Este jueves 05 de mayo, el director de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), Juan Hernández Rivera, presentó su renuncia a la institución, luego de que Interferencia revelara, en abril, el caso de maltrato y amenazas sufrido por dirigentas de las asociaciones de funcionarios por parte de Hernández y la compra de un software por $570 millones de pesos que nunca se usó en el organismo.

Según fuentes de Interferencia, la renuncia habría sido solicitada por el gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches, tras las denuncias de amenazas y mala gestión del servicio por parte de las asociaciones de funcionarios de Dipreca, institución que depende de esa cartera y que vela por la seguridad social de Carabineros, Gendarmes y Policía de Investigaciones (PDI).

La presión por la salida de Hernández comenzó tras el cambio de Gobierno. El 15 de marzo, distintas asociaciones de funcionarios hicieron llegar una carta al presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior.

Hernández es contador auditor de la Universidad de Chile, perito contable forense y magíster en didáctica para la educación superior, aunque su carrera la hizo principalmente en la Policía de Investigaciones (PDI), donde llegó a ser parte del alto mando institucional, como jefe de Finanzas, jefe de Antinarcóticos y subdirector operativo. Fue nombrado director de Dipreca en diciembre del 2018, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La presión por la salida de Hernández comenzó tras el cambio de gobierno. El 15 de marzo, distintas asociaciones de funcionarios hicieron llegar una carta al presidente Gabriel Boric y a la ministra del Interior narrando las amenazas a las que estuvieron expuestas durante el 2021, la contratación excesiva de asesores para Hernández y la compra de un software contable que nunca se pudo aplicar.

Según investigó Interferencia, el software de la empresa Browse, que en total ha tenido un costo de $570 millones, nunca pudo aplicarse en Dipreca debido a que su sistema contable no es compatible con este sistema y porque la dirección no realizó un estudio anterior a la compra, que le permitiera conocer las especificaciones para compatibilizar el sistema contable ya existente con uno nuevo.

Respecto de la amenaza, la dirigenta afectada, Janette Droguett, narró que el 23 de septiembre del 2021 tras la finalización de una tensa reunión entre los gremios y el director, la dirigenta bajó por el ascensor junto al director nacional y otros dos funcionarios. Allí, según ella relata, Hernández le preguntó si seguía viviendo en Renca, comuna donde él también vivió. Ella respondió que sí, a lo que él le dijo “¿Y qué pasaría si te mando unos amigos a tu casa?”.

Según afirma Droguett, esta amenaza hacía referencia a sus 'amigos' de la PDI y otros uniformados, algunos ligados también a servicios de inteligencia de la dictadura. Incluso, uno de sus asesores cercanos,- contratado por Hernández en Dipreca por más de dos millones de pesos mensuales-, Sergio Mellado Faúndez, aparece nombrado en una investigación del periodista Javier Rebolledo como un ex agente de la DINA y también, en otros reportajes, como un ex agente de la CNI.

Tras la salida de Hernández, quedará como directora subrogante la actual fiscal de la institución, Elsa Loyola.

Las asociaciones de funcionarios que enviaron la petición de salida del director nacional también fueron respaldadas por dirigentes la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Así, pudieron concretar reuniones con el gabinete de la ministra Siches, durante las últimas semanas, donde pudieron entregar detalles de sus denuncias sobre la gestión de Hernández.

“Como asociaciones estamos agradecidos con este gobierno de haber sido escuchados y atendidos sobre las denuncias y lo que estábamos demandando, que era la salida del actual director, ya que él no representaba un camino beneficioso para los funcionarios en Dipreca”, afirma a Interferencia Janette Droguet, presidenta de Anfup.

Tras la salida de Hernández, quedará como directora subrogante la actual fiscal de la institución, Elsa Loyola.

“Esperamos que las personas de confianza que eran parte del equipo de Hernández tomen la misma decisión de retirarse del servicio, para poder crear un nuevo ambiente, con personas que quieran avanzar por un trabajo libre de maltrato”, agrega Droguett.