El resultado electoral de esta jornada solo puede exacerbar los rasgos elitistas y conservadores del desaliñado proceso constituyente en curso, aunque siempre es posible que un acto de responsabilidad política de los elegidos permita salvarlo y dar a luz una Constitución aceptable para la ciudadanía.  

Pero además de la futura Carta Fundamental, se juegan en las urnas dos grandes peligros para el sistema político y el orden institucional que se viene. El primero; una radicalización de la derecha tradicional, impulsada por el fortalecimiento o la consolidación del Partido Republicano y; el segundo, un mayor envilecimiento de la política, expresado en la mantención o crecimiento del Partido de la Gente.

Los Republicanos y el PDG utilizan el miedo y la vulnerabilidad para posicionarse en una escena ciudadana llena de frustraciones. El uso del malestar les permite incluso sortear los bajos estándares éticos de sus dirigentes y candidatos. La lista es larga:  la narcotraficante del PDG Karla Añes, en Arica; el republicano por Bío Bío, Aldo Sanhueza, imputado por abuso sexual en una causa cerrada por suspensión condicional y; el postulante republicano Martín Kuschke por la Araucanía, detenido por colisionar bajo la influencia del alcohol.  Los candidatos se suman a diputados de ambos partidos que han remecido a la opinión pública por sus discursos de odio, como Gonzalo de la Carrera y Johannes Kayser; además del excéntrico parlamentario del PDG Gaspar Rivas, habitual protagonista de excesos y ofensas. Para qué abundar en los escándalos de acosos y la deuda de pensiones alimenticias del presidenciable Franco Parisi.

Se cumplan o no los augurios de crecimiento de ambas fuerzas políticas, su sola incidencia en el juego democrático es un síntoma de la misma enfermedad que hubo detrás del estallido social y del plebiscito del 4 de septiembre: el malestar por condiciones de vida apremiantes y la desconfianza en las instituciones. Ni la política tradicional ni los nuevos actores independientes que integraron a la Convención fueron capaces de ofrecer un nuevo pacto social. No hay que olvidar que este es el tercer intento de escribir una nueva Constitución, después del proceso que impulsó Michelle Bachelet en su segundo Gobierno.  

Las prioridades y las conductas han cambiado porque el mal vivir solo empeora a causa del aumento de la delincuencia, la crisis migratoria, la inflación y el impacto psicosocial que dejó la pandemia. Son nuevas vulnerabilidades que se añaden a la larga lista de razones para dudar del sistema, por su incapacidad de resolver las bajas pensiones, el abandono de la educación pública, las listas de espera en la salud, la inequidad territorial y un largo etcétera.

Así como el malestar se expresó en un estallido social en 2019 y en la preferencia electoral por independientes para la Convención Constitucional en 2021; también se manifestó en el rechazo rotundo de la propuesta constitucional y se sigue desplegando en la impopularidad del Gobierno de Gabriel Boric. Es previsible que esa frustración con la política se profundice en los comicios de hoy y en el plebiscito de diciembre, porque ninguna de las demandas del estallido ha sido resuelta y, en cambio, nuevas necesidades se han sumado a los agobios anteriores.

El rechazo a una política que ha sido incapaz de destrabar los nudos sociales pendientes fue terreno fértil para un estallido masivo y violento. Si se le añade el aumento del crimen y el colapso migratorio, la pradera se vuelve a incendiar, pero con los instrumentos clásicos del populismo de ultraderecha: el autoritarismo contra la delincuencia, el nacionalismo anti inmigración y el conservadurismo que reacciona al avance del feminismo y de los derechos de minorías discriminadas. Nada distinto de la ola nacional populista que se ha hecho de los gobierno de Italia, Hungría, Polonia, Turquía, El Salvador y mantiene latentes los liderazgos ultraderechistas de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Se cumplan o no los augurios de crecimiento de ambas fuerzas políticas, su sola incidencia en el juego democrático es un síntoma de la misma enfermedad que hubo detrás del estallido social y del plebiscito del 4 de septiembre: el malestar por condiciones de vida apremiantes y la desconfianza en las instituciones.

Hace unas semanas la encuesta feed back research de la UDP reveló que un 51% de los consultados considera que a veces un gobierno autoritario puede ser preferible o simplemente da lo mismo si hay democracia o autoritarismo. Si la democracia no soluciona los problemas y se suma el agobio de la delincuencia ¿por qué no probar fórmulas distintas?

Además como el voto es obligatorio, los ciudadanos indiferentes, mal informados y escépticos se vuelcan a las urnas de muy mala gana y expresan su molestia, favoreciendo a las nuevas formaciones que desafían al stablishement, es decir, a los populistas que ofrecen soluciones fáciles a las urgencias.

La tolerancia de la derecha tradicional al radicalismo conservador ayuda bastante al populismo. Apoyaron al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, en las presidenciales del año 2021 y han hecho alianzas con las nuevas formaciones pseudo centristas, como el Partido de la Gente, que nació con rasgos de populismo neoliberal, pero ha ido evolucionando hacia el radicalismo derechista.

La mayoría conservadora que se instalará en el consejo constitucional sitúa a Chile Vamos como el gran responsable del éxito o el fracaso de este proceso. Y hasta ahora no ha puesto mucho de su parte. Sus representantes en la Comisión de Expertos insisten en la subsidiariedad como principio constitucional, instalando un nuevo factor de fragilidad en este segundo intento constituyente.

Las doce bases constitucionales acordadas para reducir incertidumbre en la deliberación incluyen la definición de un Estado Social y Democrático de Derecho. Es cierto que menciona al sector privado en las prestaciones sociales, pero las normas que están promoviendo en el anteproyecto constitucional van mucho más allá y pretenden seguir mercantilizando la seguridad social, esta vez de modo explícito y sin los eufemismos de la Constitución del 80. Ya aprendimos que la “libre elección” es una farsa, que encubre la segregación de la salud y la captura de los fondos previsionales para un mercado financiero que comparte los riesgos pero no las utilidades de sus comisiones.

En la Convención Constituyente el quorum de dos tercios hizo imposible construir una mayoría que sumara al centro, la izquierda y la derecha. Simplemente los números no daban y la izquierda orgánica no tuvo alternativa que pactar con convencionales independientes radicalizados. Esta vez el quorum es más bajo, son tres quintos que permitirían articular una mayoría sin la derecha radical y haciendo a un lado el populismo. Depende de los dueños de la llave.