En octubre de 2021, la fiscalía nacional Económica (FNE) dio a conocer el informe preliminar de su sexto Estudio de Mercado, el que estuvo dedicado a analizar el mercado del gas en Chile entre los años 2010 y 2020, con especial atención a los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (GN).

Dentro de sus recomendaciones la FNE proyectó que, de acogerse una serie de recomendaciones entre las que se encuentran prohibir que los tres principales actores de GLP en Chile participen en la distribución de gas licuado a consumidores y cambios regulatorios en el GN, las tarifas podrían bajar 15% en la venta de balones de gas y entre 13% a 20% en el caso del gas natural.

Pero ¿cómo se llega a esta situación dentro de un mercado altamente sensible para consumidores debido a la importancia que tiene este servicio en la vida de las personas? El Ph.D. en Economía de Cornell University, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (FEN-UAH) y director Académico del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Eduardo Saavedra, plantea en qué consisten los abusos detectados por la FNE, junto con delinear una serie de medidas que ayudarían a regular el mal manejo que existe actualmente en este mercado.

Eduardo Saavedra plantea que según un estudio de la Comisión Nacional de Energía los hogares de Chile se abastecen el 30% de sus necesidades energéticas a través del GLP o GN.

En primer lugar, Eduardo Saavedra plantea que según un estudio de la Comisión Nacional de Energía los hogares de Chile se abastecen el 30% de sus necesidades energéticas a través del GLP o GN. “Para los hogares que representan el 37% de los chilenos con ingresos más bajos y cuyos hogares ganan $501 mil mensuales en promedio, el gasto anual en energía sólo para el hogar representa un mes de sus ingresos, por lo que los chilenos más modestos gastan diez días de su trabajo en el consumo de anual de GLP y GN”. También destaca que la estructura de esta industria es de escasa competencia y con pocas empresas participantes.

Todo el consumo final de GLP y GN se basa en importaciones en alguna parte de su cadena productiva. En el caso del gas licuado de petróleo existen tres actores dominantes en el mercado: Abastible, Lipigas y Gasco, quienes desde hace tres décadas no han enfrentado el ingreso de una compañía que sea capaz de hacerles competencia, además de tener en conjunto el 95% de participación en el GLP.

“La FNE concluyó que este mercado es de muy baja competitividad y de alto riesgo de acuerdos colusivos entre las tres empresas mencionadas”, afirma Saavedra. “El índice HHI fluctúa entre 3.350 y 3.550, a todas luces un mercado altamente concentrado. Dicha constatación no sólo es a nivel país sino también en la gran mayoría de comunas de Chile.

Adicionalmente, las empresas rivalizan en muchos mercados, ya sea en la dimensión geográfica como en la dimensión de los productos ofrecidos (distintas categorías de GLP envasado, granel, industrias, comercio, etc.), lo que pone una cuota extra de cuidado respecto de posibles conductas coordinadas en que estas tres empresas podrían enganchar”, plantea el Ph.D. en Economía de Cornell University.

El sobreprecio se estima en US$60 por persona, "es decir un promedio pagado por los consumidores en torno a los $42 mil … ¡seis veces mayor el sobreprecio pagado como compensación por la colusión del confort", expresa Saavedra.

Por otra parte, en este segmento no solo las participaciones de mercado se mantuvieron, sino que además aumentaron los márgenes para las distribuidoras mayoristas de GLP que pasaron de un 35% en el período 2012-2014 a 50%-55% entre 2015 y 2020. Esto produjo mayores rentas para las empresas distribuidoras mayoristas en US$ 261 millones anuales.

De esta manera, la FNE determinó que los consumidores terminaron pagando un sobreprecio de US$ 181 millones anuales. “Llevada esta última cifra a los seis años en que los márgenes se han mantenido por sobre el del período 2012-2014 y divido por 18 millones de personas, entrega una cifra de US$60 por persona, es decir un sobreprecio promedio pagado por los consumidores en torno a los $42 mil … ¡seis veces mayor el sobreprecio pagado como compensación por la colusión del confort!”, expresa el profesor Eduardo Saavedra.

Respecto de posibles indicios de acuerdos colusivos en el mercado del GLP, Saavedra plantea que “sin perjuicio de que es posible que la FNE pueda tener algunos antecedentes en esta línea, los que de ser efectivos los debería estar estudiando una división diferente a la que realizó el estudio mismo, razón por la cual es lógico que no se haya mencionado la palabra colusión en el informe público de la Fiscalía".

