El segundo aniversario del estallido social, conmemorado el pasado lunes 18 de octubre, sorprendió por su masividad considerando que durante largos meses no habían manifestaciones de esa convocatoria. 

Un número superior a los cien mil manifestantes en Plaza Dignidad, y movilizaciones en distintos puntos del país, plantearon la pregunta: ¿sigue vivo el estallido social pese a que ha sido canalizado por la promesa de una nueva Constitución para Chile? 

Las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, las consignas que buscaron realzar la memoria de los caídos durante el estallido y la libertad de los presos por protestar, mostraron que eventualmente el malestar que dio origen al estallido permanece en los ciudadanos pese a las soluciones institucionales. 

Sumado a esto, si en 2019 los medios tradicionales y el establishment político destacaron algunos aspectos positivos y hasta épicos de las movilizaciones ciudadanas durante el estallido en 2019, en esta ocasión se esmeraron en mostrar aisladamente los hechos de violencia. Este tipo de discurso fue usado incluso por candidatos a la presidencia considerados de izquierda, como es el caso del frenteamplista Gabriel Boric.

INTERFERENCIA conversó con el académico del departamento de sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Florencia, el cual señaló que la Convención ha sido una solución política a un malestar social cuyo origen principal son las necesidades económico-sociales de las personas. Además, planteó que la principal amenaza para el proceso constitucional y el sistema político en el mediano plazo es que "no tenemos instituciones sólidas que puedan permitir arraigar o consolidar rápidamente el nuevo diseño constitucional que sea establecido en la nueva carta".

- Sebastián Piñera valoró positivamente la marcha más grande de la historia el 25 de octubre de 2019 -en pleno estallido- a través de sus redes sociales rescatando la protesta pacífica, pese a que las movilizaciones pedían su renuncia y él estaba en el centro de las crítica. Hay un establishment político y medial que rescató aspectos positivos de la revuelta, el cual hoy parece resaltar solo la violencia y los aspectos negativos. ¿A qué cree que se deba esta especie de resignificación del estallido social?

- Tiene que ver con el hecho de que la revuelta tiene tres dimensiones. La primera de ellas es que el estallido tiene un carácter ciudadano, de apropiación, en el que una parte de la ciudadanía, especialmente aquella que no ha tenido un rol protagónico y que no se había involucrado en aspectos del proceso político chileno, comienza a hacerlo desde el 18 de octubre de 2019. Esa dimensión ciudadana es importante y potente, y se manifestó a través de diversas formas de apropiación, con marchas pacíficas y manifestaciones, a través de cabildos y también instancias de discusión a nivel barrial. 

La segunda dimensión de este proceso, que se extiende entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando sobreviene la pandemia, es que tenemos una movilización que es de carácter absolutamente nacional, como se había dado en muy pocos momentos de nuestra historia. Es toda la población del país la que se manifestó en protestas, en diversas formas de participación. En los lugares más recónditos, en localidades rurales, pueblos, ciudades, y también en las grandes ciudades como la capital. 

Y el tercer elemento es el más destacado desde luego por los medios de comunicación y una parte de la clase política, sobre todo por el oficialismo, que es el fenómeno de la violencia, que tiene a llevar a criminalizar la protesta y toda la movilización ciudadana que estuvo detrás de la revuelta iniciada el día 18 de octubre. Eso involucró los días previos a ese día cuando se manifestaron los estudiantes, que desembocó finalmente en una gran movilización de carácter ciudadana. 

Esta última es la dimensión que más se resalta por los medios tradicionales, por el oficialismo y principalmente por parte de los sectores que fueron contrarios a introducir cambios sustantivos al sistema político y al modelo de desarrollo. 

Esos sectores tienden a criminalizar y a establecer una relación directa entre el carácter ciudadano de la manifestación con el fenómeno de la violencia, que muchas veces se da acompañada de la movilización ciudadana pero en otras ocasiones incluso se da de manera absolutamente aislada de la manifestación ciudadana en las movilizaciones entre octubre de 2019 y marzo de 2020. 

- Pero ese establishment muchas veces vio con buenos ojos el estallido, y ahora parece cambiar la estrategia diametralmente...

