Podría decirse que las polémicas en torno a materia migratoria comenzaron desde el primer minuto del Gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, el mandatario designó como ministro de Relaciones Exteriores al escritor Roberto Ampuero, con escasa experiencia en el área, entrando junto a Piñera a La Moneda aquel 11 de marzo de 2018. 

“Uno sabe de política internacional por la vida misma, por la lectura y la experiencia", aseguró el novelista de pasado izquierdista ante su nombramiento en entrevista con La Tercera. Nada de eso le serviría para mantenerse en el cargo, siendo reemplazado por Teodoro Ribera un año y cuatro meses después.

Sin embargo, ese tiempo a cargo en la Cancillería le bastó para protagonizar una decisión relevante en vista al fin del Gobierno del que fue parte (y los sigue siendo, como embajador en España). En diciembre de 2018, Chile se abstuvo de firmar el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, suscrito por más de 150 países, para buscar dar la idea de que el país no sería blando con la migración ilegal.

Ampuero salió a defender la abstención: “se han fijado reglas claras para tener una migración ordenada, segura y regular”, contando entonces con herramientas para evitar el ingreso “descontrolado y desordenado” de migrantes.

Se equivocaba Ampuero, pues tres años después la crisis migratoria demuestra que la retórica anti migrante no afecta este gran proceso migratorio, cual no resultó para Chile -justamente- ordenado, seguro ni regular.

Entre medio, son varios los hitos que explican la crisis, además, desde luego, del éxodo masivo de venezolanos que huyen de Venezuela.

El error de Cúcuta

Si bien el éxodo de venezolanos es un problema no creado por Sebastián Piñera, por lo que afecta a todos los países de la región, en Chile es particularmente intenso dadas las decisiones del mandatario que lo han hecho un destino favorito de los migrantes de esa nacionalidad.

En tal sentido -más allá del alto PIB per cápita de Chile para estándares latinoamericanos- un gran incentivo para cruzar Sudamérica de un extremo a otro, por tierra y muchas veces a pie, fueron las propias acciones de Piñera.

La visita de Sebastián Piñera a Cúcuta, en Colombia, en febrero de 2019, es de los hitos emblemáticos del mandatario en torno a la actual crisis migratoria y humanitaria. Ubicada en la frontera con Venezuela, la ciudad albergó varias iniciativas destinadas a intervenir Venezuela por parte de Estados Unidos y sus aliados regionales -Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y la OEA, mediante la entrega de ayuda humanitaria no solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro, con el propósito de producir un derrocamiento que resultase en la toma del poder por parte del presidente de la Asamblea, y autoproclamado 'presidente encargado', Juan Guaidó.

La intervención -a la que no fue Donald Trump ni Jair Bolsonaro, presidentes de Estados Unidos y Brasil- fue un fracaso. Maduro no cayó, Guaidó no asumió como presidente de Venezuela y Piñera no se consagró como emblemático líder internacional chileno.

La intervención estuvo precedida por un concierto, Venezuela Live Aid, organizado por el multimillonario británico Richard Branson, al que asistió Piñera en conjunto con sus pares Iván Duque (Colombia) y Abdo Benítez (Paraguay), además del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el propio Guaidó, para al día siguiente coordinar la entrega de ayuda humanitaria interviniendo la frontera y buscando producir una sublevación de los militares venezolanos. 

En la ocasión, Piñera -junto con entregar ayuda humanitaria equivalente a $102 millones de dólares- reforzó su compromiso 'humanitario' con los venezolanos. “No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo”, declaró en Cúcuta", declaró entonces. Pero, para Piñera el evento cumplía también con otro objetivo, uno más bien personal: posicionarse como un líder internacional en la región, algo inédito en la derecha chilena.  

La intervención -a la que no fue Donald Trump ni Jair Bolsonaro, presidentes de Estados Unidos y Brasil- fue un fracaso. Maduro no cayó, Guaidó no asumió como presidente de Venezuela y Piñera no se consagró como emblemático líder internacional chileno.

