Es fines de marzo de 2007 y José Antonio Viera-Gallo entra raudo a la sede del Partido Socialista en el centro de Santiago, cuando es abordado por periodistas que le preguntan si el gobierno ya ha tomado una decisión respecto de a quien propondrá al Senado como nuevo Contralor General de República.

Destrabar ese proceso de elección, que ya llevaba ocho meses, fue una de las tareas que le Presidenta Michelle Bachelet le encomendó al nuevo ministro Secretario General de Gobierno.

Ante los crecientes rumores de la nominación de Ramiro Mendoza, un jurista de abierta cercanía con la derecha, la molestia de las huestes socialistas se sentía en el ambiente. Aquella noche, José Antonio Viera- Gallo “puso la cara” y defendió ante la comisión política del PS la decisión del ejecutivo. En menos de dos semanas, Ramiro Mendoza fue ratificado por el Senado y asumió como Contralor.

Este episodio, del que fue el último gobierno de la Concertación, fue la última vez en que “la cocina” funcionó como siempre, pero que hoy se transforma en un recuerdo en sepia de un país que ya no existe.

Al Congreso se le ha abierto el apetito, produciendo un fenómeno nuevo: el surgimiento de dos funcionarios del Congreso Nacional como posibles candidatos a Contralor General: Miguel Landeros y Priscila Jara.

En unos meses más, el gobierno de Gabriel Boric enfrentará un escenario similar: nominar al o la nueva Contralora General. Pero no contará con un Viera-Gallo ni con un Congreso dispuesto a someterse a los dictados del duopolio.

Hoy existen más jugadores sentados en la mesa y todos piden cartas al croupier.

La campaña por escoger al nuevo Contralor General, que debería elegirse en diciembre, ya se desató y, según lo que pudo recoger nuestro medio, estos serían hasta al momento los nombres y poderes que están empujando esta agenda.

Los candidatos del Congreso

Una de las consecuencias más notorias del tortuoso proceso de nombramiento del nuevo Fiscal Nacional a fines del año pasado fue la demostración de poder del Senado, cuyos miembros rechazaron sin ambages los dos primeros nombres propuestos por el Presidente Gabriel Boric.

La Constitución entrega un mayor grado de discrecionalidad al Presidente para la nominación del Contralor General del República, por cuanto no se encuentra limitado a los nombres escogidos por la Corte Suprema. Pero dada la actual debilidad política de La Moneda se trata de un margen de libertad más bien aparente, ya que el ejecutivo se verá obligado a una compleja negociación antes de enviar un nombre a Valparaíso.

Y al poder legislativo se le ha abierto el apetito, sobre todo al Senado, en especial tras el rotundo rechazo a la propuesta de nueva Constitución que restringía de manera considerable su tradicional poder. Así se está produciendo un fenómeno nuevo: el surgimiento de dos funcionarios del Congreso Nacional como posibles candidatos a Contralor General.

Uno es Miguel Landeros, secretario de la Cámara de Diputados desde hace una década. Este abogado de origen democratacristiano, ingresó a la Cámara Baja en 1990 y es considerado uno de los profesionales que mejor conoce los vericuetos de la tramitación legislativa, con llegada transversal a todas las bancadas. Sin embargo, Landeros no es considerado un abogado experto en derecho administrativo -un aspecto clave del trabajo de la Contraloría-, siendo evidente que su fortaleza reside en la amplia y poderosa red de contactos que posee en la Cámara y el Senado.

Otro nombre que surge desde el Congreso es el de Priscila Jara, abogada coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria del Senado, y otrora Jefa de las Divisiones de Municipalidades y de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de República durante el período de Ramiro Mendoza (2007-2015). Ubicada en un puesto estratégico dentro del estructura administrativa de la Cámara Alta, esta hija de un militante PS ha navegado con éxito en las inclementes aguas del parlamento. Según se comenta en pasillos del Congreso, Jara ha levantado su candidatura apoyándose en su anterior experiencia directiva en la Contraloría, en sus nexos familiares y personales con distintos personeros del socialismo democrático, en las buenas relaciones que ha cultivado con senadores de las diversas bancadas y en la alta posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric nomine a una mujer para el cargo.

En el ‘Socialismo Democrático’ prefieren fortalecer la labor de la ministra Ana Lya Uriarte, quien estará cargo de este proceso, que proponer nombres de sus filas para encabezar la Contraloría.

En tiempos de mayor escrutinio público, la cercanía de estos eventuales candidatos con quienes decidirán el nombre del nuevo Contralor o Contralora General se presenta no sólo como “un problema estético”. Según varias fuentes consultadas por este medio, nominar a alguien del Congreso podría transformarse en un problema político para el propio Presidente Boric.

