Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 fueron la mejor confirmación de que la Izquierda adolecía de una capacidad organizativa y militar de la envergadura que denunciaron los militares. Lo contrario sin duda hubiera permitido que la Izquierda ofreciera un alto grado de resistencia al golpe de Estado de septiembre de 1973, la cual -conforme a todas las evidencias- fue prácticamente inexistente.

A la dictadura no escapó ese detalle y la totalidad de los apologistas del alzamiento militar han pretendido demostrar, desde el primer minuto, que efectivamente se registró un combate, con una consiguiente simetría en las bajas producidas en el enfrentamiento.

Por ejemplo, en un informe del régimen militar a la Organización de Estados Americanos (OEA), se afirma que «dadas las características de los hechos acaecidos en Chile el día 11 de septiembre y siguientes, donde adeptos al Gobierno anterior disparaban sin contemplación sobre la tropa y ésta se veía en la obligación de contestar, los caídos y desaparecidos de ambos bandos fueron muchos (...) De ahí que en algunos casos excepcionales, y debido al fragor de la lucha, haya desaparecido un pequeño número de personas".

Y en el informe del Ejército de Chile a la Comisión de Verdad y Reconciliación se indica: «En cuanto a los núcleos extremistas, (en 1973) se detectó que en su mayor parte habían alcanzado capacidades suficientes para efectuar ataques directos a los medios de las Fuerzas Armadas y Carabineros, así como también para la destrucción de instalaciones industriales. Sus acciones más probables se manifestarían mediante la violencia generalizada y el objetivo fundamental de ellas se dirigía a conseguir la situación de insurgencia, primero de carácter local y posteriormente generalizada en el territorio nacional»

El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación indica que «ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden lograron su objetivo más inmediato -control efectivo del país, sin focos de acciones armadas de los partidarios del régimen depuesto- en muy pocos días. Se puede decir, en verdad, que dicha acción fue mínima; irregular respecto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada, y sin la menor posibilidad de éxito».

La resistencia 

Sin embargo, no hubo tal capacidad de defensa de parte de las fuerzas que sustentaban a Salvador Allende. El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación indica que «ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden lograron su objetivo más inmediato -control efectivo del país, sin focos de acciones armadas de los partidarios del régimen depuesto- en muy pocos días. Se puede decir, en verdad, que dicha acción fue mínima: irregular respecto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada, y sin la menor posibilidad de éxito».

Incluso el propio Augusto Pinochet había admitido poco después del golpe de Estado: «Los cálculos que teníamos de unos cinco días de lucha, se redujeron en cambio a 24 horas. Fue una sorpresa para nosotros. Han existido pequeños focos de extremismo, pero han sido sofocados de inmediatos".

represion_en_las_calles_de_santiago.jpg

Represión en las calles de Santiago

La conclusión que se desprende de esos hechos es inequívoca: si las Fuerzas Armadas derrocaron al Gobierno de la Unidad Popular casi sin reacción, ello obedeció justamente a la inexistencia ración y Reconciliación de lo que se pretende usar como pretexto del alzamiento: es decir, la existencia de capacidad militar en la izquierda. El desequilibrio de fuerzas y el incontrarrestable predominio de uno de los bandos beligerantes se demuestra empíricamente en el hecho que las muertes de civiles partidarios de la Unidad Popular y militares fueran absolutamente asimétricas.

 Al respecto, la ex agente de la DINA Mariana Callejas ha señalado: «¿(Hubo) algún soldado desaparecido? ¿Algún cementerio clandestino repleto de miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Algún ataúd conteniendo dos cuerpos? ¿Cuántas fueron las bajas de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas de civiles? ¿Había guerra?»

Los militares caídos

En los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1991) y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) se indica que entre el 11 de septiembre de 1973 y diciembre de ese año, hubo 28 muertos atribuibles a la acción de defensores  del Gobierno de Salvador Allende y de militantes de izquierda:

-25 entre el 11 y el 14 de septiembre de 1973

-2 en octubre de 1973

-1 en noviembre de 1973

En cambio, en el mismo período murieron o desaparecieron a manos de agentes del Estado 1.213 personas.

 Al respecto, la ex agente de la DINA Mariana Callejas ha señalado: «¿(Hubo) algún soldado desaparecido? ¿Algún cementerio clandestino repleto de miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Algún ataúd conteniendo dos cuerpos? ¿Cuántas fueron las bajas de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas de civiles? ¿Había guerra?»