En tanto, las críticas de la oposición crecían en tierras chilenas, con incendios arrasando miles de hectáreas de la Patagonia en paralelo a su visita a Colombia. El norte grande, además, sufría un invierno altiplánico inusual y agresivo que azotó la zona durante días. 

Uno de los acompañantes de Piñera a Cúcuta fue Roberto Ampuero. Meses después del 'Cucutazo', el ministro se vio contra las cuerdas, debiendo presentar su renuncia en junio de 2019 luego de críticas a su gestión, la que -además del desastre de Cúcuta, contó con el fallido nombramiento de Pablo Piñera ―hermano del presidente Piñera― en la sede diplomática de Argentina, además del nombramiento de Fernanda Bachelet como agregada comercial con un sueldo de 10 millones (posteriormente fue reducido a 7.5, según consignó T13). 

Pero no fue sólo el 'Cucutazo lo que daría pie a la crisis migratoria del país, en particular con migrantes provenientes de Venezuela. El mandatario comenzó su gestión comprometiendo ayuda e invitando a quienes escapaban del gobierno de Maduro a venir a Chile, palabras que, a juzgar por los sucesos siguientes, no vendrían acompañadas de grandes acciones humanitarias. 

Del “vamos a seguir recibiendo” migrantes a usar aviones FACH para expulsarlos

Un año antes de lo de Cúcuta, en marzo de 2018, Piñera ya se había referido a la crisis migratoria venezolana. "Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”, fueron las palabras que entregó Piñera a la cadena internacional Deutsche Welle (DW) en una entrevista. 

Tan solo tres años después, Piñera ocupó aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para expulsar migrantes, en particular haitianos, pero también venezolanos y colombianos, quienes, en algún momento, fueron vestidos con overoles blancos, esposados, con cabezas gachas y escoltados por funcionarios policiales para abandonar el país. Según el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se trataba de personas que habían entrado de forma clandestina y hace menos de tres meses a territorio nacional.

En junio de 2020 la situación escaló judicialmente, al punto en que en junio de 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago emitió una orden de no innovar que evitó que el gobierno siguiera solicitando las declaraciones juradas que prohibía a los haitianos volver en nueve años a Chile. 

No obstante, las expulsiones masivas de Piñera tenían destinatarios y se habían enmarcado en el llamado Plan Humanitario de Regreso Ordenado, una política que la propia comunidad migrante criticó, junto con las de derechos humanos. Además de catalogarla racista, la tildaron de “deportación encubierta” al estar destinada a población proveniente de Haití, quienes debían inscribirse para retornar a su país con la prohibición de no ingresar en nueve años. (Revise acá el Plan humanitario de regreso ordenado). 

Tras la puesta en marcha del Plan, más de mil haitianos fueron llevados hasta Puerto Príncipe, capital de Haití, mediante una resolución publicada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, con Álvaro Bellolio como director del organismo. 

Pese a que el Plan de Retorno tenía el adjetivo de 'humanitario', lo cierto es que Chile expulsó a miles de haitianos que volvieron a un país en llamas. Entre 2018 y hasta hoy, Haiti vivió una fuerte inestabilidad política y social, tras unas denuncias de corrupción contra su presidente, Jovenel Moïse, quien fue asesinado el 7 de julio del 2021. La crisis causó 133 muertos en 13 meses de protestas, según cifras de la ONU. Una realidad de la que justamente huían los haitianos venidos a Chile.

Además de afectar la imagen de Chile, con expulsiones que recordaban los peores sucesos del siglo 20, pronto se revelaron varias desprolijidades e irregularidades en el proceso, tal como informó INTERFERENCIA en su artículo Ex funcionarios denuncian caos en el Plan Retorno de haitianos, en el cual algunos trabajadores extranjeros que fueron contratados para analizar cada postulación a este programa del Ministerio del Interior, acusaron serias falencias y abusos laborales que terminaron por hacer sumamente desprolijo este proceso. Dijeron entonces que fue hecho a la rápida, e incluso se les evaluó por la mayor cantidad de haitianos que terminaron yéndose del país, sin que en ello siempre se haya dado cumplimiento cabal a los trámites mínimos.   

