Ya han pasado dos años y medio desde aquella noche del 1 de octubre del 2020, cuando el empresario gastronómico y ex Publisher del diario El Mostrador, Max Raide, les pidió a dos hombres, posteriormente identificados como Alfonso Bulnes Concha y Enrique Searle, que dejarán de molestar y acosar a dos mujeres que habían estado en el restaurante El Europeo.

El local ubicado en la exclusiva Av. Alonso de Córdova en Vitacura, pertenece a la familia Raide. Esa noche Max Raide estaba por irse en su vehículo del lugar, cuando se percató que dos mujeres que habían estado en su restaurante estaban siendo acosadas fuertemente por ambos sujetos, que aún tenían la cuenta abierta en El Europeo. El empresario les pidió, desde su auto, que dejaran tranquilas a las mujeres y les advirtió que no podían salir con sus vasos de trago a la calle, como había sido el caso según muchos testigos presentes.

“Estos dos sujetos a mi parecer estaban bajo los efectos del alcohol y drogas, debido al nivel de acoso hacia mí y mi amiga, como el nivel de agresividad hacia el conductor del vehículo [Max Raide]”, declaró A. D., una de las mujeres acosadas, durante la investigación judicial que se inició en octubre de 2020.

Consultado por Interferencia acerca de su estrategia judicial, Max Raide comentó de manera escueta: “No me interesa recibir un solo peso de estos delincuentes, solo que sean condenados con el máximo de pena de cárcel por lo que hicieron, y que les sirva de lección a los acosadores de mujeres y los bullies de nuestro país”.

La intervención de Raide gatilló la ira de ambos sujetos, que lo agredieron con inusual brutalidad. Bulnes le reventó su vaso en la cara, mientras que desde el lado del copiloto Searle le propinaba golpes y puñetazos. Sólo la intervención de un hombre que cuidaba los autos estacionados en esa avenida evitó un desenlace peor. Max Raide sufre hasta hoy una pérdida definitiva de parte de su visión en el ojo izquierdo por lo brutales golpes que recibió.  

Según consta en el informe del Servicio Médico Legal del expediente, al cual nuestro medio tuvo acceso parcial, Raide quedó con “lesiones graves explicables por lo acción de objetos contundentes y objetos cortantes, de pronóstico médico legal grave (…) dejando secuelas funcionales que se encuentran en recuperación”.

Ese mismo mes la Fiscalía Oriente inició una investigación que duró casi 20 meses y que se cerró en junio de 2022. En ésta declararon decenas de testigos del hecho y se recuperaron imágenes de las cámaras de seguridad del sector, lo que ha llevado al Ministerio Público a pedir 5 años de cárcel efectiva para Bulnes, y 3 años de reclusión efectiva para Searle.

Uno de los argumentos de la Fiscalía Oriente para lograr condenas efectivas es que ambos agresores ya contaban con antecedentes previos. En el caso de Bulnes Concha, perteneciente a una familia de connotados abogados, justo al día siguiente de la agresión se conocía su sentencia a pena remitida por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, mientras que Searle contaba con una anotación por infracción a la Ley de Drogas.

Durante estos dos años y medio, las poderosas familias de los acusados y el encumbrado bufete Vial y Cia. que los defiende han tratado por todos los medios evitar un juicio ampliado. Sin embargo, tanto Raide como sus abogados defensores, Juan Domingo Acosta y el ex fiscal Alberto Aguilera, han rechazado cualquier acuerdo económico tras bambalinas. De hecho, según supo este medio, ni siquiera aceptaron un juicio abreviado, por lo que esta semana se iniciarán las audiencias en este caso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Al ser consultado por Interferencia acerca de esta estrategia judicial, Max Raide comentó de manera escueta: “No me interesa recibir un solo peso de estos delincuentes, solo que sean condenados con el máximo de pena de cárcel por lo que hicieron, y que les sirva de lección a los acosadores de mujeres y los bullies de nuestro país”.

Los abogados de Raide lograron que Alfonso Bulnes cumpliera prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad en los primeros meses de este caso judicial, pero actualmente el imputado sólo cuenta con la medida cautelar de arresto nocturno.

Papeles Manchados

Tanto Alfonso Bulnes como Enrique Searle cuentan con antecedentes. Al día siguiente de la agresión, el 2 de octubre, se conoció la condena a tres años de libertad vigilada en contra de Bulnes por conducir en estado de ebriedad, pasando una luz roja y matando, en 2017, a Domingo Vicuña Subercaseaux, de entonces 25 años. Domingo era hijo de la gerenta del estudio de abogados donde trabaja uno de los hermanos Bulnes Concha.

Sin embargo, el historial de violencia física y acoso hacia mujeres de Alfonso Bulnes es mucho más amplio, tal como detalló este medio en un artículo publicado en octubre de 2020.

La Fiscalía estima, en su acusación, que para Alfonso Bulnes se aplica el artículo 12, numeral 14 del Código Penal, que considera como agravante cometer un delito “mientras se cumple una condena”, o después de “haberla quebrantado”.

Enrique Searle tampoco cuenta con una “irreprochable conducta anterior” que podría aminorar su sentencia. En 2019 fue condenado de 2019 por consumo de drogas “en público y concertado para ello”, hechos ocurridos en la comuna de San Felipe. El proceso terminó con el pago de una multa.

Por cierto, una sobrina de Enrique Searle -Catalina Urrutia Searle- estuvo implicada en el llamado caso AK-47, la compra ilegal de ese armamento durante el estallido social por parte de un grupo de ultraderecha.

Los abogados de Raide lograron que Alfonso Bulnes cumpliera prisión preventiva en la cárcel de Alta Seguridad en los primeros meses de este caso judicial, pero actualmente el imputado sólo cuenta con la medida cautelar de arresto nocturno.

Sin embargo, la poderosa e influyente familia Bulnes habría ejercido una fuerte presión sobre los testigos de esta causa, al punto que la Fiscalía Oriente, según personas al tanto del expediente judicial, habría o estaría evaluando abrir una investigación en esta arista. Según comentan fuentes al tanto, el abogado Santiago Bulnes Concha y el ex consejero del Servel, José Miguel Bulnes Concha, ambos hermanos del sujeto imputado, estarían en la mira del Ministerio Público por “amenazas” en contra de los testigos.

“Los casos de Nicolás López o de Martín Pradenas demuestran que no hay que tomarse a la ligera conductas como las que exhibieron Bulnes y Searle”, asegura una fuente judicial de este caso. “Ambos son, a todas luces, un peligro para la sociedad, en especial para las mujeres”.

En noviembre de 2020 El Mostrador reveló que el abogado Matías Lastra, del estudio Vial y Cia. donde trabaja también José Miguel Bulnes, pidió por Ley de Transparencia los procedimientos para entregar las patentes comerciales de los restaurantes que la familia Raide posee en Vitacura, los que resultaron estar todos en regla.

“Los testigos han recibido amenazas y amedrentamientos para que no declaren o lo hagan faltando a la verdad de los hechos, y también han recibido ofertas de «coimas» para lo mismo”, publicó El Mostrador en ese momento.

“Los casos de Nicolás López o de Martín Pradenas demuestran que no hay que tomarse a la ligera conductas como las que exhibieron Bulnes y Searle”, asegura una fuente judicial de este caso. “Ambos son, a todas luces, un peligro para la sociedad, en especial para las mujeres”.