En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actualizó su reporte contabilizando 460 casos de lesiones oculares, desagregados en 35 casos de estallido o pérdida y 425 de lesión o trauma ocular. La cifra venía acumulándose casi semanalmente desde el comienzo del estallido social, y seguía una progresión lógica acorde aumentaban los casos. Por ejemplo, en su reporte del 18 de febrero, el Instituto registró 445 heridas oculares, 34 de las cuales correspondían a estallido o pérdida y 411 a lesión o trauma. 

Por ello, causó sorpresa que en octubre de 2020, cuando se hizo el balance a un año del 18 de octubre de 2019, el INDH informó de 163 víctimas de traumas oculares, es decir, menos de la mitad de la cifra de marzo.

En el último balance del INDH, de mayo de este año, el instituto contabiliza en 173 las personas con algún daño ocular por el estallido social, entre quienes tienen trauma ocular, estallido del globo ocular y pérdida de visión.

¿La razón? Un cambio de criterio de conteo en el INDH, que avanzados los meses, dejó de considerar a todos los heridos para contabilizar sólo a quienes habían judicializado sus casos en conjunto con el organismo. 

Consultados por INTERFERENCIA, desde la dirección del INDH confirmaron que las cifras que se entregaban durante el estallido eran entregadas con otro criterio. En un momento, durante el 2020, el criterio cambió.

“Esta fue una decisión de la dirección del INDH, de enfrentar el momento en base exclusivamente una estrategia jurídica. [...] Es una estrategia que no pasa por las unidades, tampoco la tomó el Consejo”, afirma el funcionario y líder sindical Mauricio Carrasco.

“A mayo de 2021, el INDH interpuso querellas en favor de 173 víctimas que sufrieron algún tipo de trauma ocular, en contexto de la crisis social. Para la interposición de estas querellas se ponderaron los relatos de las víctimas y su voluntad de denunciar y ejercer la acción judicial. Las cifras de febrero 2020, no se refieren a querellas. Por eso la diferencia”, explicaron desde la dirección del organismo.

“A partir de marzo de 2020, las cifras que presenta el INDH se refieren exclusivamente a las víctimas que sufrieron algún trauma ocular en contexto de crisis social, cuyos casos originaron la presentación de una querella”, agrega la respuesta escrita enviada a esta redacción.

Según Mauricio Carrasco, quien es profesional analista en metodología de investigación aplicada, de la Unidad de Estudios del INDH, y secretario de la asociación de funcionarios Andedh (militante de Convergencia Social), este cambio de criterio nunca se explicó bien a los funcionarios del INDH ni a los ciudadanos a través de los informes publicados. Junto a ello, Carrasco dice que esta fue una determinación exclusiva del director del INDH, Sergio Micco (DC).

“Esta fue una decisión de la dirección del INDH, de enfrentar el momento en base exclusivamente una estrategia jurídica. En verdad el registro y documentación, que es lo que se estaba haciendo al comienzo, se desplaza a considerar las querellas y las denuncias. Es una estrategia que no pasa por las unidades, tampoco la tomó el consejo, es una decisión que toma la dirección”, afirma Carrasco.

“De hecho, yo no sé porqué se cambió el criterio, siendo investigador y parte del desarrollo de la metodología, no sé cuales son los argumentos que hacen que se deje de documentar y registrar toda la atrocidad y enfoquen solo y exclusivamente en el accionar judicial, lo he preguntado varias veces y nadie me ha respondido”, agrega.

Respecto a si esto es una decisión netamente de la dirección del INDH, el consejero Salvador Millaleo afirmó a INTERFERENCIA que esta decisión de cambio de criterio para contabilizar heridos oculares no pasó por el Consejo del Instituto.

“No fue una decisión del consejo, fue del director. Después de haberse tomado, se informó al consejo, pero no se decidió en el consejo”, declara Millaleo.

Otros consejeros, consultados por esta decisión, reafirman que efectivamente el cambio de criterio para contabilizar a personas con heridas oculares del estallido social no se tomó en el Consejo.

“No fue una decisión del Consejo, fue del director. Después de haberse tomado, se informó al Consejo, pero no se decidió en el Consejo”, declara el consejero Salvador Millaleo.

En cuanto al cambio de criterio en las cifras, Carrasco consignó que “todas las instituciones de defensa de los derechos humanos, ya sean estatales o de la sociedad civil, su primera función, sociológicamente hablando, es el registro y la documentación de la atrocidad. Sin el registro y documentación de atrocidades,  como las que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o las que se cometieron en dictadura, hubiese sido imposible llevar adelante los juicios de Nuremberg, o contra los genocidas de la Dina, en fin, hubiese sido imposible avanzar en justicia”. 