De acuerdo a fuentes de la Cámara Alta, los senadores que más ‘roncarán’ en este proceso de nominación serán Fidel Espinoza, Alfonso De Urresti y Gastón Saavedra del PS; Matías Walker y Ximena Rincón de Demócratas; Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast de Evópoli; Francisco Chahuán en RN, y Juan Antonio Coloma, nuevo presidente del Senado, y a Luz Ebensperger de la UDI.

¿Hay un nombre en el oficialismo?

La respuesta rápida a esta pregunta, según varias fuentes contactadas por este medio, es que no los hay. En las filas del Partido Comunista -que tiene un profundo historial de abogados expertos en Derechos Humanos o derecho laboral- escasean especialistas en derecho administrativo. Como botón de muestra cabe recordar las dificultades que tuvo el PC para encontrar un nombre que integrase el comité de expertos del nuevo texto constitucional, al punto que se sondeó la posibilidad de sacar a Jaime Gajardo desde la subsecretaria de Justicia, dado que es de los pocos abogados de ese partido que es experto en derecho público, con estudios doctorales en la materia.

Aunque existe una nueva camada de abogados del PC que en años recientes se ha especializado en derecho administrativo, dada la mayor inserción de ese partido en el aparato público, existe claridad al interior de dicho partido que se trata de un grupo de profesionales que requiere de mayor experiencia y trayectoria.

Desde los partidos del Frente Amplio se asume que no cuentan con un nombre que surja de manera natural como una carta para la Contraloría. Más aun cuando quien parecía el candidato más obvio, asumió hace poco como ministro de Justicia. Al interior de ese conglomerado es sabido que Luis Cordero contaba con un amplio apoyo, especialmente de parte del grupo de ex alumnos y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entre estos se cuentan a Diego Pardow, actual ministro de Energía y quien, al igual que Cordero, es parte del estudio de abogados Ferrada & Nehme; Fernando Atria, académico y ex constituyente, Matías Meza–Lopehandía, ex jefe de gabinete presidencial, y el propio mandatario, que es egresado de esa facultad.

Si bien la llegada de Luis Cordero al gobierno permitió reconducir un ministerio fatigado por la gestión de la ex ministra Marcela Ríos, con esta decisión Boric sacrificó a la que era la carta más fuerte del Frente Amplio para dirigir a la Contraloría General de la República.

Desde el Socialismo Democrático se afirma que cuentan con profesionales altamente capacitados en el campo del derecho público y, en particular, en derecho administrativo. Sin embargo, en ese campo se asume que se trata de un grupo de juristas aún muy jóvenes para asumir la tarea. Altas fuentes del PS aseguran que “es mejor cuidarlos para el futuro y no quemarlos ahora”. Flavio Quezada, William García, Catalina Lagos, Claudia Sarmiento, y Gabriel Osorio o su hermano Cristóbal Osorio, serían parte de este grupo de abogados con proyección para dirigir la Contraloría.

En el PS parece ser prioritario fortalecer y apoyar la labor de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien estará cargo de este difícil proceso, que proponer nombres de sus filas para encabezar la Contraloría. Una persona del entorno cercano a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirma que “nuestro objetivo político no es la instalación de un o una socialista a la cabeza de la Contraloría General de la República. Nuestro objetivo es apoyar la decisión que adopte el Presidente Gabriel Boric a la hora de enviar un nombre al Senado, generando las condiciones necesarias que permitan la ratificación de su propuesta”.

Bermúdez ha liderado una de las pocas instituciones que han resistido sin mayores daños el derrumbe institucional que ha aquejado al país. “Sería de toda lógica que el futuro liderazgo de la Contraloría provenga de los equipos de esa institución”, afirma un conocedor.

Los aspirantes de la casa

A los gobiernos, cualquiera sea su signo, no les suele agradar nombrar a alguien de ‘continuidad’, es decir, alguien que surja de la propia institución. Sin embargo, en el caso de la sucesión de Jorge Bermúdez ello podría ser un factor a considerar, aseguran varios abogados y profesionales del oficialismo, quienes pidieron no ser identificados para no aparecer como ‘pauteando’ al gobierno.

Bermúdez ha sido un Contralor al que, sobre todo al inicio de su gestión, se le atribuyeron simpatías con el Frente Amplio. Pero también ha liderado una de las pocas instituciones que han resistido sin mayores daños el derrumbe institucional que ha aquejado al país. “Sería de toda lógica que el futuro liderazgo de la Contraloría provenga de los equipos de esa institución que han logrado mantenerse sobre el agua en medio de tantos naufragios institucionales”, afirma una de estas personas.