El Estado de Chile calificó a 3.179 víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política. De estos, 173 corresponden a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. En 62 casos, la muerte fue provocada también por miembros de las propias instituciones uniformadas en acciones de represión o represalias a sus miembros constitucionalistas, por disparos en acciones de control de toque de queda, en errores de «fuego cruzado» en allanamientos, en disputas personales y en accidentes con armas de fuego. Por lo tanto, los muertos de las Fuerzas Armadas, atribuibles a la acción de enemigos del régimen militar, ascendió en sus 17 años a 111 personas, un 3,5 por ciento de todos los casos de muertes y desapariciones.

¿Qué clase de guerra es aquella que presenta una proporción de un muerto por cada 43 del adversario? La conclusión lógica es más que obvia: si no hubo acción militar de envergadura, es porque no había fuerzas equivalentes; y si no las había, ello obedecía a que el Gobierno y los partidos de la Unidad Popular carecían de capacidad militar.

En el discurso de Sergio Fernández en junio de 1978, mencionado en la primera parte de esta serie, el entonces jefe de gabinete de Pinochet señaló: «Como ministro civil de este Gobierno, no podría dejar de expresar una palabra de homenaje hacia los soldados que han sacrificado sus vidas o su definitiva integridad física, por cumplir con el deber de defender la soberanía de Chile y de garantizar la tranquilidad para nuestros compatriotas. Esos hombres, que suman más de 400 bajas, no están en las listas de ninguna campaña humanitaria u organización internacional, pero se encuentran grabados con letras imborrables en el corazón y en la historia de la Patria».

Con mayor entusiasmo, Pinochet dijo: «El 11 de septiembre de 1973 se declaró una guerra, con muertos y heridos. Las bajas fueron un hecho bélico. Las Fuerzas Armadas tuvieron más de 600 víctimas y nunca se habla de ellas. En cuanto a los desaparecidos, no los hizo desaparecer el Gobierno (Militar)".

torturas_en_el_estadio_nacional.jpg

Torturas en el Estadio Nacional

Sin embargo, entre el golpe de Estado y el 16 de junio de 1978, las muertes de uniformados atribuibles a acciones armadas de opositores al régimen militar realmente fueron 34. Aparte de los ocurridos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, ocurrieron dos en 1974, dos en 1975 y dos en 1976. En 1977 y 1978 no se registra ningún caso. Descontando los uniformados caídos en enfrentamientos en los días del golpe, resulta que las víctimas invocadas para justificar las desapariciones forzadas son nueve. En ningún caso se identificó a miembros de partidos de la Unidad Popular como autores materiales.

El Estado de Chile calificó a 3.179 víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política. De estos, 173 corresponden a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Mucho más tarde, la Fundación Pinochet publicó en 1999, en su sitio de Internet que «según los órganos informativos, entre agosto de 1970 y julio de 1988, las bandas terroristas habían asesinado a 1.349 chilenos, 675 casos sufrieron lesiones de carácter grave y en la mayoría de ellos con secuelas de carácter permanente, víctimas principalmente de atentados con explosivos».

«Todos estos asesinatos pueden verificarse por los medios de prensa de la época», explica.

No obstante, un poco más adelante la información inicial es contradicha y se entrega una nueva versión, la que además se contrapone por lo afirmado por el senador vitalicio: «según los órganos informativos, entre agosto de 1970 y julio de 1988, las bandas terroristas marxistas (MIR y FMR) habían asesinado a 224 chilenos, entre civiles y uniformados». Añade que «otras 1.125 personas sufrieron lesiones... víctimas principalmente de atentados con explosivos».

Con todo, los caídos durante el régimen militar que describe el listado son 218, de los cuales 184 son uniformados y 34 son civiles.

Tal dato, bastante más modesto que las cifras alegados por Sergio Fernández hasta 1978, de todos modos son contradictorios con los que proporcionan los Informes de la Comisión Rettig y de la Corporación de Reparación y Reconciliación, como se ha observado. La razón es indudablemente un problema de fuentes.