- La razón de ese visto bueno de parte de sectores conservadores es la masividad de las manifestaciones. La convocatoria de estos eventos que tendrán lugar en Baquedano y en las principales ciudades del país, donde se dieron grandes concentraciones. Eso genera un llamado de atención a la clase política e incluso a los grupos considerados más reaccionarios. Ellos se ven obligados a pensar en que hay un fenómeno que no se puede desconocer. Por eso en un determinado momento observamos que hay una evaluación positiva frente a esta irrupción y movilización de la ciudadanía. 

Además, hay algo que ocurre el día siguiente al 19 de octubre de 2019. Si bien el 18 de octubre la manifestación se volvió históricamente intensa y potente, se concentró en la Región Metropolitana, pero el 19 se observó que el movimiento se propagó a todo el país. Yo creo que a partir de ese entonces, el Gobierno al menos toma conciencia de que esto va más allá de meros hechos de violencia o movilizaciones que estén acompañadas de episodios de violencia de carácter colectiva. 

Ahí por fuerza comienza a variar la opinión de representantes de la clase política. De hecho me tocó participar en un panel televisivo en la época, al que asistieron representantes de la clase política. Figuras como Felipe Harboe, Felipe Kast, los cuales intentaban dar una interpretación que no fuera solamente negativa a los acontecimientos que estaban teniendo lugar. Desde luego tenían interpretaciones distintas sobre cuál era la solución, pero desde ese momento se podía reconocer que había una especie de toma de conciencia de lo que pasaba. 

- Pero queda la duda de si esa toma de conciencia es tal o tiene que ver con un cálculo político más electoral o partidocrático al ver que la institucionalidad se venía abajo y por ende había que estar en acuerdo con manifestaciones de tal nivel de masividad... 

- Existe un teorema muy conocido que dice que apoyar los cambios, en un determinado momento, tiene menos costos que rechazarlos, cuando hay una opinión generalizada que apoya esos cambios. Entonces esos sectores renuentes a los cambios cuando se ven enfrentados a determinadas situaciones como la del 18 de octubre, no queda más que plegarse a la demanda por cambio, a la manifestación del grueso de la población que espera un cambio o transformación.

Esto porque el costo de rechazar o resistir a esos cambios es mayor que si se cede a esas demandas, ya sean de cambios políticos o económico-sociales.

Eso lo observamos rápidamente en figuras de la derecha cuando plantean la necesidad de responder a ciertas demandas sociales. De hecho se comenzó a hablar de una derecha social que se posiciona como consecuencia del estallido. Aparecen figuras como Desbordes y otros que plantean una agenda social dentro de la derecha.

Entonces es cierto, ahí la interpretación varía entre los actores de la clase política debido a que algunos ven que está en juego su propia proyección dentro del sistema, o está en juego la mantención de una institucionalidad que, en el caso de la derecha y los sectores más conservadores, habían defendido de manera bastante categórica por mucho tiempo. 

- La conmemoración del segundo aniversario del 18 de octubre fue sorpresiva por su convocatoria, pues no habían manifestaciones tan grandes desde mucho tiempo. Uno se pregunta, ¿la Convención Constitucional y otros procesos institucionales como las presidenciales, no han conseguido canalizar esa energía y malestar del estallido? ¿Hay todavía mucha energía fuera de esas vías institucionalizadas? 

- Eso es porque se trata de temas no resueltos. De hecho, toda la demanda de octubre de 2019 no ha sido resuelta, porque la salida constitucional es una solución política al problema, pero que no logra responder al grueso de las demandas sociales. Entonces queda una situación de conflicto latente que no se resuelve, pero que entra en suspenso a propósito de la pandemia, que puso una pausa a esas demandas. 

En determinadas ocasiones vimos durante parte importante del año pasado, que de vez en cuando afloraron ciertas situaciones de conflicto o movilización que muchas veces estallaron de manera espontánea. Esa espontaneidad en cierta medida estuvo presente el lunes en la conmemoración, pero además hay cierto grado de coordinación a estas alturas, considerando que hay organizaciones que se fueron constituyendo previo al 2019 y que se fortalecieron con el estallido en octubre y se proyectan hasta el día de hoy. 

Pero hay algo bien sintomático respecto de esta institucionalidad que señalas, y que ha sido continuo desde octubre de 2019, y es la ausencia de los partidos. El lunes también se vio eso, no están los partidos políticos en estas manifestaciones, ni siquiera de aquellas agrupaciones que tuvieron más éxito en las elecciones constituyentes. Tampoco hay pancartas de candidaturas, nada de eso aparece. 

