El arribo de Mario Rozas Córdova a la cabeza de Carabineros a fines de 2018 fue una medida de emergencia ante el descrédito por el que atravesaba el entonces director Hermes Soto Isla, cuestionado por su actuar en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca por parte de la institución que dirigía. Soto supuestamente había llegado a limpiar la imagen en medio de la crisis por el desfalco conocido como Pacogate, que ya suma cerca de $30 mil millones.

Rozas reemplazó a Soto, y debió seguir con esa misma tarea de limpieza; y hasta el momento, bajo su mandato, solo han existido críticas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía uniformada durante el estallido social, nada que tenga que ver con adquisiciones dudosas.

Sin embargo, una compra directa por $629 millones que salió en julio del año pasado en favor de la empresa Ingeniería Solem S.A., en plena gobernanza del actual general director, podría cambiar la agenda de Carabineros y volver la lupa sobre los dineros públicos confiados a la institución.

¿La razón? Buena parte del servicio contratado a la compañía puede ser obtenido de manera gratuita utilizando dispositivos de infraestructura tecnológica que ya posee Carabineros, a través de los conocidos equipos Simccar, empleados por los funcionarios en los controles de identidad, los que nada tienen que ver con Solem y que son arrendados por otro proveedor.

INTERFERENCIA, al conocer de esta operación millonaria, indagó en los otros tratos directos alcanzados entre Carabineros y Solem, hallando un negocio que sigue un patrón que no se ha visto alterado a lo largo de diez años: pagar por un computador que hace la interconexión entre la institución y el Registro Civil.

Estos mismos antecedentes fueron cruzados con información consultada a la Policía de Investigaciones (PDI) y al propio Registro Civil, además de la obtención de los datos de una licitación realizada por Carabineros para arrendar el servicio de Sistemas Móviles de Consulta de Carabineros (Simccar).

El resultado arrojó que una parte de lo ofrecido por Solem, y por lo que ha recibido $1.200 millones en diez años, se pudo haber obtenido de manera gratuita, por lo que redunda como función y –lo que es peor– como pago. Un negocio redondo que ningún general director a lo largo de una década quiso poner fin, lo que incluye a Mario Rozas Córdova.

Solem y su comienzo con Carabineros

Solem fue fundada en 1991 como una sociedad de responsabilidad limitada. En septiembre de 2007 pasó a ser una sociedad anónima cerrada, donde quedaron como únicos socios –con un tercio de propiedad cada uno– Patricio Leixelard Solá, Víctor Macchiavello Alarcón y Jorge Guarello Wilhelmy, empresarios domiciliados en Viña del Mar. Un año después, en agosto 2008, se creó Excelsys Soluciones Centroamérica S.A., otra sociedad anónima domiciliada en Panamá donde figuran tanto Leixelard Solá como Guarello Wilhelmy como directores. Según el certificado de propiedad de Chile Proveedores, existe otro actor dentro de la estructura societaria de Solem.

En su sitio web, se señala que poseen filiales precisamente en Panamá y Colombia. Hoy en día, según registros de Mercado Público, la compañía generalmente vende servicios de monitoreo de redes sociales, como el que se cerró el pasado 9 de abril con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por un total de $4,9 millones. En cuanto a sus clientes, destacan a la Armada de Chile, el Banco Itaú, la Clínica Indisa, el Banco de Panamá, Hites, el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Ripley, Santander, Telefónica, BancoEstado, Transantiago, Scotiabank, Banco de Bogotá y la Red de Salud UC, entre otros.

La historia de Solem con Carabineros de Chile comenzó el segundo semestre de 2010, cuando la institución quería acceder a las plataformas de apoyo de la Reforma Procesal Penal, administrada por el Registro Civil. Solem conocía de cerca esta herramienta, pues la habían desarrollado –según ellos describen en sus presentaciones de negocios (ver documento)– a través de Sonda, esta última ligada al empresario Andrés Navarro, amigo íntimo del presidente Sebastián Piñera.

Acorde a la necesidad, el 20 de diciembre de 2010 se firmó un contrato de arriendo de una Gateway (máquina computacional) para interconectar “1.000 puntos de verificación de identidad a la Plataforma Procesal Penal (RPP) del Servicio de Registro Civil e Identificación”. Así, la policía uniformada accedió a estos datos elementales para su labor diaria a través de este computador arrendado a Solem, por el que pagó $81 millones de arriendo a lo largo de 36 meses.

Como el monto excedía lo permitido para incurrir en un trato directo, desde Carabineros salió una resolución exenta en agosto de 2010, donde se eximía de una propuesta pública debido a que Solem era “propietaria del diseño, desarrollo e implementación de la plataforma de apoyo a la reforma procesal penal para el Servicio de Registro Civil e Identificación, por lo que […] resulta aplicable en la especie la causal de trato directo”. Tanto el contrato como la resolución exenta fueron suscritas por el entonces director de logística, general Eduardo Muñoz Poblete, que aparece dentro de las investigaciones por irregularidades en Carabineros según Ciper, siendo en esa época Eduardo Gordon Valcárcel el general director.

