El 9 de marzo Interferencia dio a conocer una demanda por tutela laboral interpuesta por Ítalo Pérez, ex administrador municipal de Calera de Tango, en contra de la alcaldesa de la comuna, Hortensia Mora (UDI); quien fuera también secretaria de José Antonio Kast cuando se desempeñó como diputado por el distrito que incluía a la comuna.

En el escrito, además de asegurar que se vulneraron los derechos fundamentales de Pérez, se revelan una serie de situaciones que potencialmente atentarían contra la probidad. Por ejemplo, asegura que Mora “me pedía que tapara irregularidades que le hacía saber que estaban ocurriendo, me enfrentaba con funcionarios en su oficina para asegurarles que las irregularidades no serían investigadas”.

Cuenta que Mora utilizaba vehículos fiscales para acudir “a comprar a Meiggs”, para “comprar vinos”, “regalos de navidad de su familia” e incluso acudir a una “venta de bodega de maquillaje y artículos que ella tenía organizada”; todo en horario laboral.

También, el ex alto funcionario de Calera de Tango cuenta que Mora utilizaba vehículos fiscales para acudir “a comprar a Meiggs”, para “comprar vinos”, “regalos de navidad de su familia” e incluso acudir a una “venta de bodega de maquillaje y artículos que ella tenía organizada”; todo en horario laboral. (Lea acá el artículo de Interferencia).

A partir de la demanda interpuesta por Ítalo Pérez, la concejala de Calera de Tango, Catalina Magaña (PS), presentó una denuncia en la Contraloría General de la República en contra de Hortensia Mora.

El recurso busca determinar “las responsabilidades administrativas” de la edil en el posible “uso irregular de los vehículos fiscales de la Municipalidad para fines particulares, tales como compras de maquillaje, regalos para familiares, e incluso solicitando al personal empleado de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango que la asistiera en sus compras dentro del horario laboral”. (Revise acá la denuncia).

En concreto y en opinión de la concejala Magaña, los hechos descritos por el ex administrador municipal y publicados en marzo por esta redacción configuran una “vulneración al principio de probidad”.