Semanas atrás, la designación de la exfiscal Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad de José Antonio Kast desató polémica tras los dichos de la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien afirmó que el nombramiento fue “una conversación que llevaba un buen tiempo”.
La declaración resultó problemática, pues implicaba que esos diálogos se habrían producido cuando Steinert aún estaba en funciones en la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo que podría haber infringido el artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 19.640, que establece que los fiscales nacionales y regionales no pueden “tomar, en las elecciones populares o en los actos que las preceden, más parte que la de emitir su voto personal; participar en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político".
Sedini salió al paso y precisó que las negociaciones ocurrieron “pocos días antes de la nominación”, asegurando que el revuelo generado había sido “absolutamente innecesario”.
Sin embargo, hoy es otra la polémica que golpea al equipo de Seguridad escogido por el presidente electo.
El sábado pasado, el líder del Partido Republicano dio a conocer a los 39 subsecretarios que lo acompañarán desde el 11 de marzo. En esa nómina, el actual diputado Andrés Jouannet, de Amarillos, fue designado como subsecretario de Seguridad Pública.
La nominación del parlamentario, con experiencia en la materia por su paso por la Comisión de Seguridad de la Cámara y como representante de La Araucanía, generó resquemor por los vínculos que mantiene con algunas figuras a través de sus sociedades.
En marzo de 2025, Ciper publicó que Jouannet es socio de Bo “Emilio” Yang, imputado en la causa en que el Ministerio Público investiga el presunto delito de tráfico de influencias por parte de la senadora Karol Cariola.
En concreto, el recién nombrado subsecretario de Seguridad Pública comparte con Yang dos sociedades, Labs Latin America Business Strategy SpA y Empresa Forestal Comercial y Servicios Sur de Chile SpA. Según consignó La Tercera, en ambas no hubo inicio de actividades ni modificaciones societarias.
Pero no es lo único.
El medio citado también menciona Impresiones Quizapú Limitada, donde Jouannet es socio de Alberto Hadad Abuhadba, empresario vinculado al rubro de las tragamonedas que, como representante del gremio, fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.
El Ministerio Público logró condenar a dos empresarios que habrían entregado dinero a Hadad para financiar la campaña de su padre, Nelson Hadad Heresy.
Además, integra la sociedad Sebastián Salazar Bastidas, empresario ligado a las tragamonedas y reconocido como representante de EstelarBet, casa de apuestas online. A su vez, también es socio de Yang en la empresa Comercializadora Imperio Dragón Limitada, vinculada a salones de pool y juegos electrónicos.
Con ese trasfondo, desde la Oficina del Presidente Electo tomaron cartas en el asunto y, si bien no fue un tema central, sí formó parte de una reunión de coordinación en la que participaron Steinert, Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, Cristián Vial, futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau y funcionarios de Carabineros, reportó La Tercera.
En esa línea, desde el entorno de Kast aseguraron que estaban en conocimiento de esta información y que incluso fue conversada con Jouannet directamente. El parlamentario habría aclarado que dichas sociedades fueron alternativas de negocios que fracasaron, por lo que no se realizó el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Con todo, pese a que desde Republicanos intentaron contener la polémica, otras figuras de la derecha se refirieron a ella. El diputado Andrés Celis, de RN, señaló que: "Si efectivamente tuviese una sociedad con personas que están ligadas a tragamonedas o con casinos online, que no están autorizados por ley, considero que no es una designación acertada".
Por su parte, la diputada Gloria Naveillán, de PNL, afirmó que "las apariencias son importantes y esto no da una impresión muy maravillosa".
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