Las toneladas de información que existen en torno al fraude en Carabineros, también llamado “Pacogate”, dan cuenta de que estos delitos podrían haberse detenido antes de 2016, momento en que Eugenio Campos, fiscal a cargo del caso, fue alertado de las irregularidades en los dineros de la institución.

En 2010 un sumario de Contraloría daba señales de operaciones fraudulentas, pero el organismo –dirigido entonces por Ramiro Mendoza– decidió anular las conclusiones de ese informe. 

Un año después fue el turno de la fiscalía, donde estuvieron frente a los antecedentes de los malos pasos de Carabineros, pero las diligencias fueron extrañamente acotadas.

A raíz de esto la defensa de Nelson Valenzuela, ex mayor de Carabineros formalizado en el caso y sindicado por el Ministerio Público como uno de los líderes del desfalco, presentará la próxima semana, según adelantó su defensa a INTERFERENCIA, una querella por obstrucción a la investigación en contra del fiscal José Morales, el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos y el mayor (r) Gonzalo Alveal Antonucci,. Esto porque apuntan que hay responsabilidades mayores dentro del “Pacogate” que las de su defendido.

Que no se investigue más

Varios medios de comunicación, entre 2017 y 2018, informaron sobre el hecho de que en 2011 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) alertó a la fiscalía sobre indicios del delito de lavado de activos al interior de la policía uniformada, esto por los excesivos ingresos recibidos por el entonces coronel Arnoldo Rivero Geldres.

El ex uniformado tenía un sueldo de 1,8 millones al mes, pero en su cuenta bancaria figuraban depósitos por 48 millones, los que eran pagados a través de cheques de Leonardo Morales Avendaño, un contratista de la construcción que prestaba servicios a Carabineros.

Quien estuvo a cargo de las pesquisas en 2011 fue el fiscal José Morales de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Éste ordenó seis diligencias a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).  INTERFERENCIA accedió a la “instrucción particular” enviada por Morales a los uniformados, en la cual detalla los puntos: determinar las funciones específicas que desempeñaba Rivero entre 2008 y 2009; remitir la nómina de las personas que trabajaban con Rivero en el mismo período; remitir copia de la hoja de vida de Rivero; remitir copia del decreto de retiro del mismo funcionario; recabar documentación relativa a los contratos en que participó Rivero entre 2008 y 2009; recabar los documentos sobre adjudicación y contratos ejecutados por Leonardo Morales Avendaño entre 2008 y 2009.  

Lo más llamativo de este documento es que Morales especificó lo siguiente: “Se hace presente que queda expresamente prohibida la realización de otras diligencias que las exclusivamente necesarias para determinar los puntos detallados, como así la revelación de esta investigación a agentes externos de esta división de Carabineros de chile”.

De esta forma Morales bloqueó la posibilidad de que, por ejemplo, Carabineros comprobara la realización de los trabajos del contratista o que se interrogara a este mismo y al coronel Rivero.

Después de la instrucción dada por el fiscal, la Dipolcar entregó un informe tomando sólo los cuatro primeros puntos, y que indicaba que los dineros obtenidos por Rivero correspondían a préstamos que solicitó al interior de la institución, los cuales estaban siendo pagados. El fiscal, de acuerdo a personas cercanas a él, creyó esta versión sin más y archivó la causa.

Pero la información de los uniformados era falsa. La respuesta de la Dipolcar la redactó el ex general Flavio Echeverría, quien era el jefe de finanzas de Carabineros y que hoy está formalizado como cabecilla de las operaciones fraudulentas.

Ya en 2017 el fiscal Eugenio Campos recogió estos antecedentes y los unió a la causa que él lidera. En este contexto, según publicó El Mostrador en 2017, José Morales se querelló contra Flavio Echeverría por obstrucción a la justicia, insinuando que con un buen informe se podría haber investigado el desfalco en 2011.

Pero en 2018 la versión de Morales, donde él era víctima de un engaño, comenzó a tener matices. En junio del año pasado La Tercera publicó un artículo con distintas declaraciones judiciales en torno a este hecho, entre ellas la del mayor Gonzalo Alveal, quien fue el carabinero a cargo de las diligencias ordenadas por Morales. En estas el uniformado apuntaba a lo extraño de la instrucción del fiscal.

“Al llegar esa orden en particular, la revisé, me di cuenta que era emanada del fiscal Morales, y por sus características decidió que la diligenciara yo, eran como 8 0 9 diligencias que disponía, y en el párrafo final señalaba que se prohibía realizar cualquier otro tipo de diligencias. Nunca antes me había tocado una orden de investigar con ese párrafo tan prohibitivo (…), se me ataba de manos, y eso me llamó profundamente la atención”, dijo Alveal. Además, según La Tercera, el carabinero intentó juntarse con Morales, pero éste no lo atendió.

Villalobos, el desentendido

Resulta extraño que ante la posibilidad de un delito de lavado de activos, el fiscal Morales haya decidido que fuera Carabineros quien investigara a su propia institución, teniendo la posibilidad de acudir a la Policía de Investigaciones.

Fuentes cercanas a Morales señalaron a INTERFERENCIA que en 2011 no existía el ambiente de desconfianza en torno a la policía uniformada que se instaló después de descubrirse el “Pacogate”, por lo que era habitual que investigaciones sobre Carabineros las hicieran los mismos uniformados.

En este contexto, resulta aún más llamativo que el fiscal solicitara la investigación a la Dipolcar, la que en aquel entonces era dirigida por Bruno Villalobos, quien hoy está vinculado al ‘Pacogate’ en la arista de los gastos reservados de Carabineros.

Si Morales solicitó a la Dipolcar que investigara, el sentido común dice que el jefe de dicho departamento tenía conocimiento de la denuncia. Al respecto, el mencionado artículo de La Tercera cita la declaración de Villalobos sobre este punto.

“Me enteré por los medios de comunicación, este año 2017, que esa denuncia fue investigada por el Ministerio Público”, dijo el ex general director de Carabineros.

En la misma publicación, se detalla la respuesta del fiscal Morales por haber archivado la causa: “Es importante indicar que respecto del informe firmado por Flavio Echeverría más la respuesta de la UAF de que no habían nuevos movimientos de dinero por parte del investigado, motivaron a que se archivara provisionalmente la investigación a la espera de nuevos antecedentes que nos pudiesen llegar de la UAF o de los mismos Carabineros, la que no llegó”, dijo.

Tomando en cuenta estos antecedentes, durante la semana entrante la defensa del carabinero Nelson Valenzuela presentará una querella contra Bruno Villalobos y José Morales, quienes declararon hace dos años por los hechos de 2011 ante el fiscal Eugenio Campos, pero no fueron investigados en mayor profundidad.