Carrasco explica que en un principio, tras el estallido social, los cerca de 200 funcionarios del INDH se abocaron a la tarea de registrar y documentar los casos de violaciones a los derechos humanos, y que dicha labor es fundamental para un organismo como el INDH, a pesar de que la falta de personal en muchos casos generó que no pudieran realizar esta labor en zonas rurales o fuera de Santiago. Incluso en algunas regiones el Instituto tiene apenas cuatro o cinco funcionarios.

“En un momento se cambia la estrategia y dejamos de salir a hospitales, comisarías, y solo nos enfocamos en generar acciones judiciales en favor de quienes llegaban denunciando. Y ese cambio de estrategia se hizo a costa de la primera función. No teníamos personal tampoco con ejecutar ambas funciones, que son fundamentales”, explica Carrasco.

Esta falta de personal en algunas áreas y regiones es parte de los motivos que llevó a la agrupación de funcionarios Andedh a paralizar hace una semana. Luis Guerrero, presidente del sindicato, afirma que el actual director Sergio Micco ha hecho una serie de contrataciones de asesores, en desmedro de los equipos de planta y de regiones, que continúan con poco personal.

“Es imposible que podamos cubrir las labores que nos piden con las personas contratadas, mientras tanto aumentan los asesores. Por ejemplo, el jefe de gabinete del director en menos de un año ha tenido cuatro aumentos de remuneración. Ya se superó en 244 millones de pesos los gastos en asesores”, afirma Guerrero.

Cerca de un cuarto de los funcionarios del INDH a nivel nacional, es decir, unas 50 personas, adhirieron a la paralización que continúa a la espera de una respuesta oficial de Micco. 

Alerta en el mundo civil

El cambio de cifras de heridos oculares que informa el INDH también llamó la atención del mundo civil en defensa de los derechos humanos.

Ya en marzo de este año, Londres 38, Espacio de Memorias, junto a 11 organizaciones de derechos humanos, entre las que están la Agrupación de familiares de ejecutados políticos (AFEP) y la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD), hizo pública su preocupación por la “falta de claridad respecto de la metodología utilizada en la identificación de casos de traumas oculares y perioculares provocados desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha”.

“En el caso que esta última cifra diga relación sólo con casos en que se han querellado, corresponde aclarar qué ocurre con el resto de los casos y la obligación estatal de investigar, perseguir y sancionar a todos aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, consigna el comunicado.

Karinna Fernandez, abogada que integra Londres 38, también expuso en la Comisión de Derechos Humanos del Senado sobre este tema y sobre los aspectos que han obstaculizado la aplicación de un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, considerando que además, el Comité que se conformó para esta labor, a cargo del INDH, no ha comenzado a funcionar y dos de sus cuatro miembros renunciaron, tal como informó en enero Ciper. El Comité ha acusado problemas de gestión del INDH para funcionar. 

Temor a denunciar

En conversación con INTERFERENCIA, Matías Vallejos, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de ,Chile apuntó que la cifra que ellos manejan es de alrededor de 500 personas heridas. Esta organización surgió tras el estallido social cuyo objetivo “es acompañar a las personas agredidas con resultado de trauma ocular y a su entorno familiar, facilitando su rehabilitación psicosocial, económica y física, a través de contención psicológica, ayuda económica, tratamiento médico, apoyo laboral, orientación jurídica, durante todo el proceso rehabilitador”. 

“En general, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen una justificada desconfianza con todo el aparato institucional", dice Vallejos de la Fundación Los Ojos de Chile.

“Desde que el catastro del INDH se desactualizó, digamos, hace más de un año, nosotros en conjunto con las agrupaciones que asisten a las víctimas de trauma ocular y también las coordinadoras que las reúnen, hemos constatado por lo menos en 40 casos. Por eso estimamos con mucha responsabilidad que las personas lesionadas están en torno a los 500 casos”, dijo. 

Dicha cifra se condice con un estudio de investigadores chilenos sobre el trauma ocular como resultado de proyectiles antidisturbios que fue publicado por la prestigiosa revista científica Nature en agosto de 2020, el que consideraba a 259 pacientes que ingresaron a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, sólo entre el período del 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019.  

Vallejos explicó que desde el reporte de marzo que cifraba en 460 las víctimas, no ha existido ninguna actualización formal ni del INDH ni de la Fiscalía. 

