Después de 27 años sin problemas, en febrero de 2017, Paola González sufrió nuevamente una lesión en la rodilla. Tras dos operaciones, a las que se sometió a los 12 y  13 años, las luxaciones que la aquejaban -las que provocaban que se le saliera el hueso constantemente- desaparecieron, pero sus tejidos blandos terminaron por debilitarse, con lo que la rodilla izquierda se le desprendió y sufrió una fractura en el mismo pie.

Tras el accidente, González tuvo que operarse ambas rótulas en tres intervenciones distintas, pero nada impidió que desarrollara una artrosis severa. Actualmente tiene 40 años, pero su rodilla corresponde a la de una anciana de 90.

Con problemas de movilidad y con un “escaso margen de recuperación” -en palabras de su médico- quedó impedida para trabajar como matrona, su profesión, por lo que la asistente social de su comuna, Curicó, le sugirió solicitar una pensión por invalidez.

Confiada en su diagnóstico, González pensó que sería un proceso sencillo y tramitó el beneficio en su AFP, Habitat. Además de matrona, tiene un doctorado en fisiopatología obstétrica y medicina perinatal, por tanto, como profesional de la salud y habiendo estudiado la normativa, pensó que reunía las condiciones.

No fue así y Habitat le negó la pensión de invalidez.

Actualmente González es parte de una quincena de casos representativos que entregó la Fundación Valídame a la Comisión Investigadora de la Cámara que “pesquisa los actos del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Pensiones [SP] en relación a la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia”. Cabe señalar que Valídame es una ONG compuesta por un equipo de profesionales quienes originalmente se vieron afectados por no recibir sus pensiones de invalidez.

La Comisión se creó luego de que la diputada frenteamplista, Gael Yeomans, reuniera las firmas y los votos necesarios para investigar una denuncia publicada por The Clinic en septiembre del año pasado, que recogió el testimonio de Alejandra Vidal, una ex funcionaria de AFP Provida que detalló paso a paso las presiones e incentivos que recibió desde la gerencia -entre los años 2008 y 2009- para obstaculizar la entrega de este tipo de pensiones, las que se financian a través del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

El SIS es contratado en forma conjunta por las seis administradoras de fondos del país y cubre a los trabajadores que sufren un accidente o una enfermedad invalidante, y se financia con el 1,53% de la renta imponible del trabajador con cargo al empleador.

La invalidez, de acuerdo a la norma, se califica en dos categorías: total, cuando la pérdida de la capacidad laboral es superior a dos tercios y, parcial, cuando es más del 50%, pero no alcanza los dos tercios. Lo importante es que la invalidez total cubre un 70% del ingreso base, que se calcula sobre la renta promedio que obtuvo el solicitante durante sus últimos 10 años laborales, en cambio, cuando es parcial, otorga solo un 50% y el beneficio se revisa a los tres años.

De acuerdo a los testimonios entregados por Valídame, las AFP continúan utilizando mecanismos similares a los denunciados por Vidal: obstaculización administrativa, pérdida de documentación, dilación del proceso, revisión negligente de expedientes médicos, solicitud de exámenes irrelevantes y maltrato hacia el afiliado.

Las conclusiones de los diputados aún no están listas, a la espera de lo que responda la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes excusaron su participación durante la última sesión. Pero, INTERFERENCIA tuvo acceso a las actas de Comisión investigadora y contactó a algunos de los afectados.

El caso de Paola González

Para Paola González el sistema está viciado y su caso lo demuestra. Luego de cursar su solicitud, donde también adjuntó su diagnóstico y los estudios correspondientes, el 20 de diciembre de 2017 se presentó ante la Comisión Médica Regional.

Estas comisiones existen en todas las regiones del país, son las encargadas de calificar el porcentaje de invalidez, y, por lo general, están compuestas por tres médicos con derecho a voto.

Durante su primer encuentro, los médicos de la comisión regional de Talca escucharon su caso y la invitaron a quedarse tranquila, le explicaron que debían seguir el protocolo, pero que tenía altas probabilidades de ser aceptada.

Ese día, González comenzó a sospechar de Habitat, ya que la AFP no había adjuntado los antecedentes médicos que había presentado cuando solicitó la calificación. Si bien, no es obligatorio para las AFP presentar estos documentos, ya que solo se necesita la cédula de identidad, la Superintendencia de Pensiones lo sugiere en su página web. Primer error administrativo.

De todas maneras, González fue preparada, y había llevado dos copias de su historial médico. Entregó una y se quedó con la otra, haciendo que la comisión de médicos se las firmara para certificar su traspaso.

Acto seguido, la comisión la derivó a un médico asesor, con el fin de orientarla durante el proceso de calificación y a una interconsulta, para evaluar sus problemas en la rodilla.

