“La ministra de Seguridad [Trinidad Steinert] no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Y creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento”, declaró la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, en una reciente entrevista con La Tercera.

Pese a que la declaración no llamó mayormente la atención, entraña una potencial bomba política y legal. 

Sin embargo, la legislación introduce esta línea de fuego para aislar a los fiscales de la política justamente para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias. Esto, en el entendido de que estas reuniones de carácter político con fiscales pueden condicionar la labor persecutora. Más si la expectativa es ser reclutados por los políticos de oficio. Es decir, se está ante normativa para garantizar mínimos de probidad.

Esto, pues el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 19.640 establece que los fiscales nacionales y regionales no pueden “tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquiera actividad de la misma índole dentro del Ministerio Público”. Algo que la entonces fiscal regional Steinert transgredió al “conversar por un buen tiempo”, con el Gobierno electo, tal como lo reconoce Sedini.

Consultada directamente por el hecho de que, durante esas conversaciones, Trinidad Steinert aún se desempeñaba como fiscal en ejercicio, Sedini respondió que “eran conversaciones para ver si asumía. Es una decisión profesional, no es que haya habido una agenda doble, para nada”.

Sin embargo, la legislación introduce esta línea de fuego para aislar a los fiscales de la política justamente para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias. Esto, en el entendido de que estas reuniones de carácter político con fiscales pueden condicionar la labor persecutora. Más si la expectativa es ser reclutados por los políticos de oficio. Es decir, se está ante normativa para garantizar mínimos de probidad.

Consultado el Ministerio Público al respecto, desde la institución señalaron que “no vamos a especular sobre conversaciones privadas ni a pronunciarnos sobre interpretaciones políticas que no tienen impacto en el funcionamiento ni en las decisiones del Ministerio Público”, evitando así referirse de fondo a eventuales infracciones a la Ley Orgánica que regula la actuación de fiscales en ejercicio.