El 12 de octubre de 2016, la Comisión de Energía del Senado aprobó el artículo transitorio de la Ley para Regular el Mercado del Gas que, a la postre, permitió a Metrogas cobrar sobreprecios a través de un contrato con su empresa espejo Agesa. La norma fue presentada por el Gobierno de Michelle Bachelet, mismo que había presentado el proyecto de ley en discusión.

La ley, en su articulado principal, buscaba -entre otras cosas- establecer una rentabilidad máxima de 10%, con lo que se aseguraría controlar sobreprecios.

Entre los asistentes a la Comisión se encontraba Máximo Pacheco (PS), por entonces flamante ministro de Energía, quien había aterrizado en la cartera con un amplio currículum en el mundo privado, luego haber sido director de Luchetti y Banco de Chile, empresas del Grupo Luksic, además de AFP Provida, Fallabela y la división latinoamericana de la forestal multinacional International Paper.

El escándalo de los sobreprecios de Metrogas -que presta servicio público a más de 800 mil hogares y clientes institucionales- salió a la luz pública en un reportaje de Chilevisión que se emitió a fines mayo. En esa investigación se informaba que el actual presidente de Codelco se desentendió de esta polémica norma transitoria, al asegurar que las empresas “han interpretado la ley de manera que no se ha cumplido con la rebaja que se esperaba”.

Pacheco sostuvo al menos diez reuniones con el presidente de Metrogas, Antonio Gallart, y el presidente de CGE, Rafael ViIllaseca, durante la tramitación de la ley.

Sin embargo, información disponible en el portal InfoLobby, donde las autoridades deben registar sus reuniones con terceros, muestran que Pacheco sostuvo al menos diez reuniones con el presidente de Metrogas, Antonio Gallart, y el presidente de CGE, Rafael ViIllaseca, durante la tramitación de la ley. De hecho, las dos últimas reuniones fueron tres y una semana antes de la creación de Agesa y la suscripción del contrato con Metrogas con que el grupo elevó artificialmente el precio del gas, traspasando la rentabilidad a la empresa espejo, sobre la cual no hay límites legales para sus utilidades.

Interferencia contactó al ex ministro para conocer el contenido de las reuniones. Al respecto Pacheco aseguró que "[Desde Metrogas] nos informaron de que crearon esta empresa [Agesa]. Cuando nos informaron de que iban a separar los negocios, los escuchamos y acto seguido dictamos un transitorio con el único objeto de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) también pudiese hacer los estudios de rentabilidad de la otra empresa”. 

En otras palabras, la ahora polémica norma buscaba en principio fiscalizar también a la empresa espejo de Metrogas.

Según Pacheco, este artículo que permitió a Metrogas cobrar sobreprecios también es el que permitió que la CNE pudiera detectar la irregularidad. “De ahí es que sale entonces que hoy la CNE tiene facultades para hacer el estudio de rentabilidad. Y de ahí sale también el que la información de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) determina cómo ellos dejaron una parte de las utilidades en la otra empresa”. 

Las reuniones

La trama de Agesa comienza el 19 de abril del 2016, día en que Pacheco asistió al evento “Productividad Ahora” de Icare, en el Hotel Hyatt, donde la ex presidenta Bachelet realizó una presentación. 

Agesa comenzó a suministrar gas a sobreprecio a Metrogas 13 días después de que Villaseca y Gallart conversaran con Pacheco sobre los “proyectos de crecimiento de GNF en Chile” el 7 de julio de 2016.

Según consta en los registros de lobby, a la salida del evento Pacheco se reunió con Gallart y Villaseca para conversar sobre los avances del plan de gasificación de Metrogas y CGE, que incluía la creación de Agesa, una empresa espejo que manejaría exclusivamente el almacenamiento, mientras Metrogas se haría cargo de la distribución.

Veinte días después de esa reunión, Metrogas citó a una junta extraordinaria de accionistas para votar la creación de Agesa, que fue ratificada el 26 de mayo de 2016. 

Dos meses más tarde se firmó el contrato con que Agesa comenzó a suministrar gas a sobreprecio a Metrogas. Esto solo 13 días después de que Villaseca y Gallart visitaron el Ministerio de Energía para conversar con Pacheco sobre los “proyectos de crecimiento de GNF en Chile”, el 7 de julio.

Hasta este punto no existía en el proyecto en tramitación ningún artículo que beneficiara a Metrogas para que su rentabilidad fuera traspasada a Agesa. Ese artículo fue ingresado por parte del gobierno de Bachelet en forma de norma transitoria el 12 de octubre de 2016. 

La norma fue aprobada por la Comisión de Energía con la presencia de Pacheco en la instancia. Con esta se consideró que el contrato entre Agesa y Metrogas no entraría en el cálculo de rentabilidad, pero que, de todas formas, debía someterse a fiscalización de la CNE para verificar que su eficiencia económica estuviera “de acuerdo a las condiciones de mercado”.

Dos días después, el 14 de octubre, Pacheco se reunió con el gerente general de CGE, Eduardo Apablaza Dau, y la subdirectora de comunicaciones de CGE, Katia Trusich (PPD), ex subsecretaria de Economía del gobierno de Bachelet hasta enero de 2016 y esposa del entonces senador Felipe Harboe (PPD). Según declararon para el registro, conversaron sobre un “proyecto de electrificación rural”.

Cinco días después de ingresar el polémico artículo transitorio, el 19 de octubre de 2016 Pacheco renunció a Energía para sumarse como generalísimo al comando de la precampaña presidencial de Ricardo Lagos.

Ese mismo día una junta extraordinaria de accionistas de CGE dividió la empresa en dos sociedades, así como había hecho Metrogas, para separar sus operaciones en el sector eléctrico del negocio del gas natural.

Cinco días más tarde, el 19 de octubre de 2016, Pacheco presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Energía para sumarse como generalísimo al comando de la precampaña presidencial de Ricardo Lagos.

Por su parte, Metrogas, CGE y Fenosa solo debían aguardar la aprobación de la nueva normativa que permitiría traspasar la rentabilidad a Agesa a través de sobreprecios en la venta de gas. Mientras tanto comenzaban a tender lazos con el nuevo ministro, Andrés Rebolledo (PS).

2014: El año en que el gobierno no llevó a Metrogas al TDLC

La historia entre Metrogas y Pacheco comenzó en 2014, cuando la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF) adquirió la Compañía Generadora de Electricidad (CGE), matriz de Metrogas, en medio de las denuncias del gobierno en contra de la distribuidora que por tercer año consecutivo había sobrepasado el límite a la rentabilidad.

Para varios actores, como la Fiscalía Nacional Económica, la Municipalidad de Maipú (cuyo alcalde Christian Vittori llevó en 2014 a Metrogas al Tribunal de Libre Competencia (TDLC), pero perdió) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) había que llevar a Metrogas al TDLC por obtener una rentabilidad mayor a la permitida por ley.

Sin embargo, Pacheco prefirió analizar en mayor detalle la situación. En el horizonte aparecía la compra de CGE y, por lo tanto, la adquisición de Metrogas, unas de las transacciones corporativas más grande en la historia reciente, por un valor estimado de $3.000 millones de dólares.

Los movimientos de GNF comenzaron en marzo de 2014, cuando se acercaron al presidente de CGE, Jorge Marín, para consultar por una posible compra. Por ese entonces la compañía estaba en manos del Grupo Marín (22%), Grupo Almería o familia Hornauer (21%) y los Pérez Cruz (11%). En julio, Fenosa lanzó la primera propuesta de compra, llegando a un acuerdo de due diligence en agosto de 2014.

Entre quienes asesoraron a Pacheco para descartar llevar a Metrogas al TDLC figuraba el estudio jurídfigrico Ferrada & Nehme, y en el equipo que se hizo cargo de ello figuraba el abogado Diego Pardow, actual asesor jurídico de Gabriel Boric en el segundo piso de La Moneda.

Finalmente, la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por CGE comenzó el 14 de octubre y tardaría cerca de un mes en concluir.

Con el comienzo de la compra, Pacheco quebró el diálogo con los antiguos dueños de Metrogas, argumentando que estos acusaban al Ministerio de calcular erróneamente la rentabilidad de la compañía (mismo argumento que la empresa está empleando ahora para desacreditar la investigación de la FNE).

En bloque, Bachelet y sus ministros salieron a valorar positivamente la adquisición de CGE, con Pacheco comentando a la prensa que: "con las reuniones que hemos tenido con [GNF] ha quedado claro que conocen muy bien la agenda de energía del gobierno y las distintas tareas que tenemos”.

De todas formas, las presiones para llevar a Metrogas al TDLC continuaron.

El 17 de octubre Pacheco anunció que tomaría una decisión dentro de dos semanas, mientras buscaba asesoría legal en vista que, del otro lado, Metrogas había reclutado al representante de Chile en La Haya y ex ministro de Piñera, Felipe Bulnes (RN), y a la ex ministra de Defensa de Bachelet y entonces directora de Colbún, Vivianne Blanlot (PPD).

Entre los asesores que ayudaron a Pacheco figuró el estudio jurídico Ferrada & Nehme, y en el equipo del área de regulación económico que se hizo cargo de ello figuraba el abogado Diego Pardow, actual asesor jurídico de Gabriel Boric en el segundo piso de La Moneda. Además, tambien lo asesoraron los ex ministros del TDLC Javier Velozo y Andrea Butelmann.

Pacheco no se pronunció sino hasta después de un mes, para cuando la OPA de Fenosa para adquirir CGE ya estaba finalizada.

En el intertanto, el 23 de octubre Pacheco recibió la visita del consejero delegado de Fenosa, Rafael Villaseca, inaugurando una serie de reuniones que tendrían el ministro de Energía y la cabeza de GNF a lo largo de los dos años de trámite de la ley reguladora del mercado del gas.

Un día después de su junta con Villaseca, Pacheco se embarcó con una comitiva presidencial a España y Alemania para atraer inversiones y solventar las dudas de los inversores internacionales por la desaceleración de la economía chilena tras la aprobación de la reforma tributaria.

El grupo que viajó a España en medio de la compra de CGE y el eventual recurso contra Metrogas estaba liderado por la presidenta Bachelet y un equipo de ministros formado por Ximena Rincón (DC) en Segpres, Luis Felipe Céspedes (DC) en Economía, Alberto Undurraga (DC) en Obras Públicas, Aurora Williams (PR) en Minería y Máximo Pacheco en Energía.

Además, acudieron diez parlamentarios, entre ellos Maya Fernández (PS), Gabriel Silber (DC) y Jorge Insunza (PPD), y quince empresarios, donde destacan los entonces presidentes de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, y la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma), Roberto Fantuzzi.

En su visita a Madrid la comitiva se reunió con diferentes actores del mercado español, entre ellos la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que Fenosa forma parte. Al respecto, Bachelet llegó a comentar que el presidente de GNF, Salvador Gabarró, estaba “muy impresionado por la rapidez de todo el proceso [de compra]”.

Al final de su visita a España, la comitiva de ministros, entre ellos Pacheco, recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de parte del Rey Felipe VI.

De vuelta en Chile al gobierno sólo le quedaba esperar el cierre de la OPA para conocer cuál era el porcentaje que GNF pasaría a controlar. Ese porcentaje se conoció el 11 de noviembre, cuando CGE anunció que Fenosa había adquirido el 96,5% de las acciones de la compañía, tomando así el control de Metrogas.

Seis días después, el 17 de noviembre, y con un retraso de un mes exacto, Pacheco anunció que el gobierno no recurriría contra Metrogas ante el TDLC. La conclusión de las asesorías advirtieron de un “vacío legal” en la legislación, pues en la misma no se establecía un sistema de cálculo de rentabilidad, con lo que la cifra quedaba en un limbo contable donde cada quién podía tener su propia interpretación.

Según El Mostrador, el mismo día en que se anunció la compra de Fenosa, el 11 de noviembre, Pacheco se reunió nuevamente con el consejero delegado de esa empresa, Rafael Villaseca, junta que no se encuentra respaldada en los registros de InfoLobby.

Días más tarde, luego de conocerse que el gobierno no actuaría contra Metrogas y con la compra consumada, la nueva junta nombró a Villaseca presidente de CGE. Y, en abril del año siguiente, Antonio Gallart sería nombrado presidente de Metrogas y, posteriormente, gerente general de CGE.

Desde estos nuevos cargos, Villaseca y Gallart mantendrían esta serie de reuniones con Pacheco durante 2015 y 2016, en medio de la tramitación de la ley que le permitiría mantener los sobreprecios con Metrogas a través de un nuevo método: Agesa.