los abogados querellantes y a la defensa.
Consultado por nuestro medio, Morán asegura que firmó anticipadamente el 23 de junio, pero que la funcionaria policial a cargo no le indicó que estaba incurriendo en un error.
Así también, remitió a nuestro medio una nueva solicitud realizada al tribunal por su abogado, Eduardo Riquelme Portilla (RN), ex subsecretario de Pesca del segundo gobierno de Sebastián Piñera. En ella, la defensa señala que "que el acusado no desea una salida alternativa. Él quiere ejercer su derecho a un juicio oral, sobre todo dado que, como consecuencia de la formalización, y tras aparecer algunas diligencias de la carpeta investigativa filtradas al diario La Tercera, fue desvinculado de su trabajo, como director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Florida, en la Región Metropolitana. Por esta razón necesita que su inocencia quede acreditada en un juicio oral".
El tribunal aceptó las solicitudes de la defensa y Fiscalía, fijando audiencias para el 4 y 25 de agosto, para discutir cierre de la investigación y suspensión condicional, respectivamente.
Carabineros reporta que Morán no cumplió con firma mensual en caso de falso aviso de bomba en cierre de campaña de Rodrigo Galilea (RN).

Contraloría objetó su contratación en La Florida
Ahora bien, este no es el único entuerto en el que se ve envuelto el ex parlamentario actualmente.
En abril, Fast Check dio a conocer que Contraloría objetó la contratación de Morán en La Florida, ordenando devolver $22 millones que le fueron pagados por servicios a honorarios. Según el ente contralor, el ex alcalde Rodolfo Carter contrató a Morán como asistente de la coordinadora de su gabinete.
No obstante, tras analizar los informes mensuales presentados por el ex diputado, el ente contralor concluyó que las actividades incluyeron la redacción de minutas de análisis de contingencia política-partidista. En este sentido, el informe apuntó a que este tipo de actividades no corresponden a “labores que digan relación con los objetivos del municipio”.
Interferencia accedió al informe de Contraloría sin tarjar, confirmando la mención de Orrego y Morán.

En dicha ocasión, como dio a conocer Interferencia, Contraloría también objetó la contratación del ex candidato a Gobernador Regional, Francisco Orrego (RN). Al igual que con Morán, la auditoría apuntó a que las labores del abogado realizando informes de actualidad por $2 millones mensuales no resultaban procedentes para la labor municipal.
Fuentes conocedoras del caso aseguran que Orrego habría devuelto $8 millones de los $9 millones adeudados. En tanto, Morán y el municipio de La Florida optaron por apelar a Contraloría para no regresar los $22 millones objetados. Según el ex parlamentario ahora esperan la respuesta del ente contralor.
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