Los días previos al cierre del año 2023, el Gobierno anunció el ingreso de una nueva Ley General de Pesca en reemplazo de la legislación actual también denominada Ley Longueira. Una iniciativa que en los últimos años había sido duramente cuestionada por la intervención de intereses privados durante su tramitación en el Congreso y que inició la investigación del Caso Corpesca a propósito de sobornos por parte de las empresas a diversos actores políticos de la época. 

Pese a que el año 2016 se intentó subsanar la legislación por medio de un proyecto de ley para declarar la nulidad del proyecto, y el actual Gobierno ingresó una urgencia en agosto de 2022 para cambiar la legislación, la iniciativa se mantenía estancada en la Comisión de Constitución del Senado. 

Así, la propuesta del presidente Gabriel Boric se funda en más de 200 encuentros con distintos actores del sector, como pesca artesanal, industrial, mujeres dedicas a actividades pesqueras, trabajadores de plantas, académicos y científicos.

Además, la iniciativa posee cinco ejes centrales relacionado con el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, monitoreo, regulación e inversión; equidad social, intergeneracional, territorial y de género en el sector; enfoque científico-técnico dirigido a los ecosistemas marinos; transparencia en el sector pesquero y combate contra la pesca ilegal; y modernización de la regulación sectorial y fortalecimiento de la institucionalidad pesquera.

Con todo, la Comisión de Pesca de la Cámara sesionó este  3 de enero para iniciar la tramitación del proyecto de ley. En dicha instancia se escuchó la presentación del ministro de Economía, Nicolás Grau, y del subsecretario de Pesca, Julio Salas. Asimismo, la iniciativa eventualmente recalará en la Comisión de Hacienda una vez se vote la idea de legislar. 

Por el caso Asipes en el Bío Bío se iniciaron indagatorias sobre pagos millonarios para aportes de campañas de diputados y senadores para incidir en la discusión de la ley. allí figuraron los nombres de Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), actual diputado y jefe de bancada titular de Renovación Nacional en la Cámara.   

Y en ese contexto, en el Congreso aún persisten parlamentarios que en el pasado fueron investigados por el financiamiento ilegal de la política por parte de pesqueras en el denominado caso Corpesca y su arista con el caso Asipes. 

La arista Asipes y pagos a parlamentarios hoy en ejercicio

Si bien el caso Corpesca fue el más emblemático del financiamiento ilegal a políticos durante la tramitación de la ley, una de las aristas desprendidas de la investigación fue el caso Asipes. Mientras Corpesca operaba en el norte de Chile, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) lo hacía en la zona sur con parlamentarios y políticos de la zona.

A raíz de aquello, en el Bío Bío se iniciaron indagatorias sobre pagos millonarios para aportes de campañas de diputados y senadores para incidir en la discusión de la ley. allí figuraron los nombres de Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y Frank Sauerbaum (RN), actual diputado y jefe de bancada titular de Renovación Nacional en la Cámara. 

Según Ciper, tras no lograr su reelección en el año 2013, Sauerbaum presentó a Luis Felipe Moncada, en ese entonces gerente histórico de Asipes, los nuevos parlamentarios que integraron la bancada de RN en dicho período. La razón del contacto era acordar una vía para efectuar pagos a través de la empresa de su hermano Enrique Sauerbaum, también militante de RN.

Así, la Constructora Leufú recibió pagos desde Asipes entre los años 2013 y 2014, los que, según indicó el medio, constaron de tres cheques, uno por $1.8 millones y otros dos por $1.9 millones. Pagos que Sauerbaum negó haber recibido desde Asipes. 

En adición, se informó que en 2013 el diputado recibió $10 millones vía aportes reservados del Servel para su campaña parlamentaria, montos que fueron divididos en partes iguales por Alimentos Marinos y Camanchaca Pesca Sur, ambas empresas pertenecientes a Asipes. 

También figuró el nombre de Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), actual diputado de la Cámara. Según detalla Ciper, Coloma recibió entre enero y agosto de 2009 $4.4 millones por ocho boletas. En ese mismo año, Coloma tuvo una candidatura fallida a la Cámara por el distrito de Los Andes que concretó finalmente en el año 2013. 

Sin embargo, Sauerbaum no es el único nombre que en el pasado fue vinculado a financiamiento ilegal de la política que actualmente cumple funciones en el Congreso. 

En ese sentido, también figuró el nombre de Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), actual diputado de la Cámara. 

