“La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. Esta cita “célebre” del ideólogo de la Constitución del ’80, Jaime Guzmán, para perpetuar el modelo autoritario podría confundirse con el deseo maximalista de transformar la nueva Constitución en una nueva camisa de fuerza, para proteger las transformaciones sociales de una restauración conservadora. 

El temor es legítimo porque el anhelo de Guzmán ha vuelto a expresarse en la propuesta del secretario general de RN, diputado Diego Schalpern, a sus principales representantes ante el Congreso y la Convención Constitucional, en orden a “quitarle fuerza moral” a los redactores de la nueva Constitución y “atrofiar” al gobierno que se instala el 11 de marzo. La derecha juega con fuego porque su campaña del terror estimula la reacción de un maximalismo de signo contrario.  

La desesperación que revela esta estrategia quizás se deba a la encuesta semanal de Cadem que reveló el lunes un incremento en más de cuatro puntos porcentuales de la confianza de la ciudadanía en la Convención -desde el 44,6% al 48,7%- y una merma de 6% entre las personas que dicen adherir al rechazo en el plebiscito de salida. 

Schalpern confiesa el ardid que hay detrás de la retórica del terror desplegada a diario por los convencionales de la derecha radical, en su insistente acusación a la izquierda de “ponerse de rodillas” ante los pueblos originarios, “terminar con la igualdad ante la ley”, “destruir el Estado de Derecho” y, más recientemente, poner a los chileno al final de la fila, “detrás de los indígenas, de la naturaleza y de los animales”.

De cualquier modo, por más pueriles que resulten sus palabras, Schalpern confiesa el ardid que hay detrás de la retórica del terror desplegada a diario por los convencionales de la derecha radical, en su insistente acusación a la izquierda de “ponerse de rodillas” ante los pueblos originarios, “terminar con la igualdad ante la ley”, “destruir el Estado de Derecho” y, más recientemente, poner a los chileno al final de la fila, “detrás de los indígenas, de la naturaleza y de los animales”. 

Pero mientras Schalpern trata de atrofiar el debate democrático, la derecha dialogante ha ido entendiendo la dinámica de la Convención. Un pequeño grupo de sus representantes comienza, tímidamente todavía, a votar a favor de los informes corregidos en su segunda tramitación, tal como sucedió el miércoles con el articulado de Sistemas de Justicia. Comprendieron que el pluralismo jurídico no pondrá a Chile “de rodillas” ante los pueblos originarios, sino por el contrario, garantizará igualdad sustantiva para que todas y todos los chilenos tengamos el mismo derecho a una justicia que respeta nuestras respectivas culturas. 

El acuerdo de la Convención indica que los sistemas judiciales “coexistirán coordinados en un plano de igualdad” y, lo que más tranquilizó a los renuentes, “la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia”. ¡Gran alivio! Porque las leyes se hacen en el Congreso y allí la derecha se siente a salvo.   

Esa última “salvaguardia” es la que diferencia una constitución maximalista de una genuinamente integradora. El totalitarismo fundante de la Constitución del 80 y sus 42 años de antigüedad echaron al olvido la sana premisa que las constituciones democráticas expresan solo principios generales, cuya concreción orgánica queda encargada a una ley, o sea, al arbitrio de las mayorías políticas elegidas periódicamente. De esta manera se garantiza lo contrario al deseo de Jaime Guzmán, “que los adversarios” NO se vean “constreñidos a seguir lo que uno mismo anhelaría”, sino que puedan legislar conforme a la mayoría democrática expresada en el Congreso. 

Mientras tanto, casi medio centenar de artículos ya están en el borrador de la propuesta de la Convención, gracias a una notable capacidad política de articular acuerdos entre colectivos muy diversos. Aquello que la derecha extrema denomina “aplanadora” es el triunfo del diálogo en la construcción de una mayoría de 2/3 que se creía imposible. 

Por eso el miedo de la derecha también se alivió al rechazarse el jueves 34 de las 40 iniciativas del informe de la Comisión de Medioambiente. En ese grupo temático se concentran los convencionales más esquivos al diálogo, quienes legítimamente temen al fantasma de una ofensiva conservadora que restaure el totalitarismo neoliberal. 

Es un miedo distinto al de la derecha pero igual de inhabilitante, porque en su afán de proteger principios fundamentales de desconcentración del poder tejen amarras que exceden el ámbito de una Constitución. Por eso el informe de medioambiente sufrió varias derrotas, que permitieron a los dialogantes de derecha votar codo a codo con esa mayoría de convencionales capaces de aunar voluntades. 

Ante los informes de las cuatro comisiones que ya se han presentado en el pleno de la Convención se está instaurando un mecanismo interesante de resolución de diferencias: la estrategia de la abstención de la izquierda y la centroizquierda. El objetivo es asegurar que las iniciativas más polémicas sean bloqueadas, pero obtengan la mayoría simple del pleno, que les permite sobrevivir y volver a las comisiones para ser perfeccionadas. 

Mientras tanto, casi medio centenar de artículos ya están en el borrador de la propuesta de la Convención, gracias a una notable capacidad política de articular acuerdos entre colectivos muy diversos. Aquello que la derecha extrema denomina “aplanadora” es el triunfo del diálogo en la construcción de una mayoría de 2/3 que se creía imposible. 

Pretender, como Schalpern, “quitarle fuerza moral” a una Convención que está logrando lo imposible es una nueva manera de “atrofiar” la democracia. Pero liberarse de la camisa de fuerza que desea mantener el establishement conservador tampoco será posible con nuevas normas de amarre.