Entonces es un movimiento que se tiende a apartar de la organización política, porque uno de los grandes rasgos que tuvo toda la revuelta social es la ausencia de conducción, lo cual fue notorio pese a esfuerzos de ciertas instancias de coordinación que surgieron, como la mesa de Unidad Social, por ejemplo. 

- Tampoco había banderas de la Lista del Pueblo, por ejemplo...

- Nada, y eso obedece a que la Lista del Pueblo se reconoce como parte de los sectores representados en la institucionalidad política, considerando además la desintegración de ese grupo original que fue electo en la constituyente. 

- ¿La Convención entonces canalizó la energía del estallido o no?

- Desde luego la Convención como está constituida representa buena parte de esa diversidad que surgió en octubre de 2019. Por otro lado es muy auspicioso el hecho de que uno de los grandes escollos que han tenido las asambleas constitucionales en la historia del mundo ha sido la discusión del reglamento, y en el caso chileno se consiguió sortear eso en tiempo record y ya se inició el proceso de redacción del contenido de la nueva Constitución. 

Probablemente vendrá una inflación descontrolada, y eso es impopular y tensionará a cualquier gobierno. En Latinoamérica hay muchas experiencias de gobiernos que han atravesado situaciones de inflación o superinflación que han terminado abruptamente o al menos no siendo reelegidos. Eso sería muy complejo considerando estas demandas no resueltas y la redacción de la Constitución.

Es auspicioso además, porque las fuerzas más opositoras al cambio quedaron bastante subrepresentadas, además de que los actores más moderados han sabido converger sus puntos de vista con el resto de los sectores representados, como es el caso, por ejemplo, de Independientes No Neutrales, que muchos esperaban que tuvieran más colaboración con la derecha o la ex Concertación, pero que más bien han cooperado con los sectores más promotores del cambio.

- ¿Cómo conversa la Convención Constitucional con este descontento que persiste?

- Ahí está la principal disyuntiva, y la interrogante que todos nos hacemos respecto del devenir del proceso constituyente el próximo año, cuando se tenga que efectuar el plebiscito de salida del nuevo texto constitucional. Eso va a depender de cómo se logre conjugar o articular lo que está ocurriendo dentro de la Convención con lo que está fuera de la Convención. 

Ahí será importante el rol que tengan algunas fuerzas política. Será importante quién llegue al gobierno y esto vale para las candidaturas que tienen más posibilidades de llegar a la segunda vuelta, como la de Gabriel Boric o la de Yasna Provoste, en las que hay cierta voluntad o intención de producir los cambios, considerando que la DC más conservadora no obtuvo representación en la Convención Constitucional y que en el caso de las elecciones presidenciales, han tendido a migrar a la candidatura de Sichel, consiguiendo que no sean protagonistas en la candidatura de la DC. 

El malestar persiste porque la Convención dio solución política al estallido, pero la demanda económico-social no ha sido resuelta. Se opta por una salida política a través del acuerdo del 15 de noviembre que da inicio a la elaboración de una propuesta para llevar a cabo el plebiscito para una nueva Constitución. Eso resuelve una parte del conflicto, pero no logra responder a la demanda original que es una demanda económico-social. 

Es muy importante esta conducción, porque hay bastante consenso en que lo que se viene el próximo año es bastante difícil, y no solo desde el punto de vista del destino de la Constitución, sino que principalmente desde el punto de vista económico.

Fundamentalmente la inflación que es algo a lo cual no estamos acostumbrados en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos. Probablemente vendrá una inflación descontrolada, y eso es impopular y tensionará a cualquier gobierno. En Latinoamérica hay muchas experiencias de gobiernos que han atravesado situaciones de inflación o superinflación que han terminado abruptamente o al menos no siendo reelegidos. Eso sería muy complejo considerando estas demandas no resueltas y la redacción de la Constitución. 

- Gabriel Boric, candidato de izquierda en las presidenciales, salió rápidamente a condenar la violencia de esta última marcha. Uno podría pensar que no pretende los votos de la gente que fue a manifestarse ayer. ¿Eso quiere decir que la gente que se reunió está fuera de la institucionalidad? ¿Se trata de los ciudadanos que no votarán en la elección?

