El 21 de septiembre del año pasado, el gobierno emitió un comunicado que decía lo siguiente:
“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre, sobre una supuesta investigación en la cual la ex jefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert, habría estado citada a declarar por parte del FBI. Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU".
Este comunicado -firmado simplemente como ‘Gobierno de Chile’- fue la respuesta a un artículo publicado por nuestro medio el 15 de septiembre, en el cual se informaba que Lucía Dammert habría accedido de manera voluntaria a prestar declaración en el procedimiento penal que la justicia estadounidense llevaba en contra de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad mexicano entre 2006 y 2012 que recientemente fue encontrado culpable por delitos de narcotráfico , millonarios sobornos, y colaborar con el Cartel de Sinaloa liderado en ese entonces por el 'Chapo' Guzmán,
Dammert -reconocida experta en temas policiales y de seguridad en América Latina- trabajó al menos en 2007 y 2008 con García Luna, según consta en varios currículos de la ex jefa de asesores de Gabriel Boric. De hecho, el propio García Luna escribió un prólogo para el libro 'Un nuevo modelo de policía en México', publicado en 2013, en el cual Dammert figuraba como una de las autoras.
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Nuestro medio realizó solicitudes de transparencia a distintas reparticiones del gobierno -Presidencia, Secretaría General de Gobierno, ministerio del Interior y cancillería- para conocer “esa comunicación entre ambos gobiernos, sea en el formato que se encuentre (e-mail, whatsapp, etc.), de manera que podamos conocer el contenido del intercambio de mensajes, el medio por el cual se realizó, las fechas y horas de los mensajes, y todo tipo de detalles”, tal como señala nuestra solicitud original. Todas estos organismos respondieron a nuestro medio que el ministerio de Relaciones Exteriores sería el que de la respuesta.
El 8 de noviembre de 2022, el Minrel respondió a nuestro requerimiento señalando que “atendido a que las comunicaciones fueron transmitidas por vías verbales, no existen registros de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni en ningún otro soporte, que versen sobre la materia consultada en su solicitud de acceso a información, por lo que no existen antecedentes que entregar de acuerdo a lo establecido en la Ley No 20.285, sobre acceso a la información pública”.
A partir de ello, este medio interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia por considerar que la información entregada por las autoridades no había sido completa, y solicitando que se nos informe “sobre la fecha y hora en que se produjeron esas comunicaciones, si se trató de comunicación presencial, telefónica o de otro tipo, en qué lugar ocurrió, y principalmente, quiénes fueron esos interlocutores”.
En la sesión del 28 de febrero de 2023, el Consejo para la Transparencia resolvió, por unanimidad de los miembros presentes, acoger la solicitud interpuesta por Interferencia, ordenando al ministerio de Relaciones Exteriores entregar los detalles requeridos de la comunicación entre EE.UU y Chile referida en el comunicado emitido por el Gobierno.
El 20 de enero, la subsecretaría de Relaciones Exteriores, requerida por el CPLT, señaló a ese órgano que “en consideración a que no existen actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que den cuenta de la información solicitada por el reclamante, la subsecretaría de Relaciones Exteriores no puede elaborar una respuesta relativa a la identidad de los interlocutores, fecha, hora, lugar o el medio en que se realizaron esas comunicaciones verbales”.
Finalmente, en su sesión ordinaria del 28 de febrero de 2023, el Consejo para la Transparencia resolvió, por unanimidad de los miembros presentes, acoger la solicitud interpuesta por Interferencia, ordenando al ministerio de Relaciones Exteriores entregar los detalles requeridos de la comunicación entre EE.UU. y Chile referida en el comunicado emitido por el Gobierno.
“Lo anterior, por cuanto, no se encuentra satisfecho el estándar para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información reclamada en poder del órgano que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, al no haberse acompañado antecedentes que acreditaran la alegación, más aún, si se considera la emisión de un comunicado de prensa sobre la materia, y en específico, que hace referencia a las comunicaciones a las que alude la solicitud de acceso a la información pública”, se afirma en la resolución.
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El consejero Bernardo Navarrete se excusó de participar y votar en este caso debido a que trabaja en la Universidad de Santiago (Usach), misma casa de estudios en la que Lucía Dammert trabaja actualmente. De esta manera, la sesión estuvo integrada por el presidente del Consejo, Francisco Leturia, y las consejeras Gloria de la Fuente y Natalia González.
El CPLT citó jurisprudencia al respecto, señalando que en el caso concurren los principios de máxima divulgación, de apertura de la información, de las presunciones de relevancia y publicidad, y el principio de divisibilidad, según las cuales “resulta lógico que la administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente. Lo anterior resulta evidente para toda la información que no es ni acto ni resolución”, se afirma en el documento.
La cancillería tiene 15 días para reclamar la ilegalidad de esta decisión ante la Corte de Apelaciones. Una vez ejecutoriada la decisión del Consejo (es decir, cuando ya no procedan recursos en su contra), el ministerio encabezado por Antonia Urrejola tendrá cinco días hábiles para entregar la información requerida por nuestro medio.
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