"Sin embargo, de los antecedentes públicos del estudio de mercado, que es lo que se tiene a la vista, no es posible afirmar que haya un acuerdo colusivo entre las distribuidoras mayoristas de GLP. Existen antecedentes de orden económico que son consistentes con colusión tácita, como el test de Borestein y Shepard realizado en dicho estudio, pero que también son consistentes con un mercado de escasa competencia en donde las empresas utilizan prácticas de manera no concertada para impedir la entrada y sostener así su posición de dominio”, dice Saavedra.

En el caso del mercado de gas natural, Saavedra afirma que el problema no es de libre competencia, sino que regulatorio a través de “un acto de aprovechamiento de un vacío en la ley para extraer rentas desde los consumidores de manera contraria al espíritu que regula las tarifas en este mercado”. 

En efecto, a mediados de 2016 ¬mientras de discutía en el Parlamento el mecanismo de determinación de rentabilidad máxima, se incluyó por parte del Ministerio de Energía un artículo transitorio que autorizaba el uso de los precios en contratos de gas de la distribuidora con empresas relacionadas, sólo de manera excepcional, siempre que dichos contratos se hubieren celebrado con antelación a la publicación de la ley en el Diario Oficial, cuestión que ocurrió seis meses después. Lo que se buscaba con este artículo transitorio era no afectar los contratos que estaban vigentes ya que si existían era porque no se vulneraba el principio detrás de imponer límites una vez publicada la ley. 

Sin embargo Metrogas –el principal distribuidor de gas natural en el país–, que tenía un contrato de distribución con GNL Chile (empresa cuya propiedad es de los controladores de Metrogas, además de Enel y Enap) vigente desde 2013 hasta el 2030, traspasó en julio de 2016 –mientras se discutía el artículo transitorio del Ministerio de Energía– el contrato de distribución a la empresa Aprovisionadora de Gas Natural (Agesa), cuya propiedad es idéntica a la de Metrogas (60% de CGE Gas Natural y 40% de Empresas Copec), mientras que en paralelo Metrogas y Agesa acordaron un nuevo contrato de suministro con precios mayores a los que Agesa le paga según el mencionado contrato a GNL Chile.

"No es posible afirmar que haya un acuerdo colusivo entre las distribuidoras mayoristas de GLP. Existen antecedentes de orden económico que son consistentes con colusión tácita, pero que también son consistentes con un mercado de escasa competencia en donde las empresas utilizan prácticas de manera no concertada para impedir la entrada y sostener así su posición de dominio”, dice Saavedra.

“Se trata de un cambio cosmético que sólo le permite a la distribuidora extraer rentas excesivas desde sus usuarios, ya que como grupo económico obtiene rentabilidades muy por encima de las que le corresponderían a la empresa Metrogas de haber continuado con su contrato original con GNL Chile”, explica el profesor Eduardo Saavedra en la revista Observatorio Económico.

Por ello, de acuerdo con la FNE, los clientes de Metrogas pagaron entre 13% y 20% más por gas natural, lo que significó rentas acumuladas entre 2017 y 2020 por un total de US$ 332 millones, casi 100 mil pesos extra por usuario de gas natural.

Dentro de las medidas que ha propuesto la FNE se encuentran que en el mercado del GLP se prohíba que las empresas mayoristas participen también en el mercado minorista, mientras que en el caso del GN se propone regular de manera explícita la noción de acceso abierto a las redes de transporte, así como una nueva norma que regule la rentabilidad máxima de una empresa distribuidora considerando a todo el grupo económico verticalmente integrado.

El Director del Departamento de Economía de FEN-UAH, Eduardo Saavedra, plantea que “desde una política energética del país es la imperiosa necesidad que Enap disponga de más trenes para el envasado de GLP en las regiones, al menos desde Valparaíso al Bío Bío. Una segunda medida de política adicional sería estudiar la entrada de Enap en la distribución mayorista de GLP, participación de la estatal que sin dudas le entregaría dinamismo a un mercado carente de competencia tal como ha enfatizado en el estudio de la FNE".

"En cuanto a la distribución de gas natural, me parece que se terminó la autorregulación con límites de rentabilidad que son revisados por la Comisión Nacional de Energía; seriamente se debe estudiar la regulación de precios y estándares de calidad en la distribución de gas por redes, tal como acontece en los servicios de agua potable y alcantarillado, y en distribución eléctrica en Chile”, agrega.

Contenido promocionado por Observatorio Económico y Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado.