La mañana de este martes, el presidente Gabriel Boric asistió hasta la ceremonia de cierre del Consejo Constitucional para recibir la propuesta emanada del órgano redactor y dar por finalizado el proceso que culminará el próximo 17 de diciembre con un plebiscito que tendrá por objetivo votar 'A Favor' o 'En Contra' el nuevo texto constitucional.
Se trata, en efecto, del segundo intento por reemplazar la constitución de 1980, luego de que el pasado 4 de septiembre del 2022 el texto redactado por la entonces Convención Constitucional fuera rechazado por un 62% de los votantes que concurrieron hasta las urnas.
Sin embargo, este nuevo proceso fue diametralmente opuesto al anterior, pues fue encabezado por el Partido Republicano que obtuvo 22 de 50 consejeros y que sumados a los 11 de Chile Vamos totalizaban 33 escaños en el Consejo. El órgano redactor fue dominado por las derechas al punto que solo el partido de José Antonio Kast tenía el poder de veto, pues superaba los 2/3 necesarios para vetar cualquier artículo lo que les permitió escribir un texto muy cercano a las ideas republicanas y solo mediado con la derecha más tradicional del espectro chileno: UDI, RN y Evópoli.
En tanto el oficialismo, que solo logró 16 consejeros más el consejero de la papeleta indígena, Alihuen Antileo, la búsqueda de acuerdos era prácticamente imposible dada la minoría en el Consejo sin poder llegar a acuerdos posibles.
Barchiesi señaló que una norma esencial es "la muerte cívica en el caso de corrupción y que la rehabilitación de la ciudadanía para aquellos funcionarios públicos condenados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo solo pueda ser rehabilitada por el Senado".
Luego de la ceremonia de cierre, Interferencia conversó con cinco consejeros y una experta del proceso para conocer los puntos controversiales y esenciales a considerar para el referendum de diciembre.
La oposición: Barchiesi, Martorell y Silva
Si bien los consejeros republicanos eran mayoría en el Consejo las voces autorizadas para hablar no eran tantas, pues se temían errores comunicacionales y solo destacaban entre sí un par de consejeros que oficiaban como voceros, uno de ellos es Antonio Barchiesi, quien afirmó a Interferencia que "hay dos grandes razones para votar a favor, la propuesta conserva todo lo bueno de nuestra Constitución vigente, pues toma lo bueno y lo proyecta hacia el futuro, además de ese elemento de continuidad hay una incorporación de normas que vienen a hacerse cargo de problemas actuales que tiene el país: inmigración ilegal, narcotráfico y corrupción".
En adición, Barchiesi agregó que "tres normas que para mí son esenciales, la primera: muerte cívica en el caso de corrupción y que la rehabilitación de la ciudadanía para aquellos funcionarios públicos condenados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo solo pueda ser rehabilitada por el Senado. Segundo, nueva arquitectura para el combate contra la delincuencia y el crimen organizado con la Fiscalía supraterritorial y la posibilidad de entregar competencia nacional a los tribunales penales. Y en tercer lugar, la expulsión en el más breve plazo para los extranjeros que hayan ingresado a Chile por pasos irregulares o no habilitados; son bienvenidos, pero entrando por la puerta, no por la ventana".
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A diferencia de la Convención, uno de los cambios que supuso el Consejo Constitucional acordado por los partidos con representación parlamentaria fue la incorporación de la Comisión Experta que se encargó de redactar un anteproyecto como etapa previa al trabajo que iniciaron posteriormente los consejeros. En ese sentido, una de las comisionadas expertas fue Katherine Martorell (RN), la ex subsecretaria de Prevención del Delito bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, fue una de las figuras que designó Renovación Nacional para integrar la Comisión.
Silva señaló a Interferencia que "seguridad, inmigración y sistema político. Seguridad porque este es un texto que robustece las capacidades del Estado para poder hacer frente a este cáncer que se ha complejizado y que hoy día va de Arica a Punta Arenas, sin distinción de regiones".
En ese sentido, Martorell señaló a Interferencia que "esta propuesta constitucional le va a dar estabilidad a Chile, pues hay normas que son fundamentales para las necesidades que han levantado los ciudadanos, como la seguridad ciudadana, el reconocimiento explícito a Carabineros, a las Fuerzas de Orden y Seguridad, el cuidado de las fronteras y la Defensoría de las Víctimas, que es un anhelo ciudadano muy importante".
"Crear un organismo [Defensoría de las Víctimas] autónomo que tenga las competencias y que no solamente pueda dar defensoría jurídica, sino que también apoyo psicológico y social, es muy importante. Respecto a las fronteras, yo destaco el resguardo de la frontera, la expulsión inmediata o el cumplimiento de penas que, por cierto, estén relacionados con los acuerdos internacionales que existan, pero lo importante es el espíritu de la norma, es decir, si una persona ingresa de forma ilegal, que sea deportada inmediatamente", agregó la ex subsecretaria.
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Otra de las figuras claves del Partido Republicano fue el consejero Luis Silva, quien además de ser una de las voces más representativas del Consejo, fue el más votado a nivel nacional entre quienes integraron el órgano. Con declaraciones altisonantes, disruptivas y algún otro error comunicacional que tuvo que rectificar, Silva encarnó el espíritu republicano y jugó un rol clave dentro de la instancia.