De tal modo, Solem quedó con el servicio por tres años, el cual renovó sin competencia por otro año más el 4 de julio de 2014, en un trato firmado por el general Jorge Ricardo Vidal Varas por un monto de $22 millones. 

Tras esos cuatro años, ante un nuevo trato, Solem aseguró en 2015, por medio de una carta de único proveedor, que era la única compañía capaz de prestar el servicio. Para entonces, Solem había obtenido $100 millones en contratos con Carabineros.

Pero lo más jugoso comenzó a producirse a partir de 2015, a medida que crecían las exigencias de modernización del Estado chileno.

Ignorando las funciones de Simccar

En agosto de 2015 ya se planeaba una ampliación de este servicio, y para ser nuevamente elegidos, Solem elaboró la declaración de único proveedor antes referida, fechada el 18 de ese mes, en la cual señala que “las componentes del Gateway como de las estaciones de trabajo fueron desarrolladas por personal especialista de Ingeniería Solem S.A., el conocimiento lo posee solo algunos de los profesionales especialistas”.

“Toda modificación a cualquiera de las componentes debe ser realizada por estos profesionales, no admitiendo sustitutos para la prestación de este servicio en los tiempos adecuados para garantizar la continuidad operativa del servicio”, continuaba el documento (ver aquí).

La declaración de proveedor único de la empresa fue refrendada por un informe técnico de Carabineros fechado el 28 de agosto de 2015, firmado por el teniente Carlos Correa Catalán, jefe del área de producción TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).

En este texto, el oficial expuso que no solo era necesario aumentar los puntos de conexión, sino que también resultaba crucial una renovación tecnológica para adaptarse a la nueva plataforma del Registro Civil, por los cambios en este último organismo a partir de la entrada del proveedor Morpho (actual Idemia), quien llegó el segundo semestre de 2013 reemplazando a Sonda.

Por lo mismo, el teniente Correa Catalán –en conjunto con el ingeniero en ejecución Jaime Contreras San Martín– indicaron que se debía ampliar el trato. Y entre las necesidades, destacaron la “de contar con un canal de comunicación para los 2.664 Sistemas Móviles de Consulta de Carabineros (Simccar) que deben realizar consultas al SRCEI [Registro Civil]” (ver documento).

Un doctor en ingeniería de sistemas que habló con INTERFERENCIA a condición de su anonimato, y que revisó las propuestas técnicas a las que accedió nuestro medio, indicó que en realidad el trabajo que realizaba Solem lo podía “hacer cualquier ingeniero de sistemas con tres años de experiencia en el tema. En una escala de profesionales junior, medium, senior, es más que suficiente con un ingeniero junior trabajando media jornada en el Gateway para mantener el sistema funcionando”.

A estas alturas, con el informe del teniente Correa Catalán ingresado en un proceso de compra pública, ya habían pasado varios meses desde el resultado de la licitación destinada a proveer de equipos Simccar a Carabineros. Estos dispositivos son los que ayudan a los policías en ejercicios rutinarios como los controles de identidad. De tal modo, el 2 de octubre de 2014, la institución adjudicó a Integradores de Tecnología y Sistemas S.A. (Intesis) el arriendo de 2.664 sistemas móviles para hacer estos tipos de consulta en el territorio.

Lo que no vio –o no quiso ver– Carabineros ni Solem antes de cerrar su trato en 2015, fue que en la licitación de Simccar, llevada a cabo en 2014, la misma policía uniformada, en sus anexos técnicos, solicitó que los concursantes ofrecieran equipos que pudieran “generar una consulta a la Base de Datos del Registro Civil y así obtener la identidad de una persona, tanto por R.U.N. y/o Biométrica [huellas digitales], mostrando los datos personales del individuo”.

No por nada, Intesis –que en mayo de 2017 fue adquirida por Grupo GTD, que sigue proveyendo este servicio a Carabineros hasta marzo de 2021– adjuntó en la descripción de su oferta que los dispositivos contaban con una aplicación “la cual puede generar una consulta a la Base de Datos del Registro Civil”. Es decir, no se necesitaba ningún intermediario como Solem.

Tal cual ocurrió con la Policía de Investigaciones (PDI) con la herramienta Skypol, usada por la PDI hasta 2018. Esta última, según un folleto de Pegasus –compañía que la desarrolló– también consultaba directamente a la base de datos del Registro Civil.

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Equipos proveídos para uso de Simccar. Foto extraída de la presentación de Intesis.

