caso audio

La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.

El TC deberá resolver si la reserva de los antecedentes que constan en la Comisión de Ética del máximo tribunal que investigó a Muñoz antes de ser destituido, se apega a los parámetros de la Carta Fundamental. Entre los supremos, la idea no es de su agrado.

La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.

Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.

La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.

Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.

En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.

El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.

Entre los mensajes, se constata que Hermosilla efectúo esfuerzos para asegurar la llegada de Vivanco a la Suprema y que una vez estando allí ella le compartió información que aún no era pública sobre recursos judiciales que afectaban a Carabineros y la PDI cuando Hermosilla trabajaba para el Ministerio del Interior, en el segundo período de Sebastián Piñera.

El agradecimiento de Matus a Hermosilla después de su nombramiento; la solicitud de apoyo de Ángela Vivanco al abogado para allanar su nominación a la Corte Suprema que se sumó al ofrecimiento que la pareja de la ministra, Gonzalo Migueles, realizó al fiscal Carlos Palma; la denuncia por entrega de información privilegiada de Sergio Muñoz a su hija y la polémica en el nombramiento de María Teresa Letelier que involucró a Mario Desbordes son algunos de los conflictos del máximo tribunal.

A raíz de un artículo de Interferencia titulado 'Fiscalía pide mensajes de Hermosilla a la PDI que pudieron favorecer a Katherine Martorell y abre nueva arista en el caso audio', Martorell publicó en sus redes sociales una declaración pública al respecto.

La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.