El martes de la Convención Constitucional estuvo marcado por las palabras de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la cual actuó como vocera el tribunal en medios de comunicación para explicar el comunicado que desde la Suprema enviaron a cada uno de los 155 convencionales, en el cual dan a conocer su preocupación por una propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional que busca eliminar la inamovilidad de los jueces del Poder Judicial, estableciendo un plazo de 8 años para el ejercicio del cargo, además de otros cambios. 

La acción de Vivanco -y de la Suprema a través de ella- fue cuestionada por algunos convencionales que estimaron que se trataba de una abierta intromisión de un Poder del Estado sobre otro. Pese a ello, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez -presidenta y vicepresidente de la Convención- decidieron restarle valor a la pugna, señalando que se trata de la opinión de un actor más de la sociedad, pero que la decisión final será tomada por los convencionales y ratificada por la ciudadanía en plebiscito. 

Las comunicaciones de Vivanco incluyeron entrevistas en la televisión, en las que mencionó la preocupación del supremo tribunal a propósito de la independencia de los jueces, los cuales -según su interpretación- tendrían que dedicar parte de su tiempo a “hacer campaña” para poder seguir ejerciendo la judicatura. 

El rayado de cancha de los “supremos” tuvo amplia acogida en sectores de diversa inspiración política, considerando que ya desde el lunes pasado en El Mercurio, un grupo de abogados cercanos a la Concertación -encabezados por el ex PPD y convencional Felipe Harboe- publicaron una columna de opinión en la que se manifiestan abiertamente en contra de la propuesta de la Convención. “Resulta relevante que no sean los constituyentes del 2022 quienes condicionen por décadas el desarrollo de la carrera judicial con detalles y exclusiones que debieran ser competencia del legislador”, señalaron en el diario.

A Harboe y compañía, se sumaron declaraciones en favor de los supremos por parte del abogado de SQM en el “caso cascadas” y de Sebastián Piñera, Gabriel Zaliasnik, a través de sus redes sociales; y también de los convencionales Marcela Cubillos (UDI) y Ruggero Cozzi (RN), entre otros; dando cuenta de que el llamado de atención de la Suprema cuenta con amplio apoyo en el establishment ligado al duopolio político de los treinta años. 

Tal como se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, la vocería que asumió Vivanco tuvo relación con una comisión creada en diciembre del año pasado por la Suprema, integrada por cuatro de sus ministros, la cual se encuentra a cargo de monitorear y comunicarse con la Convención Constitucional en aquellas materias que tuvieran relación con aspectos judiciales.

De entre los tres, Arturo Prado Puga es quien lleva más tiempo siendo ministro, pues consiguió tal dignidad en 2017. Vivanco llegó a ser ministra en 2018 y Matus apenas hace unos meses. Según las fuentes consultadas, la vocería de estos ministros de tan poca experiencia ha generado molestia en la Suprema.

Tales ministros son Leopoldo Llanos, Arturo Prado Puga, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco; los que hasta ahora no habían tenido demasiada injerencia en el debate público. Sin embargo, un detalle que había pasado relativamente desapercibido es que de estos cuatro ministros sólo Leopoldo Llanos ha hecho carrera judicial, cuando comenzó en 1981 como secretario del Juzgado de Letras de Angol. 

Nuevos como jueces, pero aún así voceros

Prado, Matus y Vivanco, son ministros “externos” de la Corte Suprema, lo que significa que no han tenido que hacer carrera de juez. Esto se debe a la reforma de 1997 que permite que cinco juristas que no pertenecen a dicho poder sean ministros de la Suprema. 

Fuentes que conocen de cerca lo ocurrido en la creación y operación de esta comisión, señalaron en conversación con INTERFERENCIA que la vocería de Vivanco ha generado ruido al interior del máximo tribunal, y también en el entorno de los jueces, considerando que en estricto rigor estos tres juristas llevan pocos años siendo jueces, por lo que sus carreras están más ligadas con el mundo privado que con el del gremio.

De entre los tres, Arturo Prado Puga es quien lleva más tiempo siendo ministro, pues consiguió tal dignidad en 2017. Vivanco llegó a ser ministra en 2018 y Matus apenas hace unos meses. Según las fuentes consultadas, la vocería de estos ministros de tan poca experiencia en la labor judicial ha generado molestia en la Suprema.

“Estos cuatro ministros tienen la pretensión de que la Convención los reciba y así poder dirigir y pautear la convención algo que la estructura misma de la convención no contempla, pero que en el caso de acceder solo sería con ministros de carrera y jamás ministros externos sin experiencia, porque poco o nada pueden saber tres de estos ministros salvo el ministro Llanos de la historia del poder judicial, nunca han sido jueces y nunca han desarrollado una carrera, son absolutamente desconocidos en la institución”, señaló a nuestro medio una alta fuente del Poder Judicial. 

Intereses privados

En efecto, estos juristas, de grandes carreras en el mundo privado, pero más bien cortas en materia judicial, provienen de mundos y trabajos en los que han tenido que representar intereses privados de lo más importantes, lo que suele ser objeto de críticas considerando las materias que actualmente deben revisar en su calidad de ministros.

Arturo Prado Puga ha estado vinculado a los Yarur y su negocio financiero, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por 44 años. Prado Puga ha trabajó en ese banco desde el año 1978, como abogado, para pasar a ser Gerente del Área Judicial en 2011, y luego Gerente Asesor de dicha entidad financiera hasta 2017, cuando asumió como ministro de la Suprema

Es el caso de Arturo Prado Puga, quien llegó a ocupar un cupo externo de la Corte Suprema en 2017. Abogado de la Universidad de Chile desde los ochenta, con postgrados en la Universidad de Navarra y también en Harvard, el currículum de Prado está cruzado por una relación de 44 años con una poderosa familia.