A pesar de todos estos antecedentes, el nuevo contrato entre Solem y Carabineros se firmó el 7 de enero de 2016. En ese documento, la empresa se comprometió a interconectar otros 3.317 puntos de conexión (el 80% eran puntos para Simccar que de facto podían interconectarse con el Registro Civil) y actualizar los antiguos 1.000 de 2010. La duración del contrató se estableció en 36 meses, y la orden de compra salió dos semanas después por $468 millones.

Acorde a datos recabados por INTERFERENCIA, el Grupo GTD, en vez de conectar los equipos Simccar directamente al Registro Civil, recurre a la interfaz proporcionada por Solem. Nuestro medio intentó chequear este dato con GTD, pero descartaron referirse al tema, asegurando que “la información que solicitas es de Carabineros, por lo tanto no estamos autorizados a entregar detalles”.

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Gateway proveido por Solem a Carabineros, desde donde se hacen las interconexiones. Foto extraída de la propuesta técnica de Solem.

Luego del contrato de 2016 vino una pequeña orden de compra en enero de 2019 por $10 millones donde se incrementó en 995 los puntos de interconexión y, según los documentos, las horas de “transferencia tecnológica”; sin embargo, el trato más abultado en la historia comercial entre Carabineros y Solem quedó cerrado el 10 de junio de 2019. Todo esto con Mario Rozas Córdova ya instalado como general director de la institución.

Allí se renovó el contrato de 2016 por otros 36 meses, se incluyeron mantenciones constantes a los primeros 1.000 puntos de interconexión de 2010 –concepto que implica un cobro mensual hasta hoy–, horas de transferencia tecnológica y el arriendo de otros 4.312 puntos de conexión desde la máquina. La orden de compra salió el 1 de julio del año pasado, por $629 millones.

Una de las causas de este aumento de demanda se puede encontrar en los arriendos de Simccar que Grupo GTD mantiene con Carabineros. Si en octubre de 2014 –cuando se adjudicó esta licitación– se pagaba mensualmente por 2.664 de estos equipos, en septiembre de 2017 pasaron a ser 3.186.

Por ende, el 73% de estos otros 4.312 puntos de conexión proveídos por Solem mantendrían la alternativa de prescindir de este intermediario privado y conectarse directamente al Registro Civil.

En la resolución exenta que autorizó esta renovación, fechada el 1 de marzo de 2019 y firmada por el general y actual director de logística Jean Camus Dávila, se menciona que además de Simccar, existe la necesidad de usar interconexiones para el Sistema de Automatización de Unidades Policiales (AUPOL), cuya calidad fue cuestionada por un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de 2019 que publicó Radio Biobío.

INTERFERENCIA consultó con el Registro Civil sobre los distintos temas de este artículo, desde donde se confirmó que el acceso en línea hacia su plataforma de identificación “no tiene ningún costo”, pues se aplica el convenio suscrito con Carabineros del 3 de febrero de 2017. El único pago que se debe hacer es el que implica “adquirir las licencias correspondientes que permita dar curso a la implementación del convenio con el proveedor del sistema de identificación (Idemia)”.

Por último, desde el Registro Civil indicaron que no tienen ningún convenio firmado con Solem.

¿Riesgo de los datos?

El mismo doctor en sistemas que habló con INTERFERENCIA dijo que el servicio que presta Solem es considerado infraestructura crítica “en cualquier país desarrollado, y no se hace ‘outsourcing' sino que se hace con personal ‘in house’". "Imagínate los datos personales de todos los ciudadanos circulando por los computadores de empresas como Solem", agregó.

Esta es la línea que habría seguido la PDI, que después de Skypol al parecer desarrolló un nuevo producto propio para este tipo de controles. Nuestro medio intentó confirmar este dato con la policía civil, sin embargo indicaron que debíamos consultar vía Ley de Transparencia. En todo caso, desde la PDI aseguraron que la interconexión con el Registro Civil se realizó en 2016 mediante un trabajo de su Jefatura de Innovación y Tecnologías de la Información en conjunto con la compañía ETF Group.

En ningún caso, Solem era un proveedor único.

INTERFERENCIA contactó desde la semana pasada tanto a Carabineros de Chile como a Ingeniería Solem S.A. para hacer las consultas respectivas de este artículo. Desde la institución policial indicaron que debíamos recurrir vía Ley de Transparencia, mientras que desde Solem no hubo respuesta alguna, pese a que en su línea telefónica informaron que debíamos escribir un correo electrónico a Patricio Leixelard Solá, director comercial. Ni él ni sus otros socios contestaron.

En suma, ninguno quiso referirse a la manera en que se estaban resguardando los datos tranzados en este Gateway. La situación es inquietante, debido a que en los términos de referencia del contrato que ha sido ampliado hasta 2022 no existen cláusulas de confidencialidad y la empresa está constantemente involucrada en el soporte de la máquina.