Desde el 16 de junio, el Ministerio de Justicia sostuvo que estaba "jurídicamente impedido" de negar rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores por hechos anteriores a 2022. En esas mismas semanas, la cartera de Fernando Rabat siguió revisando expedientes de otros condenados y corrigiendo lo que habían certificado sus propias Secretarías Regionales Ministeriales para rechazar rebajas a internos condenados por robo, receptación o microtráfico.

El 26 de octubre, Interferencia reveló que entre marzo y mayo el ministerio había negado al menos cinco rebajas de condena a condenados por violación y abuso sexual de menores, y que desde el 16 de junio comenzó a otorgarlas. La pregunta que dejó esa publicación sigue abierta: si en mayo la cartera podía negar esos beneficios, por qué en junio sostuvo que no podía.

El 12 de noviembre, Ciper sumó otra pieza. Tras adoptar la tesis de que las decisiones de las comisiones de reducción de condena son irrevocables, la cartera de Fernando Rabat rechazó al menos 22 rebajas entre junio y octubre, por delitos como homicidio, femicidio, tráfico de drogas y porte de armas. Ante la Cámara de Diputados, el ministro había afirmado que, una vez resuelto por las comisiones, "se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud", según consignó dicho medio.

Los decretos a los que ha accedido esta redacción muestran cómo operó esa revisión en los rechazos posteriores al 16 de junio, un aspecto que no ha sido informado: en casi todos ellos, la Seremi había dado luz verde y fue el ministerio el que la corrigió.

La revisión que sí hizo el ministerio

Entre los decretos revisados por Interferencia hay al menos doce rechazos firmados entre el 24 de junio y el 28 de agosto. Ninguno se funda en la letra e) del artículo 17 de la Ley 19.856, la que desde 2022 excluye a los condenados por delitos sexuales contra menores. Todos invocan la letra c), haber delinquido durante el cumplimiento de una condena, o la letra g), que excluye a quienes fueron condenados considerando las agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.

En once de esos doce decretos, el texto reproduce la misma secuencia. Primero consigna que la Seremi, mediante un oficio, "acredita que de acuerdo al acta e informe consolidado de antecedentes, el postulante no se encuentra afecto a alguna de las causales de exclusión del artículo 17". A continuación agrega: "Que, sin embargo, revisados los antecedentes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de la Ley N°19.856", se constató la causal y se rechazó la rebaja. Solo en uno de los doce casos fue la Seremi la que advirtió la exclusión.

Los casos corresponden a penales de Santa Cruz, Lebu, Ovalle, Colina, Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Castro y Arica. El 24 de junio, por ejemplo, el ministerio negó la rebaja a un condenado por robo con intimidación recluido en Santa Cruz, porque ese delito lo cometió mientras cumplía una condena anterior por robo en lugar habitado. Ese mismo día rechazó la de un interno de Lebu condenado por manejo en estado de ebriedad, que durante esa condena fue sentenciado por microtráfico y porte de munición, y la de un condenado por microtráfico en Ovalle, porque en su sentencia se consideró la agravante del numeral 16 de ese artículo.

Algunos rechazos se fundan en hechos lejanos. El 28 de agosto, el ministerio negó la rebaja a un interno del penal de Arica, preso desde 2015 y con término de condena en enero de 2027, porque en junio de 2015 fue multado con una unidad tributaria mensual por porte de arma cortante, mientras cumplía una pena de 41 días por amenazas. En otro decreto, de junio, la causal es un robo con violencia de 2023 cometido, según el texto, durante el cumplimiento de una condena de 41 días por hurto simple dictada en 2016.

Lo que dice el ministerio

Consultado por Interferencia, el Ministerio de Justicia explicó que la Ley 19.856 establece distintas etapas: "Las comisiones califican el comportamiento de los condenados, las Seremis verifican el cumplimiento de los requisitos legales y el Ministerio realiza una revisión final de legalidad antes de dictar el decreto correspondiente".

"En esa revisión, el Ministerio puede solicitar antecedentes adicionales y advertir la concurrencia de alguna de las causales de exclusión del artículo 17 que no haya sido detectada por la respectiva Seremi. Por lo tanto, un informe favorable de la Seremi no impide que el Ministerio rechace fundadamente una solicitud si verifica que concurre una causal legal de exclusión", agregó la cartera.

Ante la Cámara de Diputados, en cambio, el ministro Rabat había puesto el acento en el límite de esa revisión: resuelto el caso por las comisiones, dijo, "se agota la instancia legal para ponderar el mérito de la solicitud". Los decretos muestran que, en los casos de robo, receptación o microtráfico, la revisión del ministerio no se limitó a constatar lo certificado en regiones.

Dos criterios

En los casos de condenados por delitos sexuales contra menores, la secuencia fue la inversa. Como informó este medio, en algunos de esos expedientes fueron las Seremi las que advirtieron causales de exclusión, y el ministerio aprobó igualmente las rebajas.

La cartera ha fundado esa decisión en un argumento jurídico. Desde el 16 de junio sostiene que la exclusión de los delitos sexuales contra menores, incorporada a la ley en 2022, no puede aplicarse a hechos anteriores, en cumplimiento de fallos de la Corte Suprema. Según ese criterio, en esos casos la causal no era aplicable. En su respuesta a este medio, el ministerio describió el procedimiento en términos generales y no se refirió a esa diferencia.

Ese no fue, sin embargo, el criterio que el propio ministerio aplicó meses antes. El 17 de marzo, en un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva Irarrázaval como ministro subrogante, la cartera sostuvo que "debe aplicar la ley vigente al momento en que se dicta el Decreto" para negar la rebaja a un condenado por violación reiterada de una persona menor de 14 años, por hechos de 2015 y 2016.

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