Mientras que la Comisión Verdad y Reconciliación se basó en datos entregados por las instituciones uniformadas y los familiares, la Fundación reprodujo íntegramente el listado presentado en el libro «Chile: Objetivo del Terrorismo», publicado en septiembre de 1988, presumiblemente bajo la cobertura de la CNI. El autor de este texto es anónimo y ocupó el seudónimo «Pedro Varas Lonfat». Ninguna editorial se hizo cargo de su publicación, a pesar de que la obra fue impresa en los Talleres Gráficos del Instituto Geográfico Militar. Fue distribuido en los «Comités Cívicos” que respaldaban la opción SI en el plebiscito de ese año.

En la «Carta a los Chilenos», que Pinochet envió desde Londres en noviembre de 1998, señala: «Se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó tres mil muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista».

Frente a tales contradicciones, el presidente de la Fundación Pinochet, Hernán Briones, fue categórico, en declaraciones formuladas a este periodista a fines de 1998: «Las cifras que nosotros publicamos y conocemos, y las que entrega el senador (Pinochet) en su carta (a los chilenos desde Londres), son las que nosotros consideramos reales».

–Los datos que proporciona la Fundación Pinochet son contradictorios con las que proporciona el Informe Rettig.

–Hubo una intención política destinada a abultar cifras, mientras que desde el lado del orden, desde nuestro lado, no existió nunca esa intención. En esto se ha exagerado mucho, porque durante los tres, cuatro o seis primeros días después del 11 de septiembre de 1973 hubo una verdadera guerra, y para mí esas no son víctimas. Son personas caídas en acción.

–Entonces ¿los datos del Informe Rettig están errados?

–No creo que estén equivocados, pero las cifras que entrega, respecto al Iado de los militares y de los civiles, sobre todo de los que cayeron antes del 11 de septiembre, evidentemente no son completas. En todo caso, la información más precisa es la que entregan las propias Fuerzas Armadas.

–Pero los datos que entrega la Fundación contradicen lo que afirmó Pinochet..

–iLas cifras de Rettig son las que tienen el error, no las nuestras!...

En todo caso, hay algo en lo que están de acuerdo todos los datos existentes: los caídos por la acción terrorista no alcanzan el tercio del total de muertes ocurridas durante el régimen militar.

Las víctimas de la UP

En el afán de elaborar una justificación para las acciones represivas desarrolladas a partir del 11 de septiembre, se ha esgrimido también otro argumento: las violaciones a los derechos humanos habrían comenzado durante el Gobierno de la Unidad Popular. De hecho, uno de los cuestionamientos más repetidos por la derecha en contra de la Comisión de Verdad y Reconciliación era que limitaba su investigación al período posterior al golpe de Estado.

Al respecto, los norteamericanos Karen Araujo y Paul Craig Roberts, en un libro publicado con el patrocinio de la Universidad Nacional Andrés Bello, señalan: «Durante la era de Allende, los terroristas cometieron más de cien asesinatos. Esta cifra incluye a 21 personas señaladas como bajas durante tomas ilegales de predios. Allende consideraba que los asesinatos ayudaban a acelerar el colapso de la sociedad existente».

A fuerza de repetirse, esta afirmación se ha transformado en una certeza instalada en el imaginario de la derecha.

El «Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile», publicado por la Junta de Gobierno a fines de 1973, efectivamente dedicó su capítulo cuarto a las «muertes violentas, atribuibles a motivos sociales o políticos, ocurridas en Chile a partir del 4 de noviembre de 1970.

Sin embargo, ninguno de los 96 casos que describe corresponde a desapariciones, ejecuciones sumarias o muertes como resultado de tortura y, más aún, el mismo texto no atribuye esas «bajas», como Araujo y Craig señalan en crudo lenguaje militar, al Gobierno de la Unidad Popular sino a «motivos sociales y políticos».

No obstante, al revisar en detalle la lista, y cotejar los datos con la prensa opositora a la UP en las fechas respectivas, se obtienen algunos detalles sorprendentes.

- 19 casos corresponden a muertes por suicidio o infartos cardíacos (siete), un hecho accidental sin intervención de terceros (uno) y un hecho policial en Población Lo Hermida (uno). También aparecen registradas muertes por disputas entre militantes de izquierda (dos),o fallecimientos en incidentes callejeros sin identificación de responsables (ocho).

- 9 casos son consecuencia de acciones de la Vanguardia Organizada del Pueblo, movimiento de extrema izquierda repudiado incluso por el MIR, y que fue reprimido por la propia UP con la colaboración del Ejército, Carabineros e Investigaciones. Los asesinatos que cometió son seis y las muertes de militantes del grupo son tres.

