En abril del 2023, el Gobierno Regional de Santiago lanzó un sistema inédito para la prevención del suicidio: un chat donde personas con ideación suicida podían acceder a ayuda psicológica inmediata. Sin embargo, si un usuario quisiera acceder al servicio en este momento no podría encontrarlo, pues dejó de operar en noviembre de 2023, pese al éxito de la iniciativa.

Lo anterior fue consecuencia directa del caso Convenios y, en particular, de la arista ProCultura, fundación encargada de la iniciativa. De las otras organizaciones que integraban el convenio —Katy Summer, Míranos, Círculo Polar, Para la Confianza, Todo Mejora y José Ignacio—, ProCultura era la única con respaldo financiero para ello.

Aunque el chat no era la única iniciativa dentro del programa, esta medida fue bien evaluada durante su funcionamiento. Según datos del GORE entregados a Interferencia, durante los 11 meses en que estuvo activo, los especialistas recibieron 6.054 contactos y realizaron 3.774 atenciones efectivas.

Para la ejecución del programa Quédate del GORE de Santiago dirigido por Claudio Orrego, se realizó una transferencia directa de $1.683.788.000, de la cual ProCultura solo rindió $600 millones. Esto se sumó al cierre de la fundación el 17 de noviembre del año pasado y detuvo la permanencia del programa, inicialmente planificado para durar dos años.

Aunque el chat no era la única iniciativa dentro del programa, esta medida fue bien evaluada durante su funcionamiento. Según datos del GORE entregados a Interferencia, durante los 11 meses en que estuvo activo, los especialistas recibieron 6.054 contactos y realizaron 3.774 atenciones efectivas.

Según explican desde el servicio, la creación de este chat surgió de 70 cabildos donde se propuso un sistema de ayuda especializado para personas en estado de ideación suicida o para terceros que pudieran buscar ayuda en su nombre.

El programa Quédate retomó su funcionamiento con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente en octubre de este año. Desde la entrada en vigencia del convenio, el primer trimestre se destinó a la planificación y gestión de los componentes que contempla el programa.

En cuanto al pilar de desarrollo de capacidades, incluye la capacitación del personal sociosanitario, prevista para el primer trimestre de 2025; la reapertura del chat de atención, actualmente en proceso de licitación, programada para marzo de 2025; y un servicio de acompañamiento a sobrevivientes de pérdida por suicidio, que comenzará a funcionar este mes.

El GORE de Santiago detalla que el programa cuenta con cuatro pilares: prevención, desarrollo de capacidades, vigilancia y derivación a la red. Este último incluye la implementación de dos centros centinela en la Región Metropolitana, que ya están operativos desde inicios de diciembre, ubicados en el Hospital El Salvador y el Hospital Félix Bulnes.

En cuanto al pilar de desarrollo de capacidades, incluye la capacitación del personal sociosanitario, prevista para el primer trimestre de 2025; la reapertura del chat de atención, actualmente en proceso de licitación, programada para marzo de 2025; y un servicio de acompañamiento a sobrevivientes de pérdida por suicidio, que comenzará a funcionar este mes.

Desde el GORE de Santiago, explicaron a Interferencia que el proceso podría extenderse varios meses debido a las etapas necesarias para su ejecución. Sin embargo, cuenta con el respaldo transversal del Consejo Regional. Una auditoría impulsada por los consejeros de Chile Vamos concluyó que todo estaba en orden y que era necesario retomar el programa.

Además, indicaron que el seguro aún no ha pagado el monto adeudado, ya que la aseguradora argumenta que ProCultura tiene problemas en varias regiones de Chile —Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén, Magallanes y Ñuble—. No obstante, desde la gobernación sostienen que esto fue desestimado por la Corte Suprema, ya que este proyecto no es equiparable a los ejecutados por la fundación en otras zonas.

Según lo informado, el convenio se ejecutó durante 11 meses con alrededor del 40% del proyecto completado. La interrupción fue atribuida a la responsabilidad de ProCultura. Asimismo, señalaron que cuentan con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado y la Comisión para el Mercado Financiero para exigir que la aseguradora entregue los $1.000 millones que la fundación no reportó.