Los médicos asesores deben revisar los antecedentes médicos para apoyar la comisión, y participan de la calificación de cada afiliado con derecho a voz y en calidad de observadores. Son seleccionados mediante concurso públicos -al igual que los médicos calificadores-  contratados por la Superintendencia de Pensiones sobre la base de honorarios y no tienen la calidad de funcionarios del organismo.

Aquí comenzaron los problemas.

Tanto la médico asesora como el profesional de intercolsula, en vez de asesorar a Paola González, tendieron a obstruir su solicitud de pensión de invalidez.

Con la ayuda de un andador ortopédico o burrito, González, llegó hasta la cita con su médico asesor. Luego de escuchar su diagnóstico, cuando la doctora que le tocó supo que era matrona le preguntó “¿por qué no tiras currículum en el hospital regional?”

González quedó helada. “Doctora ¿en serio cree que soy capaz de correr por los pasillos con una emergencia obstétrica? ¿usted se atendería conmigo?” le contestó.

“Yo me indigné, porque se supone que ella está para asesorarme y apoyarme ante  la comisión, pero viendo mi estado, con burrito y todo, me manda a buscar pega al Hospital Regional de Talca. Inaceptable”, afirma González ante INTERFERENCIA.

Después de esta reunión, la matrona asistió a la consulta intermédica. La atendió el doctor Fernando Zuleta y sus antecedentes nuevamente no se encontraban en la ficha médica. Ella los había llevado por su cuenta, de nuevo, pero el médico se negó a revisarlos.

González le insistió a Zuleta que los tomara en cuenta, pero este le respondió: “Acá yo soy el que determina que examen necesitas y te voy a pedir una radiografía”. Como experta en salud, se derrumbó. Sus problemas están en los tejidos blandos, no en los huesos, por tanto no se verán reflejados. Insistió, pero fue en vano.

Las radiografías salieron bien y en marzo de 2018 la comisión médica rechazó su solicitud de invalidez esgrimiendo dos razones. “Me dijeron que tenía que esperar un año para saber si después de la cuarta cirugía me lograba recuperar, y, en segundo lugar, porque las radiografías no mostraron impedimento laboral”, cuenta González.

“Quedé con la bala pasada, en la Fundación Valídame me aconsejaron pedir el expediente médico, fui varias veces a pedirlo en la AFP, pero me lo negaron”, explica.

La última vez, González se entrevistó con el presidente coordinador de la Comisión Médica Regional de Talca, el doctor Hernán Valdivieso. “Cuando le pedí el expediente, después de insistir ante el personal administrativo, él me gritó, me dijo que entendiera que estaba rechazada y que estaba perdiendo mi tiempo. Esto no corresponde, porque uno tiene derecho a revisarlo y a decidir si apelar o no”, se descarga.

Finalmente, González pudo conseguir el expediente y se llevó una sorpresa mayor. Para clasificar las enfermedades y los problemas de salud, los médicos utilizan el sistema de códigos CIE-10. En el suyo faltan al menos once códigos con patologías que sus exámenes respaldaban.

INTERFERENCIA revisó el informe y efectivamente se puede ver que solamente consignaron los códigos CIE-10 S83, correspondiente a  una luxación, esguince y torcedura de las articulaciones y ligamentos de la rodilla; junto al CIE-10 S92 que tipifica la fractura del pie, exceptuando el tobillo.

“Al describirlos de esta manera, sin otras especificaciones, se entienden los eventos como un hecho aislado, producto de un efecto adverso, potencialmente recuperable”, alega González. Según ella faltaron -entre otros- los códigos S83.1 (luxación de rodilla); S83.2 (desgarro de meniscos); S83.7 (traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla) y S92.2 (fractura de otros huesos del tarso).

También González indica que no le tipificaron las siguientes patologías: gonartrosis en la rodilla, inestabilidad crónica en su rodilla, trastorno del menisco debido a rotura, trastorno de la rótula, luxación recividante y subluxación recividante.

Es decir, el cuadro de una persona inválida.

El expediente médico de Paola González mediante el que le negaron la pensión de invalidez tiene varias omisiones de patologías acreditadas, las que no fueron tomadas en cuenta.

“Siento mucha rabia. Existe una diferencia de poder muy grande entre los afiliados, las AFP y las aseguradoras. Acá en Talca llega gente muy humilde que conoce poco el sistema. Cuando me tocó ir, la comisión médica los despachaba a los cinco minutos. Podría haber sido igual conmigo, pero cuando les dije que era matrona cambiaron el trato, me ofrecieron un café y me tuvieron 40 minutos. Aún así me rechazaron”, critica González.

