“En primer lugar (...) los organismos nacionales e internacionales que han analizado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad chilenos durante el llamado ‘estallido social’ no han formulado en ningún momento la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad”, asegura la abogada española Alicia Gil Gil, a quien la defensa del Alto Mando de Carabineros encargó un informe jurídico en el marco de investigaciones por violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social. El estudio de la jurista no ha sido revelado en su totalidad, sin embargo, El Mercurio accedió y publicó parte de las conclusiones del documento el pasado 7 de agosto. 

La jurista asegura lo anterior a pesar de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales, mostrando preocupación por ”el elevado número de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado”. Por su parte, el informe de la ONU señala que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”; sin contar que los informes elaborados por dos entidades privadas, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), señalan las mismas conclusiones, en las que incluso AI plantea que hay sistematicidad en los atropellos y responsabilidad del gobierno.

Todo indica que la abogada española busca evitar la figura del “crimen de lesa humanidad”, perseguible ante la Corte Penal Internacional, y así desde ya intentar establecer que no existe responsabilidad de los altos mandos de Carabineros. Para ello, incluso citó las palabras del presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, el cual negó que existiera sistematicidad en la comisión de atropellos a los derechos humanos por parte de los agentes policiales. 

“Es oportuno recordar también que el INDH, legitimado para interponer querella por crímenes contra la humanidad, no discutió, siquiera, según la declaración de su director, esta posibilidad”, rescata El Mercurio del informe.

“Es oportuno recordar también que el INDH, legitimado para interponer querella por crímenes contra la humanidad, no discutió, siquiera, según la declaración de su director, esta posibilidad”, rescata El Mercurio del informe confeccionado por Alicia Gil. 

Si bien no ha sido publicado el informe en su totalidad, sí se conoce información sobre la autora del escrito. Alicia Gil Gil es abogada de la Universidad de Zaragoza, doctora en derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (UDEN) y directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UDEN de Madrid. 

Es descrita por una fuente conocedora del área del derecho internacional en España como “bastante reconocida” en este ámbito; mas no se dedica a causas de derechos humanos, dedicando su trabajo a la academia. En cuanto a su ideología, la define como “muy conservadora”.

Esto último algo que puede evidenciarse en una de las últimas apariciones en prensa de la abogada española, donde es consultada sobre el caso de violación de 'La Manada' en España y por la perspectiva de género en la justicia. También, y siempre en un marco técnico-jurídico, el trabajo académico de Gil podría calificar dentro de cierto conservadurismo a la hora de definir y opinar sobre casos de derecho penal internacional, no siendo ajena la dictadura chilena de Pinochet a sus estudios. 

La entrevista a El Mundo: No a la perspectiva de género en la justicia y dudas ante una ley de violencia de género

En septiembre del 2018, Gil fue entrevistada a propósito del consentimiento durante el sexo, la violencia de género y la perspectiva de género en la justicia por el medio español El Mundo, de corte editorial liberal y cercano a la centro derecha española. “En el sexo no se puede estar todo el tiempo diciendo ‘sí, sí, sí’” sería la cuña con que titularían la entrevista. (Revise acá el artículo de El Mundo).

La jurista fue también consultada por la existencia de la perspectiva de género en la justicia. “Pues yo particularmente creo que no [debe existir], la Justicia tiene que ser igual para todos”.

En aquella conversación, Gil también es consultada por el fallo por el caso de 'La Manada', donde cinco hombres violaron a una mujer de 18 años durante las fiestas de San Fermín. En concreto, a Gil se le pregunta por la primera sentencia emanada de la Audiencia Provincial de Navarra, donde se condenó a 'La Manada' a 9 años de prisión por el delito de abuso sexual, descartando una agresión sexual -delito más grave que el abuso- y desatando descontento y debate en España y el mundo. 

Al respecto, Alicia Gil indicó que “me parece correcto conforme a la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, siendo una pena “rigurosa, pero correcta si se compara con casos similares”. Sobre el descontento generalizado en ciertos sectores de la población española y del mundo, la jurista habló de “manipulación” en los medios de comunicación. “Me llamó la atención que el día que se emitió la sentencia los titulares fueron ‘Los miembros de La Manada absueltos de violación’ en lugar de ‘Los miembros de La Manada condenados a nueve años de prisión más cinco de libertad vigilada’”, expresó, algo que en su opinión “da sensación de impunidad, y no es así”. 

Aquella sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra no sería definitiva: contrario a la opinión de Alicia Gil, el Tribunal Supremo elevó la pena en prisión de 9 a 15 años, considerando que 'La Manada' sí cometió el delito de agresión sexual.

