En una de las audiencias judiciales por el escándalo de financiamiento ilegal de la política en el año 2015, el ex fiscal a cargo del caso Penta, Carlos Gajardo, pronunció una célebre frase para acusar a la compañía financista de la UDI de constituirse en una “máquina de defraudar al fisco”. Esta semana el Senado se encargó de recordar el triste ardid de las boletas falsas, durante un debate por la elección del nuevo Fiscal que lo ha convertido en un artefacto parecido, una máquina de destruir instituciones y defraudar a la ciudadanía.

La desenfadada conducta de varios senadores durante las dos fallidas votaciones para una nueva dirección del Ministerio Público transformó una deliberación que debía ser técnica y jurídica, en un vergonzoso campo de batallas personales para cobrar cuentas al gobierno, vengarse de algunos fiscales por persecuciones penales y reforzar redes de influencia política sobre una institución fundamental para combatir la severa crisis de seguridad pública que aflige a la ciudadanía.

"El Ministerio Público nació con el nuevo siglo y representa el cambio más importante del sistema judicial chileno, pero la sombra de la intervención política lo acechó desde sus inicios".

La caída de José Morales, la primera propuesta del Presidente Gabriel Boric, fue causada por la manifiesta traición de cuatro senadores de su propia coalición que quisieron enrostrarle a La Moneda la importancia de concederles mejor trato y mayores prebendas para obtener su voto. De paso, las rencillas internas de la propia Fiscalía abrieron una guerra sucia para demoler la imagen de algunos candidatos, mostrando el inquietante estado de descomposición institucional.

El segundo intento fallido para designar a Marta Herrera desató una grosera escalada de descalificaciones y demostraciones de irresponsabilidad política. Sacar del camino a la jefa de la Unidad anticorrupción le allanaba terreno al favorito del establishment, Ángel Valencia, dotado de fuertes lazos con la derecha y figuras de la ex Concertación.

Así es como el proceso de designación de fiscal nacional ha dado lugar a impúdicas actuaciones que se deben anotar, aunque irriten:

"En 2015 el sistema de partidos decidió salvar su pellejo ante el descubrimiento de sus mecanismos de financiamiento ilegal y secuestró el Ministerio Público, designando a quien le diera garantías de impunidad. Desde entonces, figura entre las cinco instituciones peor evaluadas".

• Un desinhibido protagonismo del UDI Iván Moreira, desaforado por la misma fiscalía a causa de sus delitos tributarios y boletas falsas. El parlamentario no trepidó en criticar la gestión de su propio salvador, el ex fiscal Jorge Abbott, a quien su compañero, el ex senador Hernán Larraín, pidió celeridad para la causa, obteniendo un juicio abreviado sin condena.

• El veto insólito del senador Pedro Araya a la candidata Herrera, quien indagó a su pareja, la ex ministra Javiera Blanco, por los sobresueldos que recibía de gastos reservados de Carabineros durante su gestión como subsecretaria de esa rama policial.

• La desvergonzada descalificación del senador Carlos Bianchi al fiscal nacional subrogante Juan Agustín Meléndez, por haber formalizado a su padre, el diputado homónimo,  como autor de negociación incompatible y fraude al fisco en el arrendamiento, con cargo al Senado, de un inmueble de su suegra en Punta Arenas como sede parlamentaria.

• La descarada declaración de la senadora Ximena Rincón, quien anunció su voto en contra de la candidata Herrera por una alta consideración de Estado: “el gobierno no me consultó”.

• El inexplicable argumento del senador Felipe Kast contra la Fiscalía, por no perseguir delitos que aún no se han cometido.

• La impresentable omisión de inhabilidad del senador RN Juan Castro, formalizado en 2016 por cohecho, negociación incompatible y malversación de fondos, en la persecución de la Fiscalía de Talca.

El Ministerio Público nació con el nuevo siglo y representa el cambio más importante del sistema judicial chileno, desde que se estableció el Código de Procedimiento Penal en 1906. Pero la sombra de la intervención política lo acechó desde sus inicios. El primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena,  recuerda la causa más compleja de su período, la investigación en el año 2003, del abuso de menores por el senador Jorge Lavandero, “una experiencia muy difícil, muy traumática, porque el parlamentario tenía mucho poder”, dijo en una entrevista a La Tercera el ex fiscal, apuntando a un nudo clave de la relación que existe entre la persecución penal y el poder político.

Justamente para evitar esos intentos de captura de la institución persecutora, se estableció la participación de los tres poderes del estado en la designación del Fiscal nacional, que funcionó sin mayores contratiempos durante la gestión de Piedrabuena y su sucesor Sabas Chahuán. Pero en 2015 el sistema de partidos decidió salvar su pellejo ante el descubrimiento de sus mecanismos de financiamiento ilegal y secuestró el Ministerio Público, designando a quien le diera garantías de impunidad. 

Desde entonces, la Fiscalía figura entre las cinco instituciones peor evaluadas, con niveles desconfianza que han fluctuado entre el doce y el quince por ciento, según las mediciones del CEP, unos cinco puntos por encima del Congreso y diez sobre los partidos políticos.

"Como le ha sucedida a toda la elite, se perdió la memoria sobre la brutal impugnación sufrida durante el estallido social de 2019 y se instaló el convencimiento de que el plebiscito del 4 de septiembre constituye una redención de las instituciones y un mandato con carta blanca para mantener las malas prácticas de la política".

Al igual que otras crisis previas y posteriores al escándalo de las boletas falsas, la política supo encausar aquel conflicto a través de un acuerdo nacional por la probidad y la trasparencia, que permitió incentivar la integridad en el financiamiento de las campañas y los partidos. Pero el daño causado a la imagen de la persecución penal ya era irreversible y su coaptación por los senadores quedó grabada en los registros del malestar ciudadano.

Sin embargo, los parlamentarios adolecen de memoria y autocrítica. No parecen recordar que durante el debate en la Convención Constitucional se generó una reflexión politológica y jurídica en la comunidad académica, sobre la necesidad de limitar las facultades de la Cámara alta, para equilibrar la representación política con un sistema de bicameralismo asimétrico. La reacción corporativa de los senadores ante aquel debate fue feroz; aferrados al poder de sus escaños desplegaron todas sus energías para salvar la comodidad de sus largas carreras de ocho años, renovables hasta 16, y mantener las amplias potestades que incrementan su influencia, entre ellas justamente la designación de autoridades de organismos autónomos.

"El Ministerio Pública cumplirá tres meses sin conducción, mientras los senadores persisten en imponer sus voluntades individuales sin que la seguridad pública les quite el sueño".

Pero como le ha sucedida a toda la elite, se perdió la memoria sobre la brutal impugnación sufrida durante el estallido social de 2019 y se instaló el convencimiento de que el plebiscito del 4 de septiembre constituye una redención de las instituciones y un mandato con carta blanca para mantener las malas prácticas de la política.

El mismo Senado que en 2015 capturó a la Fiscalía instalando al gendarme de su impunidad, el ex fiscal Jorge Abbott, se ha permitido abusar de la paciencia de los chilenos y chilenas, desatando un episodio de descaradas disputas de poder, sin siquiera reparar en la fragilidad de su reputación. El Ministerio Pública cumplirá 3 meses sin conducción, mientras los senadores persisten en imponer sus voluntades individuales sin que la seguridad pública les quite el sueño.