Desde el inicio del sistema en 2004 las solicitudes aumentaron fuertemente pasando de 19.901 a 57.941 en 2017.

Un número que no permite el abasto de los entes que las procesan. Como ejemplo, la Comisión investigadora de la Cámara detectó una sesión realizada en la Comisión Médica Regional de Biobío en la que se revisaron 97 expedientes en 1 hora y media. Es decir, menos de un minuto por solicitud.

Los profesionales tampoco son suficientes. En Chile existen 185 médicos evaluadores y otros 47 médicos asesores. Además, el sistema tiene 527 médicos interconsultores inscritos, a quienes los profesionales calificadores les encargan los exámenes que no dominan. Junto a ellos, participan otros 74 peritos sociolaborales y 57 sicólogos. Todo eso para atender casi 60 mil casos anuales.

Adriana Montenegro, presidenta coordinadora de la Comisión Médica Central, reconoció esta deficiencia ante los diputados y comentó que por lo general, en una sesión de dos horas y media, atienden un promedio de 20 casos. Además, agregó que es normal encontrar afiliados que no contaron con un médico asesor, cuestión que los deja en condiciones desfavorables, pues las aseguradoras siempre cuentan con un profesional observador.

Aquí no ha pasado nada: las explicaciones del superintendente y el ministro ante la Comisión

Ante los congresistas, durante las primeras dos sesiones de la Comisión investigadora de la Cámara, hicieron su presentación el ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Las autoridades explicaron que posteriormente a la reforma de 2008, no han detectado prácticas ni incentivos por parte de las AFP para bajar arbitrariamente la tasa de pensionados por invalidez.

En palabras del superintendente Macías, existe un antes y un después en la forma en que opera el seguro a partir de la reforma. Antes, cada administradora contrataba un seguro colectivo para todos sus afiliados, que se financiaba con la misma comisión de las AFP. Por tanto, las administradoras negociaban el contrato de acuerdo a su nivel de riesgo y lo cubrían con cargo a sus afiliados.

Como el costo del seguro era pagado por las AFP, “creaban incentivos para controlar su siniestralidad”, ejemplificó Macías ante la comisión. “Mientras más siniestralidad, más tenían que pagar y, por lo tanto, reducían sus utilidades”.

Frente a este punto, Macías explicó que la Superintendencia investigó los casos y que tres AFP fueron sancionadas: Cuprum, en 2006; Provida en 2007 y Capital, en 2010. Pero, insistió, “por situaciones ocurridas en 2008 hacia atrás”.

Posteriormente a la reforma de 2008, las AFP deben licitar y firmar sus contratos de forma colectiva, en un proceso en el que participan todas las compañías de seguros de vida constituidas en Chile que demuestren su solvencia económica. Además, ahora el seguro tiene una prima fija y se financia con cargo a los empleadores.

Otro cambio es que las AFP les entregan la licitación a más de una compañía, con contratos estandarizados. Cuestiones que para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al igual que la Superintendencia de Pensiones, eliminaron el incentivo para el control de siniestralidad.

Hoy es mucho más improbable obtener una pensión de invalidez que antes de 2008.

Así y todo, en 2004 la tasa anual entre pensiones otorgadas y solicitudes estaba en torno al 60%, pero con los años esa tasa bajó hasta estabilizarse en torno al 50%. Dicho de otro modo, hoy es mucho más improbable obtener una pensión de invalidez que cuando empezó el sistema.

También hay casos acreditados, posteriores a 2008, que es cuando empezó la reforma, que permiten dudar del sistema.

Durante 2016 la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por Eduardo Carrasco Aránguiz, quien finalmente logró que la justicia reabriera su caso y concluyera que existió la omisión arbitraria e ilegal de antecedentes médicos por parte de la Comisión Médica Central.

Respecto a las denuncias actuales, el intendente de Fiscalización de la Superintendencia, Jorge Mastrangelo, informó ante la Comisión de la Cámara que efectuaron fiscalizaciones en terreno a todas las AFP y el único conflicto que constataron fue que las administradoras pedían un certificado médico en el momento de iniciar una solicitud, cuestión que está fuera de norma, por lo que anunciaron que reforzarán la instrucción de que se acojan al trámite sin requerir antecedentes adicionales.

Paola González desconfía de las autoridades. “Cuando fui a ser evaluada confiaba en el sistema, pero he estado super atenta, a través del canal de la Cámara, de las declaraciones que ha dado el superintendente y la gente de bien arriba y me da la impresión de que ellos vivieran en un mundo paralelo, donde describen que todo está fiscalizado, que todo está bien, pero no es así”.

INTERFERENCIA contactó a la Asociación Gremial de AFP y le consultó por los elementos expuestos en la Comisión, pero al cierre de esta edición aún no habían respondido.