Según detalla Ciper, Coloma recibió entre enero y agosto de 2009 $4.4 millones por ocho boletas. En ese mismo año, Coloma tuvo una candidatura fallida a la Cámara por el distrito de Los Andes que concretó finalmente en el año 2013. 

También durante el año 2009, el ahora diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez Diez (UDI) registró seis boletas (una nula) por la suma de $3.3 millones desde Asipes. Ramírez, explicó que dichos pagos se fundamentaban en su trabajo en la Fundación Jaime Guzmán, pues dicha institución realizaba seguimiento legislativo para Asipes, labores que también cumplió Coloma. 

Por otra parte, a la figura de Van Rysselberghe en el Bío Bío, se sumó el de Jorge Ulloa y Sergio Bobadilla, quien actualmente cumple funciones como diputado e integra la Comisión de Pesca de la Cámara.

Según la información contable que revisó en ese entonces Ciper, Bobadilla recibió pagos de pesqueras a través de una consultora de su propiedad llamada Bobadilla & Crovetto, que fue creada en 2013 una vez que perdió su cupo en el Congreso. 

En ese entendido, el gremio pagó a la consultora de Bobadilla la suma de $26 millones entre junio de 2014 y agosto de 2016. Asimismo, el actual diputado también recibió en su fallida campaña del 2013 financiamiento por vía legal: $9 millones por parte de Pesquera Itata y $4 millones desde Camanchaca Pesca Sur, ambas empresas de Asipes que aportaron a la campaña mediante aportes reservados. 

Bobadilla fue una de las figuras más emblemáticas del caso e incluso se negó a dar su testimonio de manera voluntaria durante la investigación, razón por la que el Ministerio Público tuvo que solicitar su declaración por la vía judicial. 

Por otra parte, a la figura de Van Rysselberghe en el Bío Bío, se sumó el de Jorge Ulloa y Sergio Bobadilla, quien actualmente cumple funciones como diputado e integra la Comisión de Pesca de la Cámara. Según la información contable que revisó en ese entonces Ciper, Bobadilla recibió pagos de pesqueras a través de una consultora de su propiedad llamada Bobadilla & Crovetto que fue creada en 2013 una vez que perdió su cupo en el Congreso. 

"No existe inconveniente alguno en declarar acerca de cualquier caso. Sin embargo, este es un asunto jurídico y, parecía adecuado que la Fiscalía empleara exactamente el camino que la ley indica para la declaración de testigos que tienen la calidad de parlamentarios", argumentó Bobadilla en ese entonces. 

Otro de los nombres que figura es el de Arturo Squella (Republicanos) quien en el año 2009 fue electo diputado de la UDI. Si bien Squella se encuentra fuera del círculo parlamentario, hoy cumple un rol distinto desde otro domicilio político, pues es el presidente del Partido Republicano que dirige José Antonio Kast, conglomerado que en la Cámara posee 13 escaños. 

Según detalló Ciper, Squella como diputado por Quilpué y Villa Alemana emitió seis boletas (dos nulas) para Asipes por un total de $3.3 millones entre enero y junio de 2009, período que coincide con su primera elección parlamentaria. 

Al igual que Ramírez, Squella explicó que para el año 2009 trabajaba en la Fundación Jaime Guzmán y que también fue parte del seguimiento legislativo que Asipes solicitó.

Por otra parte, quien también estuvo involucrado en pagos de pesqueras es el actual diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi. En su calidad de senador, asesores del senador Bianchi recibieron montos millonarios desde Lota Protein, pesquera noruego-danesa que busca entrar al mercado nacional pesquero.

En detalle, según consignó Ciper, en 2013 Lota Protein pagó dos boletas emitidas por Claudio Barrientos Mol, jefe de gabinete de Bianchi, por un total de $11.1 millones.

En qué quedaron los casos

De los casos investigados en la arista Asipes, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, resolvió en el año 2020 el cierre de la investigación. Esto, tras no haber recopilado pruebas suficientes para acusar a las personas involucradas, por lo que el Ministerio Público decidió sobreseer a algunos de los imputados. 

De tal forma, la Fiscalía del Bío Bío decidió no perseverar en el caso Asipes en el que eran investigados Sauerbaum y Bobadilla quienes habían sido imputados por los delitos de cohecho y soborno, mientras que Bianchi fue sobreseído por el delito de cohecho.