Fiscalía Oriente
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
El director (s) Richard González, confirmó los hechos e indicó que la sustracción ocurrió en la Oficina de Planificación y Control de Gestión. Explicó que nunca había ocurrido una situación de estas características y que las cámaras de seguridad eran vigiladas tanto por el Ejército, a cargo de la seguridad perimetral y también por civiles al interior del recinto. Explicó que se inició un sumario administrativo y la denuncia a la fiscalía. También descartó un riesgo nuclear.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
El sujeto cruzó a Perú en octubre de 2023 a pocos meses de ser condenado a 541 días con pena remitida. El caso, a cargo de la Fiscalía Oriente, busca establecer un eventual blanqueo de activos “de persona natural”. En Estados Unidos, Aliaga enfrenta un proceso por fraude postal.
El caso lo lleva la Fiscalía Oriente, y hasta ahora hay 6 imputados, pero el líder sería el venezolano Jeffrey Milian Gamez, quien recibió el dinero en una cuenta bancaria nacional del resto de sus cómplices. Un tribunal de garantía autorizó el alzamiento del secreto bancario de todos los mencionados, para seguir la ruta del dinero.
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.
La determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se basó en una presentación de la Fiscalía Oriente que consideró que la falta estaba consumada, pese a que el ex uniformado aseguró que solo se defendió luego que un transeúnte lo llamara “traidor” y “ladrón” por afirmar que Pinochet era el responsable de los crímenes de la dictadura. La sanción fue suspendida por el tribunal atendido que tiene irreprochable conducta anterior, pero durante los próximos seis meses, no podrá tener problemas con la justicia.
El ex Publisher de El Mostrador, que sufrió la agresión en octubre de 2020 en la comuna de Vitacura, no aceptó un juicio abreviado y esta semana comienza el litigio oral en contra de los agresores. La fiscalía pide penas de cárcel efectiva para ambos, que ya cuentan con antecedentes penales.
Un video y audio revelados por El Desconcierto muestran que el policía incentivó la quema de la sede universitaria ocurrida durante el estallido social.