Consultado sobre los puntos esenciales, Silva señaló a Interferencia que "seguridad, inmigración y sistema político. Seguridad porque este es un texto que robustece las capacidades del Estado para poder hacer frente a este cáncer que se ha complejizado y que hoy día va de Arica a Punta Arenas, sin distinción de regiones. Inmigración porque hay una norma que contempla el principio básico, que es que quienes quieren entrar a Chile y quedarse en Chile tienen que cumplir con las reglas que Chile pone y si no tienen que irse, con el máximo respeto de todos los derechos de todas las personas. Y por último, sistema político, porque se establecen reglas que van a terminar con esto que se ha llamado la fragmentación en el Congreso, lo cual va a permitir mayores acuerdos".
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El oficialismo: Ljubetic, Pardo y Zuñiga
El oficialismo no logró ser una fuerza que pudiera imprimir su sello en el texto y durante los meses en que avanzó la redacción de las normas, en reiteradas ocasiones acusaron retrocesos por parte del articulado que iba conformando el texto definitivo.
"Este es el típico sueño de la extrema derecha neoliberal de reducir el Estado a las funciones mínimas y dejar todo lo demás entregado a las empresas", indicó Yerko Ljubetic.
En ese sentido, uno de los consejeros que logró notoriedad fue Yerko Ljubetic (CS) quien señaló a Interferencia que "entre las cuestiones que yo destacaría para votar en contra, en primer lugar, la norma que deja entregados los derechos sociales al modelo de negocio de las AFP e isapres, aquello significa que ya no tenemos la posibilidad de un Estado social y democrático de derecho. En segundo lugar, la norma que refiere al derecho de quien está por nacer, porque abre el riesgo de retroceder respecto a derechos adquiridos con mucho esfuerzo por las mujeres. Y en tercer lugar, el conjunto de normas relativas a reducir las capacidades regulatorias y fiscalizadoras del Estado que defienden a los débiles frente a los poderosos y a las empresas".
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"No se ha dicho mucho, pero esta es una propuesta constitucional que tiene como objetivo debilitar en materia de recursos, de contribuciones y de disposiciones la posibilidad de que las personas demanden el Estado. Este es el típico sueño de la extrema derecha neoliberal de reducir el Estado a las funciones mínimas y dejar todo lo demás entregado a las empresas", agregó el ex ministro del Trabajo bajo el mandato de Ricardo Lagos.
"La libertad de conciencia institucional, derogar la ley de aborto en tres causales e incluso que peligre la entrega de la píldora del días después, me parecen un retroceso profundo a los derechos de las mujeres", afirmó Paloma Zuñiga.
Otra de las consejeras oficialistas que logró notoriedad fue la abogada constitucionalista María Pardo (CS), quien señaló a Interferencia que "respecto de los derechos sociales hay retrocesos importantes, pues en vez de proteger a las personas y facilitarles la posibilidad de acceder a las condiciones mínimas para una vida más digna, se rigidiza un modelo de negocios que no ha funcionado para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, en lo que dice relación con el derecho a la salud, con el derecho a la seguridad social y con la educación. Acá vemos que se institucionaliza un modelo que sabemos que ha atendido -y está estudiado- a la segregación socioeconómica".
La consejera, también apunta hacia la reducción de diputados en la Cámara como una forma de atentar en contra de la representatividad. "Por otra parte, en el ámbito del sistema electoral hay varias disposiciones que nos parecen muy complejas como la reducción de parlamentarios en la Cámara de Diputados y un mandato de redistritaje. Todas estas normas nos hacen pensar que lo que se está proponiendo es la reducción del Congreso que va a terminar o va a redundar en una reducción de la representatividad, haciendo un cálculo de lo que a ellos [derecha] les conviene en una proyección hacia las próximas elecciones", afirmó Pardo.
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En una línea diferente, otro de los puntos que fue catalogado como un retroceso y que incluso para algunos transformó a este texto en uno 'anti mujer' fue la protección de la vida de quien está por nacer. Frente a ello, la consejera Paloma Zuñiga (RD), indicó a Interferencia que "dentro de la propuesta hay normas que me parecen muy peligrosas y que pueden poner en riesgo el aborto en tres causales cambiando el qué [está por nacer] por el quién [está por nacer]. En el fondo, transformar al feto en sujeto de derecho".
"La libertad de conciencia institucional, derogar la ley de aborto en tres causales e incluso que peligre la entrega de la píldora del días después, me parecen un retroceso profundo a los derechos de las mujeres. Nosotros insistimos que esta es una discusión que divide a la mujer chilena, porque hay mujeres que legítimamente están en contra del aborto y mujeres que legítimamente están a favor del aborto libre. Entonces, nos parece que no es solamente un retroceso en términos del aborto en tres causales, sino que también un retroceso en los derechos de las libertades profundas de las mujeres en relación a su cuerpo. Eso a mí me parece ya suficiente como para votar en contra de esta propuesta constitucional", agregó Zuñiga.
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Los "verdaderos chilenos" de
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