En junio de 2020 la situación escaló judicialmente, al punto en que en junio de 2020 la Corte de Apelaciones de Santiago emitió una orden de no innovar que evitó que el gobierno siguiera solicitando las declaraciones juradas que prohibía a los haitianos volver en nueve años a Chile. 

La paradoja de la visa de responsabilidad democrática y las crisis en las fronteras

La situación migratoria en Colchane comenzó a desbordarse a contar de 2021, pero lo cierto es que la presión por las fronteras terrestres con Perú y Chile ha ido en aumento desde el principio del gobierno de Sebastián Piñera, lo que incluye un episodio de unos mil migrantes varados en Chacalluta, en la frontera con Perú en julio de 2019.

El día 22 del mismo mes, había entrado en vigencia la Visa de Responsabilidad Democrática, emitida por Chile, exclusiva para ciudadanos venezolanos que buscan refugio huyendo de la crisis económica en Venezuela. La visa, según el gobierno, exigía certificado de antecedentes de Chile y Venezuela, además del pasaporte, se aceptaba desde el 2013 en adelante pese a estar vencido. Una política directamente devenida del accionar de Cúcuta.

Sin embargo, los migrantes que fueron trasladados desde Chacalluta al consulado chileno en Tacna, acusaron el rechazo de la visa por razones que no se exigían. Dentro de ellas, ausencia de título profesional, no tener alguna persona que los reciba en Chile y que su renta corresponda a dos sueldos mínimos.

Con esto quedaba de manifiesto las contradicciones de la política exterior y la de migraciones de Chile, y el fin de la idea de Chile como refugio anti-Maduro.

Así y todo, el flujo de migrantes -en especial venezolanos, pobres- aumentó considerablemente durante el inicio de ese año con un gobierno incapaz de acoger o controlar, incumpliendo con las promesas iniciales de recibimiento humanitario. 

Lo que comenzó con 1.800 migrantes en la comuna según denunció el alcalde de Colchane, Javier García Choque, terminó con cientos de familias migrantes apostadas en la región de Tarapacá. Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones ingresaron cerca de 40 mil venezolanos en 2021 intentando buscar nuevas oportunidades en un lugar en el que se les prometió ayuda. 

Además, esto en el marco de una crisis sanitaria producto de la pandemia por Covid-19, en donde el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand -quien en paralelo a la crisis migratoria comenzó en octubre su postulación a Secretario General iberoamericano-, señaló que los migrantes que ingresaron al país de manera irregular no podrían participar del proceso de vacunación en Chile. No obstante y ante críticas generalizadas, pues el virus no conoce de estatus migratorios, días después indicó haber sido “poco claro”. 

El entonces canciller Allamand sería luego corregido por Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, quien sostuvo que “los migrantes que están de forma irregular en Chile, por un decreto del año 2016 son Fonasa A, por lo tanto, ellos tienen acceso a la vacunación”. 

Hay un asunto de carácter práctico, las 'reconducciones' son solo posibles cuando el migrante va de su país de origen a Chile, sin pasar por un tercero, pues este tercer país no tiene obligación de recibir a dicho migrante. Es decir, se trata de prácticamente toda la migración ilegal masiva en el norte de Chile, pues son escasos los casos de migrantes ilegales peruanos o bolivianos. 

Bellolio, quien ahora ocupa el cargo de director del Servicio Nacional de Migraciones -en reemplazo del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior- es otra de las figuras claves en esta gestión. Interior ha participado junto a Extranjería del control fronterizo a cargo de Carabineros. 

Recientemente, en una entrevista con Ex Ante, la autoridad migratoria sostuvo que las críticas en torno al manejo de la crisis migratoria vienen desde sectores políticos extremos -entre los que reconoce al Frente Amplio (FA)- y que desde el 2017 los flujos migratorios han descendido. 

Asimismo, apunta sus críticas hacia el Poder Judicial por votar en contra de las expulsiones por la vía de las 'reconducciones', la que busca no permitir entrar al país a migrantes con antecedentes penales, una de las grandes promesas de Piñera. En esa misma línea, Bellolio acusó al Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) de “evitar reconducciones de personas con antecedentes penales y lograr, forzosamente, que se queden en Chile”, responsabilizando a la oposición y organizaciones relacionadas con el tema migrante de la crisis migratoria por “justificar el ingreso clandestino”. 

