El 3 de marzo de 1985 un terremoto sacudió la zona central de Chile. Todavía se sentían las réplicas cuando comenzó una implacable campaña represiva desatada por los servicios de seguridad de la dictadura. Los secuestros, asesinatos y falsos atentados con bombas cobraron una intensidad inusitada incluso para los parámetros del régimen. 

Quizá este contexto explica el poco ruido que generó una querella presentada el 5 de junio de 1985 ante el Segundo Juzgado  del Crimen de Santiago. La patrocinaban cuatro abogados democratacristianos y no apuntaba a los agentes y servicios represivos, sino al directorio completo de una AFP. 

“Fue específicamente contra Provida, que era la más grande”, recuerda hoy a sus 73 años el abogado Ramón Briones. “La querella la redactamos yo y Hernán Bosselin, y la patrocinaron también Adolfo Zaldívar y Ricardo Hormazábal”.

En las 30 carillas del escrito los querellantes buscaron demostrar con datos obtenidos de los estados financieros de Provida (ver artículo La AFP que nunca existió) que ésta se adueñaba mañosamente de una parte de la cotización adicional de los afiliados. “La figura consistía en cobrar diez (es un ejemplo) para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia que las AFP contrataban en compañías de seguro, pero a las que en realidad pagaban cinco o seis”, explica Briones.

“La querella avanzó muy rápido en tribunales, y entonces el gobierno se vio obligado a dictar una norma legal para aclarar esta situación, lo que en la práctica significó validar el cobro excesivo que estaban haciendo las AFP”, recuerda Briones.

El remanente obtenido era contabilizado como ingreso operacional, algo que hasta ese momento prohibía expresamente el decreto ley 3.500 que regula a las AFP. Prácticamente toda la utilidad de los ejercicios de 1983 y 1984 provenía de esta apropiación indebida.

Por la boca muere el pez

El ex senador DC Ricardo Hormazábal, por entonces un dirigente de la Confederación Bancaria, recuerda el momento en que “se destapó la olla”. Fue durante uno de los seminarios organizados por la organización sindical al que estaba invitado como presentador Alfonso Mujica, gerente de la Asociación de AFP. 

“La charla estaba por concluir cuando Adolfo Vial, presidente del sindicato del Banco de Chile, un compañero de derecha muy respetable, un gran sindicalista, le hace la pregunta del millón”, recuerda Hormazábal.

Ante la pregunta de cuánto pagaban las AFP por seguro de invalidez y sobrevivencia, Mujica respondió que era “alrededor de 1,5%” [de la renta imponible de cada afiliado]. Vial insistió: “¿entonces por qué nos cobran el 3,5%?”. 

La respuesta del ejecutivo abrió la caja de pandora: “mire, lo que ocurre es que la AFP debe responder en caso de quiebra de la compañía de seguros, y en segundo lugar porque las pólizas de seguro establecen que las personas que se suicidan no tienen cobertura”.

Hormazábal no se tragó esta explicación y comenzó a reunir antecedentes. Fue a la Superintendencia de Valores y comprobó que ninguna de las dos afirmaciones era cierta. En primer lugar, las pólizas se pagan después de doce meses de cotizaciones, fuese cual fuese el motivo del fallecimiento del afiliado.  

Luego, si la idea era guardarse parte del dinero para proteger a los afiliados de una eventual insolvencia de la aseguradora, lo que correspondía era guardarlo en una glosa específica para ese fin. Provida la tenía, pero su destino no era el declarado por Mujica, sino transferir el dinero con total impunidad a los ingresos de la AFP. De esta manera miles de millones de pesos salían de las cotizaciones y se distribuían como dividendos entre los accionistas de Provida.

Conocida como “la AFP de don Francisco” por su campaña publicitaria con el rostro del conocido animador, Provida se encontraba bajo administración judicial después de la bancarrota de su matriz, el grupo Cruzat Larraín. El uso irregular de los fondos era un vicio que se arrastraba desde sus inicios y que se multiplicó con motivo de la crisis económica de 1983.

Como un gesto de amonestación menor, el superintendente Ariztía Matte castigó a Carlos Eugenio Lavín y a Hugo Bravo con una multa de 150 y 500 UF respectivamente, y exigió la salida de ambos de Provida.

Los abogados de la DC habían detectado la punta de un iceberg que era la insolvencia del sistema. Según Ramón Briones, “sin la maniobra con la cotización adicional y las pólizas no habrían podido resistir, habrían quebrado las AFP y la querella lo explicaba. La única forma que tuvieron de sostenerse fue con el ingreso de estos dineros ilícitos”.

El juez Alejandro Solís, quien más tarde en democracia llegaría a ser un persecutor implacable de violadores de derechos humanos, acogió a trámite la querella y comenzó a dictar las primeras diligencias.  