- Creo que depende de quiénes sean los contendores. Si Boric disputa contra Kast, no me cabe duda que gran parte de la gente que se movilizó el lunes irá a votar por Boric. Es distinto si cambian las configuraciones.

Además, hay que tomar en cuenta que el escenario ha sido muy volátil. Todas las candidaturas que se mostraban como candidaturas preferenciales terminan no siéndolo. Pasó con Lavín, con Jadue, con Pamela Jiles, y también podría pasar con Gabriel Boric en estas cinco semanas que quedan y en las que podrían pasar muchas cosas dada la inestabilidad del momento. 

Eso obedece a la fragmentación que existe en el sistema de partidos, a la falta de solidez institucional. Eso genera desde luego esta incertidumbre y volatilidad. 

En el caso de Gabriel Boric se agrega el hecho de que él está enfrentado a dos almas dentro de la izquierda. Un alma más rupturista y menos institucionalista en su forma de hacer política, y otra que es más institucionalista, que está involucrada directamente en el proceso constituyente, y que está dispuesta a llegar a grandes acuerdos con diferentes sectores, no solo de izquierda, sino que también de centro y derecha. 

La gran amenaza que existe en el mediano plazo es que no tenemos instituciones sólidas que puedan permitir arraigar o consolidar rápidamente el nuevo diseño constitucional que sea establecido en la nueva carta fundamental.

La estrategia de Boric ha sido intentar volcarse hacia el centro, En esta elección será clave ese elector no politizado, que deambula entre lo que podríamos decir el mundo de la centroizquierda, la derecha, y que está constituido por personas que votaron en la elección pasada por Guillier o incluso por Piñera, y que son electores que no se sienten muy interpretados y que eventualmente podrían no votar. A ese votante ha apostado mucho Boric, Provoste y también Sichel, que es de derecha. 

- Considerando el descontento visto el lunes. Uno podría decir que esto responde a cuestiones no resueltas y que esa gente no piensa que la Convención haya sido la solución definitiva y tampoco los partidos políticos. En atención a esto, ¿crees que pueda haber un nuevo estallido?

- Eso se ha planteado mucho. Está dentro de las posibilidades, a pesar de que muchos han dicho que no sería de la misma envergadura, o que si lo es, sea algo mucho más anómico o más de tipo transgresor al marco institucional o legal. 

Porque lo que aquí está en juego es la demanda económico-social. El malestar persiste porque la Convención dio solución política al estallido, pero la demanda económico-social no ha sido resuelta. Se opta por una salida política a través del acuerdo del 15 de noviembre que da inicio a la elaboración de una propuesta para llevar a cabo el plebiscito para una nueva Constitución. Eso resuelve una parte del conflicto, pero no logra responder a la demanda original que es una demanda económico-social. 

Hay un argumento que es bastante coherente que sostiene el proceso constitucional, el cual dice que para que puedan haber cambios económico-sociales debe haber un cambio de la Constitución primero. Porque es sabido que la Constitución del 80 planteaba cuestiones que hacían imposible una serie de cambios que en esta ocasión se están solicitando. 

Un nuevo estallido dependería de los tiempos, de cómo se manejen los tiempos, y ahí es muy importante la capacidad de conducción, la capacidad de liderar, y la fortaleza institucional. 

Me gustaría resaltar algo, y es que la gran amenaza que existe en el mediano plazo es que no tenemos instituciones sólidas que puedan permitir arraigar o consolidar rápidamente el nuevo diseño constitucional que sea establecido en la nueva carta fundamental. Eso es un problema, y me atrevería a establecer una comparación histórica.

Cuando se pone en marcha la Constitución de 1925, que es la que permitió los mayores avances y democratizar a la sociedad chilena, esa Constitución demoró alrededor de 13 años en arraigarse de manera definitiva en la sociedad chilena. Pasando por gobiernos autocráticos como la dictadura de Ibáñez, o por situaciones de inestabilidad política como las de 1931 y 1932, hasta la vuelta de Alessandri, que a través de fórmulas de tipo autoritario consideró afianzar esa institucionalidad. La pregunta es, ¿cuánto va a demorar ese proceso de arraigo de la nueva institucionalidad?