En particular, se trata de los Yarur y su negocio financiero, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), donde Arturo Prado Puga ha trabajado desde el año 1978, como abogado, para pasar a ser Gerente del Área Judicial en 2011, y luego Gerente Asesor de dicha entidad financiera. 

En el medio se lo reconoce como un “hombre de Yarur”, considerando que dejó el banco recién en 2017, cuando tuvo que asumir como ministro de la Suprema. Esto a pesar de que Prado ha sido abogado integrante del máximo tribunal entre 2012 y 2017, antes de llegar a ministro de la Corte Suprema. 

Esto le ha significado problemas a Prado Puga en el pasado, cuando según una publicación de La Segunda, Prado -en calidad de abogado integrante de la Suprema- no se inhabilitó en una causa que enfrentaba a la Fiscalía Nacional Económica con diversos bancos en 2014

"Como el caso involucra a varios bancos, en tribunales se explicó que diversos integrantes de la Tercera Sala de la Suprema dejaron constancia de inhabilidades, para evitar conflictos de interés. Pese a ello, se dijo que Arturo Prado no se inhibió del proceso ni dejó registro de inhabilidades, pese a declarar por escrito en 2012 que es funcionario del BCI desde 1978 y pequeño accionista de la entidad", menciona la publicación.

Luego está el caso de Ángela Vivanco, quien ha ejercido el rol de vocera de esta comisión de cuatro integrantes. Fue nombrada ministra del máximo tribunal en agosto de 2018 para llenar el cupo dejado entonces por el ex ministro Patricio Valdés Aldunate. 

A Vivanco además se le atribuye en círculos judiciales el hecho de tener una cercana amistad con el abogado de SQM -pero también en algunas causas que ha debido enfrentar Sebastián Piñera- Gabriel Zaliasnik. Esto le ha significado grandes críticas a Vivanco, considerando que ella fue uno de los tres votos a favor de reducir la multa de Julio Ponce Lerou en 2020 -en el marco del Caso Cascadas- desde US$62 millones a tan solo US$3 millones.

Abogada de la Universidad Católica, con postgrado en la Universidad de La Coruña, ha sido una destacada académica del área del derecho constitucional en diversas universidades del país, entre las que destacan la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Los Andes y también su alma mater, la Católica.

Tuvo trabajos como abogada asesora de Empresas UC entre 2004 y 2010, y también de Anatel (Asociación Nacional de Televisión), pero también le correspondió ser Fiscal en la AFP PlanVital y también en Renta Nacional Compañía de Seguros.

A Vivanco además se le atribuye en círculos judiciales el hecho de tener una cercana amistad con el abogado de SQM -pero también en algunas causas que ha debido enfrentar Sebastián Piñera- Gabriel Zaliasnik. Esto le ha significado grandes críticas a Vivanco, considerando que ella fue uno de los tres votos a favor de reducir la multa de Julio Ponce Lerou en 2020 -en el marco del Caso Cascadas- desde US$62 millones a tan solo US$3 millones.

Según altas fuentes en el Poder Judicial, el poner en la primera línea de fuego a estos ministros externos “solo fomenta la colusión como quedó demostrado estos días cuando abogados de la plaza salieron en defensa del Poder Judicial después de tener un campo fecundo para sus objetivos de negocios y profesionales cómo quedó de manifiesto con abogados como Zaliasnik, abogado de SQM y Ponce Lerou, que salió a respaldar las declaraciones de la vocera Vivanco con quien mantiene una estrecha amistad”.

Luego está el caso de Jean Pierre Matus, el más reciente ministro de la Suprema. Lleva solo cuatro meses en el cargo, luego de que su nombre fuera aprobado por el pleno del Senado a fines de septiembre del año pasado. Su nominación no estuvo exenta de polémicas precisamente debido a su experiencia laboral en el mundo privado. 

Las principales recriminaciones en esa ocasión tuvieron relación con el desempeño de Matus como abogado asesor de la Comandancia en Jefe del Ejército -comandada por Ricardo Martínez Menanteau- en momentos en que dicha institución estaba siendo acusada por el escándalo de corrupción y fraude denominado Milicogate en 2019.

Además de eso, Matus prestó asesoría al Ejército cuando altos militares fueron acusados de espiar a periodistas que se encontraban investigando estos hechos, y también a otros militares y ex militares. Es el caso del periodista Mauricio Wiebel, y también del capitán Rafael Harvey, los que acusaron espionaje de parte de la institución armada en lo que se conoció como “Operación Topógrafo” y “Operación W”. 

Altas fuentes del Poder Judicial mencionaron a nuestro medio fuera de micrófono, que los intereses principales de esta comisión encargada de “pautear” a la Convención Constitucional, dice relación precisamente con evitar que se toque la inamovilidad de los jueces, evitar que se reduzcan los sueldos de los ministros, y también evitar que se eliminen los cupos externos al Poder Judicial para poder integrar la Corte Suprema en calidad de ministro. 

Además de esto, en círculos judiciales es tema de conversación el hecho de que la convencional Teresa Marinovic tiene una relación marital con Ricardo Alcalde Rodriguez, jurista y académico que desde febrero de 2021 labora como abogado integrante de la Corte Suprema, lo cual es percibido como un abierto conflicto de intereses tanto para la convencional como para el ministro.