Sin embargo, hay un asunto de carácter práctico, las 'reconducciones' son solo posibles cuando el migrante va de su país de origen a Chile, sin pasar por un tercero, pues este tercer país no tiene obligación de recibir a dicho migrante. Es decir, se trata de prácticamente toda la migración ilegal masiva en el norte de Chile, pues son escasos los casos de migrantes ilegales peruanos o bolivianos. 

El despertar xenofóbico de una región abandonada

Las ineficientes medidas del gobierno despertaron, entre parte de la población local de Tarapacá, una creciente xenofobia en redes y la organización de marcha anti migrantes que acabaron con quema de pertenencias de migrantes, quienes habían improvisado campamentos en diferentes puntos de la ciudad de Iquique. También, hubo escenas de migrantes acorralados en la playa mientras, protegidos por carabineros, eran víctimas de insultos por parte de la población local que se había sumado a las convocatorias. 

La creciente tensión en el norte -y en específico en la Región de Tarapacá- acabó con uno de los momentos más complejos de la crisis. El homicidio del camionero Byron Castillo, perpetrado mientras recorría la ruta hacia Antofagasta, terminó con tres migrantes detenidos como presuntos autores del asesinato luego de lanzarlo de una pasarela. 

En una reunión que se extendió por más de cinco horas, las autoridades lograron un acuerdo con el gremio tras anunciar que decretarían estado de excepción en cuatro provincias del norte; Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. Además se aumentaron en cerca de 700 los efectivos militares y 100 los carabineros destinados al control fronterizo en los lugares indicados.

El episodio desencadenó un paro de camioneros que se extendió por cuatro días en las principales rutas del norte, y a las que se sumaron cortes en la zona centro del país, como la ruta 68 que conecta Valparaíso con Santiago. La presión impuesta por el gremio de camioneros, mientras el presidente se encontraba de vacaciones, obligó a viajar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. 

En una reunión que se extendió por más de cinco horas, las autoridades lograron un acuerdo con el gremio tras anunciar que decretarían estado de excepción en cuatro provincias del norte; Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. Además se aumentaron en cerca de 700 los efectivos militares y 100 los carabineros destinados al control fronterizo en los lugares indicados.

Tras la reunión, Delgado también apuró la nueva Ley de Migración que incluía el reglamento para las llamadas “reconducciones”, plan que para los colchaninos no significó cambio alguno en el control fronterizo y aún permite el paso clandestino por la zona, incluso, a pesar de la nueva dotación llegada previa publicación de la ley en el Diario Oficial. (Revise acá el artículo de INTERFERENCIA sobre la crisis migratoria en Colchane).

Asuntos que pueden resultar en letra muerta, a juzgar por la realidad del paso de Colchane, donde en la práctica es imposible hacer un cierre perimetral sin alterar la vida de los colchaninos y aymaras que viven y pastorean en el valle fronterizo (ver Un día en Colchane, en la víspera del estado de excepción).  

La base de datos desaparecida

Un último hito -a solo semanas del cambio de mando- lo reveló un reportaje de Ciper, donde se señala que funcionarios del sistema del Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Álvaro Bellolio, informaron la caída y pérdida de la principal base de datos que contenía la ‘hoja de vida’ de todos los extranjeros residentes en Chile desde 1993 hasta 2021. 

Según Ciper, la falla ocurrió el 26 de octubre de 2021 en el sistema B3000 que contenía el registro. Además, no contaban con el respaldo de antecedentes penales, cambios de residencia, solicitudes y consultas que el Estado realizó a migrantes.

De hecho, funcionarios del servicio indicaron que se pudo rescatar información entre el 11 de agosto y el 25 de octubre del año pasado. Esto, tras el respaldo “hecho a mano” debido a algunos documentos que poseían por “la falta de confianza en la licitación que había abierto la Subsecretaría del Interior y en la empresa nueva que habían contratado para hacer los respaldos”.