Carlos Eugenio Lavín, entonces gerente general de Provida, y el fallecido Hugo Bravo López, su gerente de finanzas, fueron llamados a declarar, así como todo el directorio de la administradora en calidad de inculpados. Figuraban el ex ministro de hacienda Jorge Cauas, dirigentes de la Sofofa como Eugenio Heiremans y el entonces socio de Copesa y dueño del diario La Tercera, Germán Picó Cañas.

La estafa de Provida contaba además con otro elemento. La misma compañía de seguros estaba coludida con la AFP y se trataba del Consorcio Nacional de Seguros. Ambas habían formado parte del grupo Cruzat Larraín y los ejecutivos pertenecían al mismo club: Lavín, Bravo y Carlos Alberto Délano, más tarde fundadores y articuladores del grupo Penta. 

El Mercurio informó en una escueta nota que la renuncia de Lavín había sido “aceptada” por el directorio de Provida. Acto seguido fue recontratado como asesor.

Según consta en el boletín N° 47 de la Superintendencia de AFP (julio de 1985), varias de las AFP de la época hacían lo mismo: contrataban el seguro de invalidez y supervivencia con una aseguradora relacionada: AFP El Libertador tenía contrato con La Chilena Consolidada, ambas perteneciente al grupo de Agustín Edwards; lo mismo que la AFP Santa María (Banco de Chile) y Aetna Banchile; AFP Summa con El Roble (ambas del Grupo Angelini) y AFP Planvital con Renta Nacional Seguros, controladas por el empresario Francisco Javier Errázuriz.

“Eran contratos súper arbitrarios que generaban liquidez en uno y otro lado según las necesidades del grupo”, recuerda Hormazábal. “A veces era en la AFP, a veces en la aseguradora”.

La reacción

La querella de los abogados DC fue un verdadero misil para los planes del gobierno de transformar a las AFP en la palanca para reactivar la economía y el mercado de capitales, y dar el puntapié inicial para la privatización de empresas estatales. 

El superintendente de pensiones de la época, Juan Ariztía Matte, quien por entonces trabajaba elaborando parámetros para determinar en qué instrumentos financieros podrían invertir las AFP, se encontró con una bomba y actuó en consecuencia. Mientras el proceso avanzaba en el segundo juzgado del crimen, puso a trabajar a sus equipos técnicos para elaborar una nueva normativa que regulara la contratación de las pólizas de seguro. “La querella avanzó muy rápido en tribunales, y entonces el gobierno se vio obligado a dictar una norma legal para aclarar esta situación, lo que en la práctica significó validar el cobro excesivo que estaban haciendo las AFP”, recuerda Briones.

La primera reacción vino por parte de la Superintendencia de AFP en mayo de 1987. Por medio de la circular Nº 429, la agencia gubernamental liderada por Ariztía les ordenó a las AFP realizar licitaciones públicas para la contratación del seguro, entre otras medidas. De esta forma las administradoras quedaban impedidas de contratar la póliza con compañías de seguro relacionadas (controladas, como vimos, por los mismo grupos económicos).

Pero esto no fue todo. La falla sistémica detectada por los abogados DC requirió ir más allá: modificar el sacrosanto Decreto Ley 3.500. Por medio de una sustantiva reforma promulgada en agosto de 1987, se realizaron diversas modificaciones que de alguna forma legalizaban el cobro excesivo y apropiación indebida que realizaban hasta entonces las AFP. Entre otros cambios, la ley 18.646 permitió a las AFP cobrar una comisión adicional justamente por la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. Con todas estas modificiones reglamentarias y legales no sólo se le salvaba el pellejo a Provida, sino que a todo el sistema de AFP y con ello a la viga maestra del modelo económico impuesto en dictadura.

Como un gesto de amonestación menor, Ariztía Matte castigó a Carlos Eugenio Lavín y a Hugo Bravo con una multa de 150 y 500 UF respectivamente, y exigió la salida de ambos de Provida. No lo hizo invocando la acusación de la querella, lo que equivalía a validarla, sino otro pecadillo que el dúo Lavín-Bravo venía practicando desde hace un tiempo: compraban instrumentos financieros a una empresa relacionada del grupo Cruzat Larraín, SOVIN, a precios inflados y generando pérdidas al fondo de pensiones. 

El Mercurio informó en una escueta nota que la renuncia de Lavín había sido “aceptada” por el directorio de Provida. Acto seguido fue recontratado como asesor.

Aquellos directores cuestionados ante los tribunales no durarían mucho en sus cargos. Se estaban cocinando decisiones importantes y al año siguiente Provida tendría nuevos dueños. El primer gran inversionista internacional había desembarcado en el modelo de capitalización individual: el banco estadounidense Bankers Trust.

En la sesión de directorio de abril de 1987 se debía renovar la junta directiva y un accionista minoritario tomó la palabra para abordar el tema de la representación: José Piñera Carvallo. Sacó tan solo 43.671 votos. Dos años más tarde la familia Piñera volvió al ataque y esta vez logró su objetivo de sacar un director en la mayor AFP del país. Su nombre era Sebastián Piñera Echenique.