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Sábado, 31 de octubre de 2020
Entrevista

Lucía Dammert: “Pocos critican el toque de queda por temor a ser vistos como culpables de un rebrote”

Víctor Herrero A.

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Lucía Dammert. Foto. Espacio Público. Montaje: Interferencia
Lucía Dammert. Foto. Espacio Público. Montaje: Interferencia

Muchos países de América Latina han recurrido a las fuerzas armadas durante la pandemia. La creciente y permanente presencia castrense ha generado cierta preocupación. “Se han levantado alertas sobre los procesos de militarización que se están viviendo, así como de la criminalización de los problemas sanitarios”, afirma esta socióloga y experta en temas de seguridad.

Ayer se cumplieron seis meses desde que se decretó el toque de queda nocturno bajo vigilancia militar en todo el territorio nacional. Si bien muchos países han sacado los militares a la calle en esta crisis sanitaria, “el problema es que se pueden usar estas medidas de resguardo para posiblemente acallar, censurar e incluso reprimir legítimos reclamos ciudadanos”, asegura Lucía Dammert, experta en temas de seguridad, académica de la Usach y directora del centro de estudios Espacio Público.

Las restricciones a varias libertades civiles y la creciente presencia militar han generado preocupación en muchos países de la región, como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú y Ecuador. Y, claro, también en Chile.

"El proceso de la ‘policialización’ de las fuerzas armadas es peligroso, porque ahí donde esto ha ocurrido, se registran violaciones de derechos humanos",

“Muchas personas están dispuestas a limitar sus libertades a cambio de una aparente sensación de seguridad”, asegura en esta entrevista Dammert, quien entre 2015 y 2016 fue jefa de la división de estudios de la subsecretaría del Interior. “Digo aparente, porque cuando las reglas de la convivencia se escriben con control y represión, generalmente las violencias se multiplican y los conflictos se tornan estructurales”.

A continuación reproducimos la entrevista a esta socióloga, la que se realizó por escrito.

Ayer se cumplieron seis meses desde que el gobierno instauró el toque de queda nocturno. Y podría prolongarse tres meses más. ¿Hay otros países en la región con una medida similar y tan duradera?

En América Latina prácticamente todos los países que enfrentan la pandemia han utilizado en algún momento del último semestre medidas como toques de queda o confinamientos donde los militares apoyan en el control de su implementación. Las medidas son diversas, pero en general las fuerzas armadas han ganado un rol principal en este contexto dados los altos niveles de contagio dentro de las fuerzas policiales, las limitaciones de presencia y también la ineficiencia policial.

¿Hay más de política -por ejemplo, el temor a un ‘rebrote’ del estallido social- que de salud en mantener a los militares patrullando de noche?

Muchos países han recurrido a los Estados de excepción constitucional, al patrullaje militar y el aumento de la presencia policial en las calles, especialmente durante los toques de queda como mecanismo de control vinculado a la pandemia. Especialmente esta herramienta es utilizada en América Latina donde la preocupación por posibles situaciones de desorden público, así como por la incapacidad gubernamental para evitar que las personas salgan de la casa, se usan como explicaciones para los prolongados controles.

El incremento de los detenidos por temas sanitarios es también otro elemento de la criminalización de la respuesta a la pandemia. ¿De qué sirve detener a miles de personas que, por ejemplo, están infringiendo el toque de queda? Probablemente aumentan las posibilidades de contagio e incluso terminan congestionando las capacidades policiales, metiendo en la misma lista a personas que salieron a comprar con otros que estaban cometiendo un delito.

En el caso chileno es posible pensar que hay un miedo al rebrote social y al enfrentamiento en ciertos sectores entre la comunidad y la policía. Dicho eso, considero que las medidas de control permiten también limitar la evidente desigualdad en la presencia policial en los territorios, y el avance que han tenido algunas organizaciones criminales que, con o sin toque de queda, usan fuegos artificiales, usan el espacio público y desarrollan sus actividades ilegales.

¿Existe algún criterio sanitario para este extenso toque de queda, más largo aún que el de 1986/87 tras el atentado a Pinochet?