El carácter marcadamente jerárquico de esta institución impide un mayor conocimiento público de los contralores regionales o de los jefes de división, algo que, pese a todo, es visto por muchos de sus funcionarios como algo saludable.

“Nosotros no somos el Ministerio Publico, donde los fiscales se vuelven locos filtrando cosas a la prensa o buscan un protagonismo absolutamente inapropiado”, asegura un antiguo dirigente de la asociación de funcionarios de la Contraloría. “Nosotros trabajamos silenciosa y profesionalmente, y por eso la ciudadanía nos premia con su confianza. Es evidente que, en su momento, habrá inquietud por saber quién será el nuevo Contralor, pero nunca hemos levantado la candidatura de un funcionario interno, ni hemos apoyado a tal o cual candidato externo a la institución, porque simplemente no corresponde”.

Pero más allá de esta cultura institucional, siempre existe una mirada atenta de los gobiernos de turno respecto de potenciales candidatos internos. Según supo nuestro medio, de momento el gobierno de Boric se ha interesado en tres figuras que han acompañado a Jorge Bermúdez desde que asumió en diciembre de 2015.

Se trataría de Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría, y hermano del diputado del Partido Liberal y actual presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic; Nelly Salvo, secretaria general de la CGR y quien postuló sin éxito al cargo de Fiscal Nacional; y Paulina Opazo, jefa del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas de esa institución.

No obstante, desde el Ejecutivo se observan estos nombres sólo como posibilidades en subsidio de otras alternativas. Esto porque, en palabras de una fuente de Palacio, “la Contraloría estará sometida a un fuerte estrés institucional para fines de año, ya que además de sus labores habituales deberá enfrentar otras dos contingencias: el proceso de nombramiento de un nuevo Contralor y el acompañamiento del fin del proceso constituyente, por lo que quizás no sea muy aconsejable que se distraiga a algunos de sus altos funcionarios con una incierta nominación al cargo de Contralor General”.

La reticencia de Xavier Armendáriz de formular cargos en los casos de corrupción en la comuna de Vitacura durante la gestión de Raúl Torrealba, es vista por algunos como una señal hacia el mundo político para apoyarlo en una eventual postulación al cargo de Contralor General.

¿Un socialcristiano?

En el mundo socialcristiano de la ex Concertación, hoy por completo fragmentado, se ha insinuado el nombre del abogado Gonzalo Sánchez García-Huidobro como alguien que podría aportar experiencia en gestión pública, experticia en derecho administrativo y la “muñeca política” necesaria para dirigir la Contraloría en un período delicado. 

Sánchez estuvo a cargo del Consejo de Auditoria de Gobierno (CAIGG) en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet I, y es descrito como un conocedor de la administración del Estado. Sin embargo, contactado por este medio, se apresura en descartar su candidatura. “No pasa de ser una muestra de respeto profesional y de desmesurado aprecio personal de quienes se lo hayan señalado, pero nada más que eso”, afirmó.

Respecto de otros juristas que, en su opinión, pudiesen vislumbrarse como candidatos al cargo, señala: “me parecería de pésimo gusto levantar candidatos por la prensa, ya que la facultad de proponer a una persona es una atribución exclusiva del Presidente de la República (…) En el año 2027 se cumplirán 100 años desde la creación de la Contraloría General de la República, por lo que creo que sería muy relevante que, al cumplir su primer centenario, esta institución, una de las más importantes y respetadas de la República, finalmente sea conducida por una mujer”.

Un fiscal que quiere ser Contralor

En el Ministerio Público es un secreto a voces que el fiscal regional Xavier Armendáriz no descarta proponer su nombre para ser el próximo Contralor General. Aunque fue nombrado como fiscal nacional subrogante por Ángel Valencia, Armendáriz sabe que su carrera profesional en ese órgano del Estado ha tocado techo, ya que su aspiración de ser Fiscal Nacional se pospuso ocho años con el nombramiento de Valencia.

Según confidencian diversas fuentes de esa institución, pero también del poder legislativo, el fiscal estaría tanteando a varias personas con influencia o poder de voto en esta decisión, para “saber si hay agua en la piscina”.

Su reticencia a formular cargos e imputar a personas involucradas en los casos de corrupción en la comuna de Vitacura durante la gestión de Raúl ‘El Tronco’ Torrealba, es vista por algunos como una señal hacia el mundo político, en especial de la derecha, de estar dispuesto a no revolver las aguas, a cambio de un posible apoyo hacia su potencial postulación al cargo de Contralor General.