El foco de la discusión sobre la denominada Ley Naín-Retamal estaba puesto sobre uno de los capítulos más controversiales para el oficialismo: la 'legítima defensa privilegiada'. Una modificación que pretende eximir en determinadas circunstancias de responsabilidad criminal a los policías en el uso de su arma letal dentro del ejercicio de sus funciones. 

En concreto, la indicación establece las siguientes hipótesis para el uso del arma por parte del efectivo policial: 

1. Agresión mediante uso o amenaza de uso de arma blanca, arma de fuego, algún objeto cortante, punzante o contundente apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial u otra persona. 

Tohá trazó la estrategia del Ejecutivo aprobando la Ley Naín-Retamal y que fue recogida por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal, mientras que el Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, rechazaron (tibiamente) o se abstuvieron en la votación del controversial capítulo.

2. Cuando la agresión fuese perpetrada por un grupo de dos o más personas y el funcionario razonablemente estima que la acción tiene potencial de muerte o lesión. 

3. Cuando impida o trate de impedir la consumación de determinados delitos, tales como: secuestro, violación, parricidio, femicidio, asesinato, castración, mutilación y en ciertas hipótesis de robo calificado. 

Con todo, la ministra del Interior, Carolina Tohá llamó al oficialismo a votar en favor de la Ley Naín-Retamal, pese a tener objeciones con ella. “Nuestra orientación como Ejecutivo y nuestra orientación para nuestras bancadas es que a pesar de que tenemos objeciones con varias de las formulaciones de Retamal, porque no nos parecen bien formuladas, porque creemos que ese mismo objetivo se puede obtener con otras formulaciones mucho más precisas, pero nuestra indicación es que este proyecto tenga respaldo, se apruebe, le demos los votos y si sigamos en el Senado mejorándolo”.

De esta forma, Tohá trazó la estrategia del Ejecutivo aprobando la Ley Naín-Retamal y que fue recogida por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Liberal, mientras que el Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, rechazaron (tibiamente) o se abstuvieron en la votación del controversial capítulo.

En concreto, en su votación particular, la iniciativa concentró 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, aunque también hubo inasistencias dentro del Partido Comunista, como las diputadas Karol Cariola, Carmen Hertz y Carolina Tello, tampoco se presentó Tomás Hirsch (AH) ni Consuelo Veloso (RD). 

Con todo, tras el contundente apoyo desde los socialistas hasta el Partido Republicano, el diputado comunista, Boris Barrera (PC), se refirió a la votación de su partido. “Es una señal que quisimos dar, dada la preocupación que nosotros tenemos a que esto quede demasiado abierto. Creemos que el verdadero resguardo de las policías y Carabineros es que tengan las reglas claras, cuando esto queda demasiado abierto surge la posibilidad que se cometan errores o abusos”, sostuvo el parlamentario. 

Desde el sector contrario, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), afirmó que “decirle a los carabineros que pueden salir con mayor respaldo a la calle, que pueden salir a hacer su pega, que cuando se ve han enfrentado a los delincuentes, a las amenazas, ellos puedan actuar y también, que se sepa, que si alguien les ataca, ellos van a tener una legítima defensa privilegiada que van a poder hacer un sus armas de fuego”.

Durante la discusión en Sala, la diputada Claudia Mix (Comunes) afirmó que "estamos desviando la mirada del Estado que debiera poner todo su esfuerzo en políticas públicas enfocadas a la prevención del delito desde la niñez y la juventud [...] es una falacia que el actual sistema normativo no permita a las policías el uso de todas sus facultades para combatir hechos delictuales".

Boris Barrera (PC), se refirió a la votación de su partido. “Es una señal que quisimos dar, dada la preocupación que nosotros tenemos a que esto quede demasiado abierto. Creemos que el verdadero resguardo de las policías y Carabineros es que tengan las reglas claras".