Los vínculos entre las AFP, las compañías de seguros y la Superintendencia de Pensiones

Al interior de la Comisión en la Cámara, las dudas sobre el sistema persisten. Un punto que se ha tomado la discusión ha sido el vínculo entre las administradoras de fondos y las compañías de seguro que postulan a la licitación del SIS.

Según la Superintendencia, actualmente son cuatro las AFP que participan en compañías de seguros: Capital (Sura); Cuprum (Principal); Habitat (Cámara, Confuturo y Corpseguro) y Provida (Metlife). Si bien, en las últimas dos licitaciones ninguna de ellas fue la ganadora, en los periodos anteriores a 2016, sí hubo compañías relacionadas a las administradoras que se adjudicaron el seguro, cuestión que la ley no prohíbe y que puede volver a suceder.

Otro punto que ha concentrado la atención de los congresistas ha sido la participación de la AFP y las aseguradoras en la Comisión Técnica de Invalidez (CTI), la que tiene entre sus funciones crear las normas y el reglamento que define los grados de invalidez que otorga una enfermedad. Este espacio está integrado por representantes de la Superintendencia de Pensiones, la Comisión Médica Central, las Compañías Aseguradoras, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Asociación Gremial de las AFP.                                                  

Juan Carlos Pizarro, presidente y fundador de la Fundación Valídame, cuestiona esta instancia y denuncia que las administradoras y las aseguradoras han presionado en su interior para proteger sus intereses. “Ellos han logrado oscurecer la norma a través del lobby y su participación en la CTI, introduciendo una serie de medidas que han hecho casi imposible que personas con enfermedades como la fibromialgia puedan obtener una pensión por invalidez”.

La Fundación Valídame cuestiona la presencia de las AFP y las aseguradoras en la Comisión Técnica de Invalidez, que es la que define los grados de invalidez de una enfermedad, razón por la cual Chile no considera la fibromialgia ni la depresión como invalidantes.

En efecto, la norma clasifica el menoscabo que produce una enfermedad en cinco segmentos, los dos primeros no otorgan la invalidez: clase I (menoscabo laboral permanente entre 1% y 14%), clase II (entre 15% y 34%), clase III (entre 35% y 49%), clase IV (entre 50% y 66%) y clase V (entre 67% y 80%).

“En las actas de la CTI se puede apreciar que la Asociación Gremial de las AFP solicitó que en el caso de la fibromialgia y la depresión, entre otras enfermedades, se eliminaran las dos clases que otorgan la invalidez. Esto es escandaloso, no puede ser que participen en la elaboración de la norma”, denuncia Pizarro.

Paola González también insiste en este punto. “Entiendo que exista una norma y se aplique, pero es diferente cuando está diseñada para proteger los intereses de la industria y más si participan en su elaboración. A mí me rechazaron porque tenía que esperar un año tras la operación, esto en algunos casos aplica, pero en otros el diagnóstico es suficiente y no se toma en cuenta. Yo empeoré y la semana pasada se me salió la rodilla de nuevo, quedé peor y me pregunto ¿si me operan espero otro año?”.

Junto con definir los parámetros que regulan la invalidez, las AFP -además- participan en el proceso de calificación a través del financiamiento del personal administrativo que gestiona las comisiones médicas. También se preocupan de la mantención y operación del software que utilizan. Las compañías de seguros, por su parte, costean los honorarios de los médicos interconsultores.

“En la fundación comenzamos a recibir sistemáticamente a personas que evidenciaban un comportamiento anómalo en los procesos de sus solicitudes: pérdida de documentos, maltrato, arbitrariedad y evaluación dispar frente a una misma patología. Revisamos el caso de González, a quien no le incluyeron sus exámenes y no le permitían ver su expediente, tenemos el fallo de la Corte de Apelaciones o el testimonio de Vidal, que revela las presiones pre y post reforma. Entonces no estamos hablando de un hecho aislado”, afirma Pizarro.

Frente a la Comisión investigadora, el Superintendente Macías reconoció que al año son alrededor de 16 mil las denuncias que reciben por parte de los afiliados, pero tienen la capacidad de atender tan solo 300. Al mismo tiempo, la jefa de la División de Comisiones Médicas y Ergonómicas de la Superintendencia, María Soledad Hevia, detalló que al año auditan alrededor de 1.000 expedientes, cuestión que para la diputada Yeomans, es "absolutamente insuficiente".

“En esto creemos que la Superintendencia tiene una responsabilidad. Hasta ahora su excusa ha sido que no han recibido denuncias en esta materia y que no tienen capacidad fiscalizadora. Por tanto vamos a proponer una normativa que le entregue más fuerza y termine con los conflictos de interés que existen en el sistema”, afirma la diputada Yeomans.