Este jueves 22 de junio Interferencia dio a conocer el riesgo a la seguridad nacional que implicó el hackeo a los documentos del Ejército ocurrido a fines de mayo, y por el cual hay un conscripto detenido. La organización de cibercrimen Rhysida insertó un ransomware que secuestró miles de datos de la institución castrense y cobró un rescate por ellos. Para probar que los datos eran reales, 'liberó' en la deep web el 30% de ellos, a los que esta redacción tuvo acceso, mientras que desde Rhysida aseguraron que el 70% restante ya había sido subastado al mejor postor.
Entre esos documentos liberados destacan algunos relacionados al rol y las labores del Ejército durante los días de estado de excepción durante el estallido social, su análisis sobre quiénes participaron en las manifestaciones y cómo el Ejército busca prepararse para un eventual nuevo estallido social en el país.
En el subtítulo Naturaleza de las potenciales amenazas, el Ejército indica que en los últimos años han aumentado eventos de “naturaleza híbrida”, que son “actividades hostiles de origen interno o externo que combinan métodos y capacidades convencionales (campañas de desinformación, ciberataques, terrorismo, sabotaje, insurgencia, etc.), coordinadas o ejecutadas tanto por agentes estatales como por otros grupos u organizaciones no estatales”.
Interferencia tuvo acceso a estos documentos, rotulados como secretos, los que en general se enfocan en planes de acción, estrategias para resguardar infraestructura crítica y planes de enlace que permitan una reacción rápida y eficiente en caso de ser atacados sus cuarteles. Aunque la mayor parte de la información es general, algunos de estos archivos contienen puntos de vista y versiones sobre quiénes participaron en las manifestaciones del estallido social.
En un documento de 40 página fechado el 9 de agosto de 2021 en Concepción, titulado Plan Saturno 2 del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, se da cuenta de que este Plan consiste en elementos estratégicos y tácticos en caso de que ocurran eventos como los del estallido social del 2019, que impliquen un nuevo estado de excepción en el país y que las Fuerzas Armadas sean mandatadas a resguardar el orden público.
En el subtítulo Naturaleza de las potenciales amenazas, el Ejército indica que en los últimos años han aumentado eventos de “naturaleza híbrida”, que son “actividades hostiles de origen interno o externo que combinan métodos y capacidades convencionales (campañas de desinformación, ciberataques, terrorismo, sabotaje, insurgencia, etc.), coordinadas o ejecutadas tanto por agentes estatales como por otros grupos u organizaciones no estatales”.
El documento señala que estos eventos tienen el potencial de dañar infraestructura crítica y debilitar la seguridad nacional.
También se indica que los soldados no sólo deben salir equipados y bien entrenados para enfrentar estos eventos, sino también con conocimiento de las reglas del uso de la fuerza (RUF) y el “respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
También se indica que los soldados no sólo deben salir equipados y bien entrenados para enfrentar estos eventos, sino también con conocimiento de las reglas del uso de la fuerza y el “respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
Cabe señalar que uno de los aspectos problemáticos durante el estallido social fue el de las reglas del uso de la fuerza, las que no fueron sentadas desde el poder civil, siendo estas las que establecen los grados de discrecionalidad y letalidad de las acciones militares frente a tipos específicos de amenazas.
En cuanto a la violación de los derechos humanos, Amnistía Internacional concluyó que el Ejército y Carabineros ejercieron ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria para dañar y persuadir a las personas para que dejaran de manifestarse. Aunque los militares señalaron que actuaron ajustándose a las normas del uso de la fuerza y a los principios de proporcionalidad y que la denuncia no contiene ninguna prueba.
El documento hackeado también advierte que el orden público es tarea fundamental de Carabineros, mientras que el Ejército sólo debe resguardar infraestructura crítica, cadenas de suministros y “logísticas”, cuarteles, entre otros inmuebles de similar naturaleza.
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Además, se advierte que se debe proveer de apoyo psicológico a los soldados; de ser necesario Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), como contención inicial, ante la ocurrencia de eventos críticos, que generen impacto psicológico al personal, previniendo sintomatologías posteriores que afecten negativamente la moral de los uniformados.
El documento trae información que podría afectar el desarrollo de un eventual Plan Saturno 2, pues sus anexos incluyen el número de fuerzas del Ejército distribuidos por región, zona y división.
