En enero Camilo Morán fue formalizado por falso aviso de bomba, dado durante un evento de cierre de campaña del senador Galilea (RN). Hace una semana, Carabineros reportó al tribunal que el ex parlamentario no se presentó a cumplir con la cautelar de firma mensual, a instancias que el tribunal fijó audiencia para el cierre de la investigación. Morán se defiende señalando que firmó anticipadamente y que la funcionaria policial a cargo no le indicó que estaba incurriendo en un error.

Buena parte de los 8 informes que el panelista de Sin Filtros y candidato a Gobernador Metropolitano entregó en mayo contienen información fácilmente accesible desde prensa o resúmenes legislativos. La Florida indicó que Orrego presentó una solicitud para “consignar” los meses que prestó servicios, dependiendo ahora de Contraloría el reintegro del dinero.

A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios. 

La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.

Interferencia reveló en junio que La Florida había contratado por $2.2 millones mensuales al panelista de Sin Filtros y candidato a gobernador para realizar informes de actualidad. Ante una denuncia del concejal Rosales (PPD), la CGR estimó que “no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas de análisis de contingencia política”.

El concejal Rosales solicitó a la CGR pronunciarse sobre la contratación del panelista de Sin Filtros luego de que Interferencia revelara que trabaja en La Florida. Argumenta que informes realizados por Orrego por $2,2 millones mensuales no tienen relación con el municipio, sino con la contingencia nacional en el marco de una candidatura presidencial de Carter.

Según el resumen de las funciones desarrolladas por Orrego en abril, participó de reuniones semanales de coordinación y presentó informes y análisis sobre 12 temas, la mayoría relacionados a delincuencia. Ganó $4.4 millones en mayo, pero explican desde La Florida que es porque se le pagó lo correspondiente a dos sueldos, habiéndose acumulado en un solo pago.

La ex funcionaria denunció al alcalde por haberla hostigado llevándola a renunciar, esto luego de comunicarle su interés en sucederlo en el cargo. La demanda adjunta fotos de WhatsApp y acusa a Carter de filtrar una investigación reservada a la prensa y a dirigentes vecinales, así como poner en duda la veracidad de sus licencias.

Al contador Orlando Herrera le habían advertido que no podía “ponerse creativo” durante auditorías. Dos días después de declarar ante la CGR, lo echaron. El tribunal estimó que el despido fue “improcedente y vulneratorio”.

Tras trece años como alcalde, Rodolfo Carter (ex UDI) dejará el cargo en diciembre de 2024. Sin embargo, ha ido acogiendo al piñerismo saliente, entre ellos Cecilia Pérez, Felipe Ward y Luis Masferrer. También ha habido acercamientos con Mario Desbordes y curiosa resulta la inclusión de Osvaldo Andrade (PS) entre la lista de asesores del edil.

La entidad presidida por el alcalde Carter desembolsó $1.064 millones en multas durante la gestión del ex secretario general de la corporación, Enrique Pérez; y otros $44 millones desde que asumió la actual administración de Janett Fernández. Desde Comudef afirman que se instruyó un sumario y que se están pagando impuestos al día.

El 14° Juzgado de Garantía sobreseyó a la concejala comunista Marcela Abedrapo de la querella por injurias y calumnias interpuesta por Rodolfo Carter (ex UDI). El abogado defensor -a costas del Municipio- fue Luis Masferrer, ex director de la ANI durante Piñera II. El mismo que la semana pasada se integró a la defensa del padre de Javier Macaya (UDI), formalizado por abusos sexuales contra cuatro niñas.

Documentos de la entidad presidida por Rodolfo Carter dan cuenta de millonarios gastos en sanciones del SII por impuestos morosos, siendo uno de los motivos no pagar a tiempo retenciones de sus trabajadores. La Corporación asegura que habrá “sanciones administrativas pertinentes".  

Desde 2020 lleva decenas de casos a nombre de La Florida y contra la concejal PC Marcela Abedrapo. En el Caso Basura fue abogado de Pedro Sabat, junto con Ángel Valencia, mientras trabajaban en Cisternas y cía.

El edil fue acusado por concejales de notable abandono de deberes ante Contraloría. El Municipio de La Florida indicó a Interferencia que acudió en “comisión de servicios”, y que las actividades corresponden a “funciones institucionales”.

Según un correo al que tuvo acceso Interferencia, desde Administración y Finanzas de la Comudef -liderada por el alcalde Rodolfo Carter- instruyeron reversar la apertura del año contable 2022 y eliminar comprobantes de saldo 2021. La orden se dio a espaldas del entonces jefe del Contabilidad, quien semanas antes había sido reprendido por informar irregularidades a la Contraloría.

La parlamentaria solicitó información desde el 2010 hasta la actualidad por irregularidades en materia de contabilidad y uso indebido de los dineros municipales. Un informe de Contraloría detectó diferencias que superan los $4.600 millones en las cuentas de educación de La Florida, específicamente en la Corporación Municipal. 

Orlando Herrera presentó una demanda por despido injustificado contra la Comudef, liderada por el alcalde Rodolfo Carter. Adjunta un correo en que le ordenan no abrir nuevos flancos de investigación, instruyéndole “no ponerse creativo” en auditorías. La Corporación asegura que “nunca se le impidió la comunicación con fiscalizadoras”.

Las medidas han sido transmitidas por TV y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se ha convertido en ejemplo para otros ediles. Pero, desde el derecho urbanístico, se cuestiona la arbitrariedad para definir qué viviendas caerán, pues técnicamente las demoliciones nada tienen que ver con el narcotráfico. Esto, en un contexto en que por ninguna otra causa los edificios ilegales de inmobiliarias enfrentan la dinamita.

Vecinos de la comuna han denunciado irregularidades en la construcción de un edificio de 13 pisos junto a sus casas. El municipio recurrió a la Corte de Apelaciones para defender el proyecto inmobiliario. De paso, el edil se querelló en contra de una concejala por las declaraciones que dio a este medio en el artículo original que dio a conocer esta polémica.

Janett Fernández, parte del círculo de confianza del edil, asumió en abril de este año el mando de la corporación municipal y ha contratado a honorarios a 15 funcionarios. Todos ellos ya cuentan con contratos con la municipalidad, generando doble sueldos.

Según un recurso interpuesto por un afectado, el director de obras comunal certificó un ensanchamiento no realizado de avenida Lo Ovalle sobre su casa. Además, la inmobiliaria aseguró haber urbanizado una franja de 10 centímetros que luego donó a uso público, por lo que el terreno administrativamente ya no deslinda con las casas afectadas.

El viernes 1 de abril, el directorio de la Corporación Municipal -liderado por el alcalde Rodolfo Carter- designó a Janett Fernández en el cargo, a pesar de que el año pasado Contraloría inició una demanda en su contra por cajas de alimentos entregadas a rut de personas fallecidas o que no existen, y por el destino de $146 millones de pesos en supuestas actividades para los vecinos.

En su dictamen el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) pudo acreditar tres cargos formulados contra el alcalde principalmente por pagos atrasados de cotizaciones de sus trabajadores, y desestimó otros presentados por cuatro concejales de oposición, quienes acusaron al jefe comunal de "notable abandono de deberes". Hay otros procesos pendientes en Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.

El alcalde está siendo acusado por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Y pese a que fue absuelto en primera instancia, la demora del fallo en segunda genera creciente inquietud.