La Fiscalía de Coyhaique clavó sus garras en la transferencia de $1.680 millones que hizo la Gobernación Regional -dirigida por el ex DC y posible carta presidencial, Claudio Orrego- a la Fundación ProCultura, en septiembre de 2022.

Al respecto, el Ministerio Público aysenino apuntó a que detrás del dinero entregado para desarrollar un programa de prevención del suicidio “se han detectado ciertas situaciones indiciarias de delito”.

La afirmación consta en una petición reservada al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicitó que los alzamientos del secreto bancario decretados en Antofagasta (donde nació el caso) en contra del fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, puedan ser integrados a esta arista. 

La petición que ya fue acogida por el magistrado Freddy Cubillos e incluye a la actriz María Constanza López en su calidad de representante legal. 

La afirmación consta en una petición reservada al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde solicitó que los alzamientos del secreto bancario decretados en Antofagasta (donde nació el caso) en contra del fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, puedan ser integrados a esta arista. 

La profesional, a su vez, enfrenta una querella interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por la supuesta apropiación de una suma superior a los $300 millones.

Hay que recordar que todas las investigaciones del caso ProCultura a nivel nacional, donde se indagan las transferencias de plata estatal para ejecutar proyectos de manera irregular y sin justificación, están a cargo del fiscal regional coyhaiquino, Carlos Palma, por orden del titular del Ministerio Público, Ángel Valencia.

Y vienen más

De acuerdo al documento al que accedió Interferencia, “se han suscitado hallazgos que hacen indispensable incorporar y utilizar dicha información en la presente arista, donde se investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, ocurrida en la Región Metropolitana”.

Básicamente, la fiscalía busca establecer si los dineros fueron realmente “para labores propias del Gobierno Regional Metropolitano”, ya que el contrato no fue “mediante propuesta pública, sino que a través de asignación directa”.

Y advierte que la solicitud para integrar la información financiera de Gómez y Larraín tienen como norte “fundamentar las próximas solicitudes a realizar en vuestro tribunal, relativas a los hechos ocurridos en la presente causa”.

Contrato

En el escrito, la fiscalía detalla que en junio de 2022, Larraín fue nombrado como director de la Corporación de Desarrollo Regional, “cargo propuesto por el gobernador regional Claudio Orrego Larraín y aprobado por el Consejo Regional”.

A renglón seguido, agrega que en septiembre de 2022, apenas renunciado del cargo antes mencionado, Larraín “celebró un convenio con la Fundación ProCultura, como director de la misma”.

De acuerdo al documento al que accedió Interferencia, “se han suscitado hallazgos que hacen indispensable incorporar y utilizar dicha información en la presente arista, donde se investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, ocurrida en la Región Metropolitana”.

Posteriormente, añade que Larraín recibió una remuneración fija, “imputándose esta, a partir de abril de 2023” a los fondos traspasados por el gobierno regional metropolitano, “con ocasión del convenio”.

En esa línea, establece que la fundación contrató -en febrero de 2023- a Gabriel Prado Acuña, quien a su vez mantenía un vínculo laboral con el Gobierno Regional.

Larraín fundó ProCultura en 2010 y es de la confianza de Orrego. De hecho, publicó Ex-Ante, trabajó con este último en la campaña de primarias presidenciales de 2013 y desde entonces su vínculo siempre ha sido estrecho.

Inquirido por el mismo medio, Orrego entregó su versión y defendió el programa para evitar el suicidio. 

Esto dijo: “se han logrado 1.721 intervenciones positivas para evitar suicidios, se ha capacitado en detección temprana de ideación suicida a 2.612 personas y se han realizado 560 atenciones de urgencia por intento suicida”. Y que el Gobierno Regional que dirige nunca actuó de manera ilegal.