En 31 páginas y 101 puntos, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, respondió el informe solicitado por el tribunal de alzada capitalino, en el marco del recurso de protección interpuesto por el ex ministro Sergio Muñoz, quien a mediados de octubre fue destituido por el Senado.

En el documento que publica íntegramente Interferencia, Chevesich pidió que la presentación sea rechazada en todas sus partes y se condene a Muñoz a pagar las “costas” del juicio.

Los argumentos preparados por el alto tribunal rebatieron, básicamente, los puntos centrales de la presentación de Muñoz, donde indicó que cuatro derechos constitucionales básicos le fueron conculcados:  igualdad ante la ley, no ser juzgado por una comisión especial, integridad síquica y vida privada y honra.

Según la Suprema, la presentación de Muñoz “contiene un defecto insalvable en su argumentación, de origen incomprensible”, pues cuestiona hechos que nunca ocurrieron. Por ejemplo, jamás fue sancionado disciplinariamente por el máximo tribunal, sino solo investigado por la Comisión de Ética. Y en esa línea, detalla el informe firmado por Chevesich, un eventual castigo tampoco pudo ocurrir ya que la Cámara Alta lo destituyó del cargo el 16 de octubre del corriente por notable abandono de deberes.

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En esa línea, el informe explica que el recurso de protección adolece también de una explicación formal de cómo se habrían violado los derechos que le otorga -tanto a Muñoz, como a cualquier ciudadano- la Constitución Política.

“De lo contrario, la mera enunciación general de esa afectación, sin entrar en detalles o siquiera algún rasgo distintivo e identificable de su configuración específica, resta credibilidad la pretensión procesal del recurrente y no permite un adecuado derecho a la defensa del recurrido, toda vez que no existen elementos concretos (...) a los que siquiera se podría hacer referencia”, detalla el texto.

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Cabe recordar que Muñoz fue destituido por el Senado, en dos capítulos distintos de una acusación constitucional, donde se invocó la causal del notable abandono de deberes. El primero por no haberse inhabilitado -y eventualmente comunicado a su hija- el resultado de un fallo que podría afectar a una constructora donde había comprado departamentos.

El segundo, en tanto, por no ejercer funciones correccionales o denunciar a su hija que es jueza de garantía, quien durante la pandemia realizaba teletrabajo -supuestamente para cuidar a su madre- pero en realidad se encontraba en Italia realizando estudios y fallando online desde ese país.

Contradicciones

En la Suprema para nadie es un misterio que el libelo de protección ingresado por Muñoz -y patrocinado por el abogado Ciro Colombara- tiene un alcance mayor: recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lograr que la Corte de este sistema condene al Estado de Chile. 

Algunos ministros especulan que Muñoz podría buscar ser resarcido económicamente o bien que la sanción impuesta por el Segundo Poder del Estado sea anulada. Como sea, la tramitación en esta sede puede tardar años.

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En este último sentido -y de la lectura del informe- queda claro que la Suprema puso una especial preocupación en la respuesta, ya que los argumentos desecharon no solo las supuestas vulneraciones constitucionales aludidas por Muñoz, sino también agregó otros razonamientos ante la sola eventualidad que busque recurrir a tribunales internacionales.

Según el documento, también Muñoz se contradice, por ejemplo, con la legalidad en el actuar de la Comisión de Ética y la negativa a entregarle el expediente de la instancia donde fue indagado, otro de los argumentos invocados por el ex ministro.

Al respecto, la Suprema esgrimió que Muñoz participó del rechazo a la misma solicitud, cuando la formuló la doblemente destituida Ángela Vivanco.

Y recalca: “El entonces ministro señor Sergio Muñoz Gajardo, concurrió a la voluntad colectiva de sus pares y negó lugar a lo solicitado, estampando su firma como testimonio de ello”.

En el mismo sentido, sus ex pares le recordaron que cuando a mediados de año aparecieron en la prensa los primeros chats de Luis Hermosilla con miembros del Poder Judicial, el Pleno de la Suprema acordó no emitir una declaración pública “y desestimar entretanto el inicio de una investigación disciplinaria, por no contar a esa fecha con antecedentes concretos (...)”.

Sin embargo, el informe agrega que el único voto en contra fue del propio Muñoz, “quien fue del parecer de no efectuar declaración pública, por cuanto no atiende y no genera medidas conducentes a precisar los hechos aludidos (...)”.

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Y especifica que el destituido magistrado “estuvo por disponer, de inmediato el funcionamiento de la Comisión de Ética conforme a su reglamentación actualmente vigente (acta Nº 262-2007), con el objeto que conozca los hechos referidos, de los cuales se ha tomado conocimiento por los medios de comunicación social”.

Entelequia

Si se tratara de cualquier recurso de protección, el procedimiento indica que debieran fijarse alegatos y la Suprema designar a un abogado patrocinante para que la sala que debe conocer el fondo del asunto escuche los argumentos de las partes y resuelva.

Sin embargo, no son pocos los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que consideran que la presentación de Muñoz y tramitación es una “entelequia”. Según la RAE, los sinónimos más precisos son: “ficción, ilusión, invención, fantasía, quimera, irrealidad”.