En aquella entrevista la jurista fue también consultada por la existencia de la perspectiva de género en la justicia. “Pues yo particularmente creo que no [debe existir], la Justicia tiene que ser igual para todos”, siendo lo importante que “las leyes se hagan bien, con el informe de los expertos”. 

Para cerrar su punto, deja una pregunta abierta: “¿por qué vamos a pretender que automáticamente en ese ámbito los hechos cometidos por varón se valoren como delitos mucho más graves que los mismos hechos cuando son cometidos por la mujer?”. 

Respecto a la Ley de Violencia de Género en España, Gil comenta que la ley es discutible y le parece preocupante. “Por ejemplo, si yo le doy un empujón a mi marido, quizás no se considere siquiera delito leve o como mucho se me condene a una multa. Si me lo hace él a mí puede ser condenado incluso a penas de prisión. Esto se justifica en que hay una superioridad del varón, etc. pero me parece, primero, que el salto es desmesurado, y, segundo, hay agravantes genéricas que, si concurren en el caso concreto, se pueden aplicar, pero si no concurren…”, explica. 

Para cerrar su punto, deja una pregunta abierta: “¿por qué vamos a pretender que automáticamente en ese ámbito los hechos cometidos por varón se valoren como delitos mucho más graves que los mismos hechos cuando son cometidos por la mujer?”. 

Ante la pregunta sobre cómo prevenir los delitos sexuales, Gil explica que esto se corrige “con educación”, siendo el caso de 'La Manada' uno que “muestra fallos de socialización adecuada en valores esenciales para la convivencia como el respeto al prójimo”. Uno de los gatillantes de estos fallos de socialización es, para la jurista, la hipersexualización. “El sexo vende”, asegura. “Quizás deberíamos preocuparnos por la imagen del sexo que se trasmite a los adolescentes ¿Es la de una relación libre y respetuosa entre personas iguales en dignidad y derechos? Si no lo es habrá que corregir eso antes que el código penal”, puntualiza.

Su carrera como académica experta en Derecho Penal Internacional: “no es genocidio el intento de destruir otro grupo político”

Durante su carrera como experta en Derecho Penal Internacional ha escrito numerosos artículos académicos y ha dado conferencias en diversos países, dedicando buena parte de su trabajo a dos materias dentro de su especialidad: el análisis del Genocidio como delito penal internacional, su aplicación y utilización como mecanismo jurídico; y también estudios a propósito de la transición española y la forma en que jurídicamente se enfrentaron los crímenes cometidos por distintas personas durante la dictadura de Franco. 

A propósito del genocidio como delito penal perseguible a nivel internacional, se ha mostrado partidaria de que esta figura penal no se aplique cuando el objeto del exterminio son grupos que deben su colectividad a cuestiones políticas o ideológicas. Así lo ha mencionado en artículos y conferencias.

Cabe mencionar al respecto que el juez español Baltazar Garzón utilizó precisamente el delito de genocidio -entre otros delitos- para solicitar el arresto del dictador chileno Augusto Pïnochet en 1998, en Londres, cuando Pinochet estuvo arrestado en un exclusivo hospital psiquiátrico durante más de 500 días. 

En una de ellas menciona que el derecho internacional protege del genocidio a grupos atendiendo a criterios étnicos, nacionales y raciales, además de otras grupos atendiendo a elementos sociales que los cohesionan, pero que “en derecho penal internacional no es genocidio el intento de destruir otros grupos diferentes [a estos], en particular, no es genocidio el intento de destruir otro grupo político”. Esto a pesar de que muchas legislaciones internas de distintos países han tendido a extender la característica de “grupo protegido” a agrupaciones con otro tipo de características, entre ellas, la de grupo político.

Cabe mencionar al respecto que el juez español Baltazar Garzón utilizó precisamente el delito de genocidio para solicitar el arresto del dictador chileno Augusto Pïnochet en 1998, en Londres, cuando Pinochet estuvo arrestado en un exclusivo hospital psiquiátrico durante más de 500 días. 

En artículos académicos Gil ha criticado el uso del delito de Genocidio en el caso Pïnochet, y además ha criticado en varias ocasiones la labor como juez de Baltasar Garzón, como cuando señaló que sus gestiones fueron “cuestionables” en el caso que el abogado español llevó adelante en su causa contra el franquismo. 

Alicia Gil ha señalado además, a propósito de la transición española, que ha sido un ejemplo de transición exitosa, de la que los españoles suelen sentirse orgullosos, a pesar de que no ha habido suficiente justicia para las víctimas por delitos contra la humanidad de lado y lado hasta la actualidad, argumentando que esto podría deberse al temor que generó en la población la inminencia de una nueva guerra civil.