Los 68 casos restantes, que efectivamente corresponderían a muertos por intervención de terceros y por motivaciones políticas, son los siguientes:

- 19 casos son muertes de opositores debido a la acción de militantes del MIR (cuatro), miembros de la UP (cinco), sin identificación de autores, pero presumiblemente izquierdistas (cuatro) o a raíz de tomas de fundo o fábricas emprendidas por personas de izquierda (seis).

- 2 casos son muertes de manifestantes opositores por acción de Carabineros.

- 47 casos son muertes de izquierdistas a raíz de la acción de opositores (seis), por ataques de agricultores adversos a la Unidad Popular (once), por allanamientos de tropas militares a recintos industriales y universitarios (dos), o son personas muertas a consecuencia de acciones de fuerza o terroristas de opositores a la UP (seis) o por el alzamiento golpista de 29 de junio de 1973.

Por consiguiente, la afirmación de que la Unidad Popular asesinó a 96 personas es una ficción. Las muertes de militantes izquierdistas o personas que fallecieron debido a la acción opositora a Salvador Allende son más del 70% de los decesos por intervención de terceros en el período.

detenidos_en_concepcion-.jpg

Detenidos en Concepción

Esta maniobra propagandística había sido utilizada con antelación al golpe de Estado, y tampoco en forma muy afortunada. El 7 de mayo de 1972 el diario Tribuna» publicaba la lista de 18 personas muertas desde que Allende asumió la Presidencia. El encabezamiento de la nota era el siguiente: «La muletilla del Presidente: Nuestra revolución no tiene costo social. Chile exige un alto a escala asesina». Sin embargo, el 30 de ese mismo mes, la revista «Sepa» titulaba en su portada: “Los 40 asesinatos de la Unidad Popular». Añadía que se trataba de un «cuadro real y dramático».

Aparte de la obvia contradicción entre ambos medio (y de estos con El Libro Blanco que indica que hasta esa fecha había 30 decesos) es digno de notar que la lista de la revista en realidad incluía a 44 personas, de los cuales siete eran suicidios o infartos cardíacos, cuatro eran heridos sin resultado de muerte, seis eran muertes por accidentes sin connotación política, dos eran fallecidos en un hecho puramente policial, una es muerte por enfermedad, nueve son militantes  de grupos de izquierda y seis eran víctimas de la VOP.

Por consiguiente, la afirmación de que la Unidad Popular asesinó a 96 personas es una ficción. Las muertes de militantes izquierdistas o personas que fallecieron debido a la acción opositora a Salvador Allende son más del 70% de los decesos por intervención de terceros en el período.

Toda vida humana es ciertamente valiosa. Aun así no deja de llamar la atención que los opositores a la UP calificaran una lista esas muertes durante tres años como «escalada asesina» y «cuadro dramático».

¿Cómo se debiera calificar la situación desencadenada durante el régimen militar, cuando los crímenes se multiplicaron hasta llegar a 2.068 en los siguientes tres años después del golpe de Estado y a 2.774 hasta 1989, y esta vez ejecutados por agentes del Estado y no en el contexto de reyertas sociales o enfrentamientos callejeros?

NOTAS:

1- «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile». Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Secretaría General, Washington, 1985.

2- Informe del Ejército de Chile a la Comisión de Verdad y Reconciliación, Santiago, 1990.

3- «El Mercurio», 18 de septiembre de 1973.

4- Mariana Callejas: «Siembra Vientos. Memorias», Ediciones ChileAmérica CESOC, Santiago, 1995.

4- Datos obtenidos de los Informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1991), y de la Corporación de Reparación y Reconciliación (1996).

5- «La Tercera», 20 de noviembre de 1983.

6- www.fundacionpinochet.cl

7- Pedro Varas Lonfat: «Chile: Objetivo del Terrorismo», Santiago, 1988. Este libro excluye de su nómina de «víctimas del terrorismo» a los comandantes en jefe del Ejército, generales René Schneider y Carlos Prats, y al capitán naval Arturo Araya.

8- Karen Araujo y Paul Craig Roberts: "Chile: dos Visiones. La Era Allende- Pinochet”, Edición de la Universidad Andrés Bello, Santiago, 2000.

9- «Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile». Editorial Lord Cochrane, 1973.