El efecto de la doctrina neoliberal fue llegar a “un extremo en el que los derechos de propiedad y el bienestar de los consumidores fuesen objeto de adoración y todos los aspectos de la acción estatal y la solidaridad social fueron denigrados”. La cita no es de ningún marxista trasnochado sino del politólogo conservador estadounidense Francis Fukuyama, quien hace unos meses publicó su último superventas El liberalismo y sus desencantados, donde sostiene que una de las grandes amenazas del sistema clásico es el neoliberalismo desbocado.

Por eso llama tanto la atención la furia desatada en la elite conservadora criolla por las declaraciones favorables a la muerte del fundamentalismo liberal formuladas por dos reconocidos economistas neokeynesianos que visitaron Chile esta semana: el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y la experta en innovación Mariana Mazzucato.

“Somos muchos economistas en el mundo los que estamos mirando Chile como experiencia muy importante para matar el neoliberalismo, que no funciona para el crecimiento y de seguro no funciona para enfrentar las desigualdades”, dijo en una entrevista con El Mercurio la autora del Estado Emprendedor.

Pero a pesar de su data ochentera y de la abundante evidencia internacional de su agotamiento, los seguidores nacionales del neoliberalismo consideran que el plebiscito del 4 de septiembre fue una demostración del cariño popular a su doctrina.  

¿Por qué cambió de opinión? Según el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, porque  “la discusión ha cambiado y el 62% dijo que los fondos fueran a las cuentas individuales, fueran heredables y de su propiedad”.

De ahí que el jueves, durante el lanzamiento de una revista de la Fundación Para el Progreso, dedicada a analizar el concepto de neoliberalismo, Cristián Larroulet, ex ministro y ex jefe del segundo piso de los gobiernos de Sebastián Piñera, reaccionó al cuestionamiento de su dogma por parte de Stiglitz y Mazzucato. “No podemos permitir que se vuelva atrás”, dijo el economista de Chicago.

Y la orden ha sido acatada con total disciplina por su sector en el Congreso, bajo el supuesto que los chilenos y las chilenas que votaron en contra de la propuesta constitucional desean mantener intactos los mecanismos de provisión privada de prestaciones sociales.  Una “garantía” que en parte ya está escrita en los bordes de la futura 'Buena Nueva Constitución', si es que alguna vez se llega a un acuerdo sobre el proceso. 

Tres meses después del estallido social se votó en la sala de la Cámara de Diputados la reforma previsional del Gobierno de Sebastián Piñera, que aumentaba la cotización en un 4% con cargo al empleador.  La derecha votó a favor de un acuerdo con la DC que aumentó a 6% la cotización adicional, para destinar la mitad de ese porcentaje a un fondo colectivo y la otra mitad al ahorro individual. Pero esta semana el sector le dio un portazo al proyecto de reforma previsional del Gobierno que propone destinar el 6% a un fondo solidario. Dijeron que su línea roja es mantener todo -el 16%- en capitalización individual, es decir, en el mercado de capitales. 

¿Por qué cambió de opinión? Según el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, porque  “la discusión ha cambiado y el 62% dijo que los fondos fueran a las cuentas individuales, fueran heredables y de su propiedad”.  

Sabemos que el 4 de septiembre no existió una papeleta para plebiscitar el destino de los fondos previsionales y también sabemos que el artículo 45 de la propuesta constitucional que se rechazó no decía una sola palabra acerca de la distribución del ahorro, salvo indicar que “la ley establecería un sistema de seguridad social público”.   

La instrucción de Larrorulet, “no podemos permitir que se vuelva atrás”, también se ha acatado en materia de reforma tributaria. Además de rechazar la sola idea de legislar el proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la UDI anunció una reserva de constitucionalidad.

Pero supongamos que la derecha se refiere a las encuestas, que por lo demás, formulan preguntas bastante tramposas como si queremos o no libertad de escoger; porque ninguna pregunta si queremos o no subir las pensiones. ¿Será prudente tomar decisiones técnicas en virtud de sondeos? Según la conducta legislativa del mismo Coloma la respuesta es no. El senador UDI se opuso al deseo mayoritario de los tres retiros del 10%  porque “me parece raro además que si hace nueve meses todos coincidíamos en el deber moral de mejorar las jubilaciones, ahora algunos convoquen a disminuir los fondos”. 

La instrucción de Larrorulet, “no podemos permitir que se vuelva atrás”, también se ha acatado en materia de reforma tributaria. Además de rechazar la sola idea de legislar el proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara, la UDI anunció una reserva de constitucionalidad cuestionando los artículos contra la elusión que le confieren más facultades al Servicio de Impuestos Internos. 

Tal cual, la derecha acude al Tribunal Constitucional, el custodio de la Carta Fundamental del 80; esa misma que según decían en la campaña “está políticamente muerta”. En realidad, no estaba muerta, ni siquiera andaba de parranda, porque mientras se alargan las negociaciones para el segundo proceso constituyente, se siguen usando enclaves autoritarios como el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes ¿qué constitucionalidad? La del 80', aquella que deja sin dientes al Estado para evitar, por ejemplo, que se eludan los impuesto.  

Por eso Stiglitz expresó cierta decepción el jueves en su clase magistral ante la comunidad académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. “Una de las razones por las que me entusiasmó venir a Chile es para ver el entierro y estar en el funeral del neoliberalismo”.  Pero hay quienes tienen “nueve vidas […] el neoliberalismo debería haber muerto muchas veces antes, y parece muy difícil realmente enterrarlo”. 

Sin embargo, podría ser la derecha quien cave la tumba de sus dogmas si insiste en evitar el componente solidario del sistema previsional y restringir las facultades del estado para recaudar los impuestos que se eluden. Sin seguridad social es muy probable frustrar los deseos de Larroulet y permitir que se vuelva atrás, al malestar que causó un estallido social.