La búsqueda de la distancia física es posiblemente uno de los objetivos principales y todo parece indicar que el gobierno considera que la única forma de asegurarla en las noches es con presencia militar y limitación de los derechos de circulación. No conozco evidencia científica que reconozca en esta medida algún tipo de efectividad mayor en la reducción de los contagios. Sin embargo, se han levantado diversas alertas sobre los procesos de militarización que se están viviendo en diversos países de la región, así como de criminalización de los problemas sanitarios.

"Los militares no están preparados para controlar el delito y mucho menos para controlar protestas y manifestaciones".

El problema central es que se usan estas medidas de resguardo para posiblemente acallar, censurar e incluso reprimir legítimos reclamos ciudadanos que pasan a ser secundarios frente a la posibilidad del contagio. Esto se ha visto en lugares tan diversos como Estados Unidos, India y Brasil.

El propio comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, aseguró en una entrevista a El Mercurio que su institución no estaba preparada para tareas policiales. ¿No debería el gobierno retirar esta medida extrema?

Hay dos procesos claros en América Latina. La militarización de las policías y policialización de los militares, y la pandemia ha abierto más espacios para que ambos procesos se profundicen. En Chile existe una perspectiva política que busca consolidar la inversión pública que se realiza en defensa para destinarla a tareas de corte policial, por eso se adelantó la necesidad de apoyo en la lucha contra el narcotráfico o el apoyo en el control de la infraestructura critica en su definición más amplia.

Sin embargo, hay declaraciones diversas por parte de miembros de las fuerzas armadas que reconocen su distancia frente a este proceso. Las mínimas hipótesis de conflicto con otros países deberían llevarnos a una reflexión nacional sobre la inversión que se realiza en defensa y la necesidad de redirigirlas hacia políticas sociales o incluso hacia la lucha contra el crimen. Aumentar misiones o funciones no es el camino para consolidar el profesionalismo de las fuerzas armadas. Las recientes compras de material de protección de tipo policiaco al menos dejan en duda estas declaraciones e intenciones de no involucrarse en la tareas de control.

¿Por qué cree que este toque de queda tan prolongado no ha sido un tema político? No he escuchado voces de la oposición alegando por estas restricciones.

Desde el regreso a la democracia los temas de militares y policías fueron prácticamente dejados de lado de las agendas transformadoras. Los altos niveles de autonomía castrense, vinculados a bajos niveles de profesionalización del mundo político, han permitido que se consoliden verdaderos espacios de autonomía en la toma de decisiones, donde el mundo civil de los ministerios juega un rol mas bien administrativo.

El mundo político de forma transversal está al debe en estos ámbitos y por eso las denuncias o críticas son mínimas. Además, en el caso de la pandemia, pocos se animan a criticar esta medida por temor a ser considerados culpables del rebrote y por ende de aumentar la crisis sanitaria. Extraño un verdadero debate-país sobre los derechos y deberes ciudadanos, sobre la necesidad de reconocer que se rompen las reglas no sólo en los sectores populares como permanente se muestra en los medios de comunicación.

Es también importante reconocer que la limitada presencia policial, especialmente en los sectores más afectados por la criminalidad, está normalizando la presencia militar, que es sugerida e incluso requerida por ciudadanos que se sienten abandonados por el Estado. Esta normalización no es positiva y debería llevar al mundo político a repensar como se está distribuyendo el personal policial y las políticas públicas necesarias para asegurar las medidas sanitarias sin tanques en las calles.

¿Incorporar a las fuerzas armadas de manera duradera en el control del orden público no puede ser algo peligroso para las democracias latinoamericanas?

El proceso de la ‘policialización’ de las fuerzas armadas es peligroso, porque ahí donde esto ha ocurrido se registran violaciones de derechos humanos, aumento de la violencia y de la corrupción institucional. Los militares no están preparados para controlar el delito y mucho menos para controlar protestas y manifestaciones.

Estamos en un continente donde cada día más personas creen que se puede reducir la democracia para asegurar la seguridad; es decir, muchos están dispuestos a limitar sus libertades a cambio de una aparente sensación de seguridad. Digo aparente, porque cuando las reglas de la convivencia se escriben con control y represión, generalmente las violencias se multiplican y los conflictos se tornan estructurales.

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