Saturno en Iquique ve anarquistas detrás del estallido
Un documento de noviembre de 2021, escrito en Iquique, cuenta de la aplicación de Plan Saturno para las regiones de Arica y Tarapacá por parte de la VI División de Ejército. A pesar de que se repiten datos respecto al de Concepción, este nuevo documento incluye un análisis novedoso respecto a lo ocurrido en el estallido social del 2019.
“Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, no estuvieron ajenas a esta contingencia social, plasmada por grupos anarquistas y radicales los que, financiados, coordinados, organizados y violentos, centraron como propósito central la organización de marchas, manifestaciones, saqueos y disturbios, generando desorden, caos, división social, infundiendo el temor en la ciudadanía, vulnerando de esta forma el estado de derecho”, señala el documento.
En este archivo se indica que el estallido social estuvo promovido por grupos organizados de índole anarquista y que habrían tenido financiamiento, aunque no indica de quienes o cuáles serían estas agrupaciones y sus líderes.
“Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, no estuvieron ajenas a esta contingencia social, plasmada por grupos anarquistas y radicales los que, financiados, coordinados, organizados y violentos, centraron como propósito central la organización de marchas, manifestaciones, saqueos y disturbios, generando desorden, caos, división social, infundiendo el temor en la ciudadanía, vulnerando de esta forma el estado de derecho”, señala el documento.
El mismo archivo indica que estos grupos organizados se habrían aprovechado de las marchas pacíficas para causar destrozos e incitar a atacar a las fuerzas policiales y militares “desacreditando su actuar ante la opinión pública y organismos de DDHH”.
El documento incluye anexos con diagramas con el orden del mando regional, lista de principales supermercados de la región, además de bombas de combustible, plantas de agua, energía, centros de salud, aeropuerto y antenas de comunicaciones. Además, incluye las coordenadas de los lugares de infraestructura crítica en la zona y el reglamento del uso de la fuerza para el Ejército.
Tipos de maniestantes según el Ejército: 'Pacíficos'; 'Agitadores', 'Saqueadores'; 'Encapuchados, 'Frustrados', 'Ánarquistas' y 'Visitas'.
El último de estos anexos es el más llamativo. Titulado Clasificación de los manifestantes, señala, según la VI División del Ejército, los tipos de manifestantes que se presentaron durante el estallido social:
'Pacíficos'; 'Agitadores' (“que podrían contar con algún tipo de conocimiento, entrenamiento y estrategias militares subversivas”); 'Saqueadores o lumpen'; 'Encapuchados' (“entre ellos actúan integrantes de las barras de clubes de fútbol”); 'Frustrados' (que “llevan años acumulando frustraciones” y que serían altamente “influenciables por 'Agitadores'”); 'Anarquistas'; y por último, 'Visitas', (jóvenes que asisten a las marchas como “una oportunidad de carrete”).
La segunda página del mismo anexo se titula Organización de los manifestantes, donde los clasifica en varios tipos, ahora dependiendo de su rol dentro de las manifestaciones, deduciendo una orgánica asimilable a una fuerza oponente.
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Roles de los manifestantes, según el Ejército: 'Arqueros', 'Bomberos', 'Artilleros', 'Centinelas', 'Enfermeros o Enfermeras', 'Respiraderos', 'Buscadores', 'Escudos', y 'Abogados'.
Es así como el Ejército identifica 'Arqueros', aquellos que devuelven las lacrimógenas; 'Bomberos', los que las apagan, 'Artilleros', quienes lanzan piedras para facilitar la huida de compañero alcanzados, 'Centinelas' 'Enfermeros o Enfermeras', quienes suministrarían limón, bicarbonato y otros utensilios de salud a los manifestantes, 'Respiraderos', quienes crean fogatas para dispersar lacrímógenas, 'Buscadores', quienes recolectan material, piedras y combustible, 'Escudos', quienes usan barreras que resistan perdigones y balines y 'Abogados', “quienes concurren a las comisarías para verificar el estado de cada uno de los detenidos”.
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La tercera página del anexo se titula Elementos utilizados contra la fuerza pública donde se realiza una lista de armas de los manifestantes; hondas, boleadoras, bolones, miguelitos, bombas molotov, weños (bastones), bombas de ruido, piedras y hasta dinamita.
Comentarios
Gracias por el reportaje, que
El nuevo lenguaje para
Mantienen la lógica del
Estimados, creo que la hebra
Lo que más se usó, lejos,
La delincuencia ni las
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