Consultado sobre si han podido tener la posibilidad de hablar de esto con el Instituto para reiniciar el conteo, el representante de la fundación describió que “desde el 2020 hemos dicho en todas las instancias que instamos al INDH a poder seguir con este catastro, retomarlo. Y no solamente para las víctimas de trauma ocular, sino que en general. Todavía existen personas baleadas. Todavía se siguen acumulando las detenciones arbitrarias. Lo hemos dicho en las comisiones de derechos humanos de la Cámara, del Senado, etc. Lamentablemente eso no ha podido hacerse por la falta de recursos. Porque estos catastros los construía el INDH en base a observaciones en los recintos asistenciales, en las comisarías y también en las propias movilizaciones”.

En cuanto a las razones por las que las víctimas no se habrían sumado a denunciar en conjunto con el INDH, Vallejos sostuvo que “nosotros como organización siempre insistimos y alentamos a que hagan la denuncia correspondiente. De hecho también les hemos ayudado a articular demandas indemnizatorias colectivas, por ejemplo. Pero en general, las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen una justificada desconfianza con todo el aparato institucional. Es un poco ambivalente que la institución que te dañó, como por ejemplo Carabineros de Chile, sea la misma que recepciona tu denuncia. Ese tipo de complicaciones nosotros consideramos que es una gran motivación para no denunciar. El Estado les dañó, entonces no confían en sus instituciones”.

En esa línea, desde la Fundación Los Ojos de Chile recuerdan que “a eso también se suma la criminalización de la protesta social, de la que se ha encargado este gobierno en particular, pero que en el Estado es una práctica. Que sus lesiones tengan ‘justificación’ es un motor que desincentiva la denuncia”. 

Al respecto, Vallejos cree que esto se expresa “en el trato discriminador y sin tacto que se tiene en general en las instituciones del Estado. Por ejemplo, el programa Piro (Programa Integral de Reparación Ocular) es una instancia que no reconoce a sus pacientes como víctimas de violaciones a los derechos humanos, entonces desde ahí hacia adelante todo es incoherente. No se les reconoce su calidad de víctima, entonces no se les atiende como tal. En muchos casos, en la misma UTO, les preguntan "¿ya y por qué te pasó esto, qué andabas haciendo?"”. 

“Por otro lado también hay un sentimiento de desconfianza hacia el INDH en particular por sus informes tibios con respecto a derechos humnaos, algunos dichos de su director; eso también ha desincentivado de acercarse al INDH a denunciar. Ellos tienen alrededor de 200 causas de trauma ocular donde son querellantes, pero eso ni siquiera es la mitad del universo”, aseguró. 

“Hay una criminalización de base con los manifestantes, y muchos de quienes fueron agredidos no creen en la justicia, no se quieren sentir sobreexpuestos y obviamente hay un temor a represalias”, dice Marta Valdés de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular .

Por su parte, Marta Valdés, Vocera de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular -una de las organizaciones que agrupa a los heridos- mencionó que hay distintos factores por las que la gente se ha restado de querellarse o de visibilizar su situación y que inciden en la baja judicialización de los casos, “en especial si se trata de querellas en conjunto con el INDH”. 

“En general, hay una criminalización de base con los manifestantes, y muchos de quienes fueron agredidos no creen en la justicia, no se quieren sentir sobreexpuestos y obviamente hay un temor a represalias. No es fácil querellarse en contra del Estado, entendiendo lo desigual que es la justicia”, sostuvo. 

Bajo el mismo argumento, la dirigente expresó que “las medidas cautelares de prisión preventiva son para los manifestantes, no para los carabineros. La cantidad de presos políticos que han estado durante varios meses sólo por sospecha, inhibe a muchas víctimas de iniciar un proceso donde podrían exponerse a algo así. Las postergaciones en el proceso judicial de los agresores de Fabiola Campillai dan cuenta de lo que se puede esperar de la justicia”.   

Asimismo, Valdés cree que “hay una desconfianza de la institucionalidad en su conjunto, las instituciones no han estado a la altura. Ha pasado con la Fiscalía donde se ha exigido tener a fiscales destinados especialmente a causas de derechos humanos o esto se termina eternizando porque no están dando abasto. Lo mismo ha ocurrido en Salud con la revictimización que sufren los heridos en el programa de reparación"

"Y en el caso del INDH, sentimos que la actitud contemplativa por la que optó su director no ha estado acorde con lo que hemos vivido. Sabemos que sus declaraciones ambiguas han generado conflictos dentro del mismo Instituto, al punto en que algunos abogados han optado por irse. Desde ahí viene la desconfianza, por sentir que se minimizó la violencia de Carabineros hacia los manifestantes, y es lógico que exista gente que no quiera hacerse parte de una querella en conjunto con ellos. Lo primero que debería hacer el INDH es creer a la víctima y no ponerla en tela de juicio de entrada, eso inhibe mucho a eventuales denunciantes”, remata.