También fueron contundentes las palabras de la diputada Mercedes Bulnes (independiente electa en cupo RD), quien enfatizó que "deberíamos estar discutiendo sobre mejores remuneraciones, sobre perfeccionar la instrucción de nuestras policías, aumentar el período de instrucción [...] pero como suele suceder en Chile queremos pintar la casa antes de revisar los cimientos". 

"Lo cierto es que tal y como viene el proyecto sin el debido reforzamiento institucional solo abre las puertas al abuso, expone una vez más a las policías que son usadas como carne de cañón por algunos sectores de la oposición [...] y es curioso que estos mismo sectores que hoy apoyan esta ley se hayan opuesto a la reforma tributaria que buscaba entregar fondos a las policías o tan ferozmente al levantamiento del secreto bancario como medida contra el crimen organizado", agregó la parlamentaria. 

Las dudas del progresismo que no tuvieron cabida

Pese a que la votación refleja transversalidad en el apoyo de las medidas de esta ley que no dicen relación con la 'defensa legítima privilegiada', existen diversas 'objeciones' oficialistas al aumento en general de las facultades de los efectivos policiales, y a esa moción en particular. En concreto, varios expertos dudan sobre la efectividad de las medidas empujadas por la clase política. 

Francisco Cox, jurista experto en criminalidad compleja, sostuvo en entrevista con Radio Radio ADN que "lo que me preocupa de estas leyes de defensa legítima privilegiada para Carabineros es el equivalente a la ley de Estados Unidos, stand-your-ground, que produjo mayor 'gatillo fácil' por parte de la policía; mayor cantidad de personas baleadas y asesinadas. Pretender darle más poder a la policía y bajarle los controles es la receta para un fracaso".

Otro elemento que ha sido parte de la discusión es la legitimidad que Carabineros posee debido a numerosos 'escándalos' en los que se han visto involucrados. A saber: Violaciones a los Derechos Humanos en el Estallido Social, Paco Leaks, Operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca o Paco Gate.

Cox, también señaló que las medidas incluso podrían ser contraproducentes en el control del crimen organizado. "A la policía se le empezó a dar poder y lo que genera es alguien con casi un control absoluto en un Estado de Derecho, que es la antítesis del Estado de Derecho y, por lo tanto, las bandas de crimen organizado empiezan a ver a quién corromper. Y pensar que Carabineros es incorruptible es no ver lo que pasó con gastos reservados", sostuvo el experto. Incluso tildó la agenda contra el crimen organizado de "legislatura de matinal". 

Consuelo Contreras, directora del INDH, expresó su preocupación a través de un comunicado: "La nueva normativa podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso. Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley".

Las indicaciones de Tohá

Pese a que el Gobierno confía en que la transversalidad de la votación alcanzada en la Cámara le permitirá ingresar con éxito indicaciones a la ley en el Senado, la puerta para la defensa legítima privilegiada ya está abierta. 

Respecto a las indicaciones que propondrán, la ministra señaló respecto al uso de armas que “se entenderá como racional el uso de armas en defensa de personas cuando se intente impedir alguno de los delitos de homicidio o lesiones graves contra las policías, salvo que el tribunal indique que no es razonable, donde se podrá aplicar un atenuante de la pena [...] Y cuando se considere que es racional el uso del arma, no se podrá culpar al carabinero”. 

Asimismo, Tohá agregó que “el Ejecutivo propone que cuando haya uso de la fuerza, se le tiene que dar el trato de víctimas o testigos a las policías, para defender a personas o repeler el ataque contra policías”. Siempre que las diligencias de la investigación no señalen lo contrario, pues en ese caso tendrá calidad de imputado. 

Por otro lado, la titular de Interior sostuvo que “no somos partidarios con que haya prisión efectiva cuando hay lesiones leves [...] la opinión del ejecutivo es que las personas que agrediendo a Carabineros, le infiere una lesión grave, tiene que tener una prisión efectiva en casos graves, graves gravísimas y homicidio”.

Sin dejar de recordar que esta discusión sobre aumento de facultades de las policías y agravamiento de penas para quienes atenten contra ellos en una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, en 1985, en manos de Carabineros.

Sin embargo, la posición del Ejecutivo respecto del uso de armas, había sido explicitada por Tohá en las horas previas a la votación clave que se desempeñó en la Cámara, pues la secretaria de Estado sostuvo entrevista con radio ADN respecto del uso de la fuerza que "no solo cuando se ve amenazada su vida, sino también cuando está amenazada la vida de un tercero, o cuando se está cometiendo un ilícito y la persona que lo comete no obedece las órdenes, las policías tienen que hacer uso de la fuerza, no pueden dejar arrancar a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, hay que dispararle“.

Luego, matizó: “Ciertamente, alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que paralizarlo, pero las policías no pueden quedarse de brazos cruzados ante una persona que arranca”, aclaró.

Historial

Otro elemento que ha sido parte de la discusión es la legitimidad que Carabineros posee debido a numerosos escándalos en los que se han visto involucrados, y que muestran severas deficiencias históricas de la institución, tanto a nivel operativo, doctrinal e institucional, las que después del estallido social llevó a que el sector ahora gobernante cosiderara indispensable refundar Carabineros, o al menos reformarlo de raíz (ver artículo de Interferencia al respecto).

A saber: las consabidas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el estallido social, respaldado por cuatro informes de organismos internacionales, con casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai, heridos por carabineros; Paco Leaks, el masivo hackeo que reveló seguimientos y vigilancia a organizaciones y activistas de distintas causas sociales; Operación Huracán, un montaje que carabineros desarrolló para inculpar con pruebas falsas a ocho mapuche; el asesinato de Camilo Catrillanca; o el escándalo del Paco Gate, un desfalco cercano a los 28 mil millones de pesos defraudados por funcionarios de carabineros. 

Dentro del listado está el Caso Apoquindo, de 1993, bajo Patricio Aylwin y Rodolfo Stange como general director, donde el criterio policial hizo que el 21 de octubre de ese año, a escasos metros de la intersección de avenida Apoquindo con Manquehue en la comuna de Las Condes, se produjera una intensa balacera entre agentes de Carabineros y cinco integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro, los cuales habían asaltado un banco que se ubicaba en las cercanías. 

Luego de robar $4 millones de este banco, los asaltantes habían abordado un bus de transporte público que luego fue interceptado por Carabineros, produciéndose el tiroteo en el cual un carabinero, tres asaltantes y también tres civiles que se trasladaban en el bus resultaron muertos. Además de esto, 12 personas resultaron heridas luego de que el bus recibiera más de 150 tiros de parte de la policía, según consignó una nota de El Metropolitano.

En esa ocasión, los carabineros responsables de este accionar, y la institución como tal, recibieron el respaldo cerrado tanto del presidente Patricio Aylwin Azócar, como de su ministro del Interior, Enrique Krauss Rusque. Krauss era primo de Fernando Cordero Rusque, quien reemplazaría al general Rodolfo Stange como general director de Carabineros en 1994, y quien llegaría a ser senador designado por la institución en 1998.

Un 29 de marzo

Además, la aprobación de esta legislación sucede cuando se conmemora el Día del Joven Combatiente, que recuerda varios asesinatos en manos de carabineros y otros agentes: el de los hermanos  Rafael y Eduardo Vergara Toledo, el denominado Caso Degollados, donde policías secuestraron y asesinaron a tres militantes del Partido Comunista, José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino Allende; y por último, el asesinato de Paulina Aguirre, militante del MIR, acribillada en la puerta de su casa por agentes de la CNI. 

Paradójico es que el propio presidente Gabriel Boric, según informó La Tercera, se trasladó hasta la Escuela de Suboficiales de Carabineros para entregar su respaldo a los funcionarios que respondieron a las manifestaciones por la conmemoración de un nuevo 29 de marzo. Durante el "arengazo", Boric entregó su apoyo a 300 funcionarios y les señaló que "ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza". Posteriormente, Boric visitó el memorial de Providencia que recuerda a los profesores Parada, Guerrero y Nattino.