Hace ya casi un mes que el ente directivo del Consejo para la Transparencia no sesiona por falta de quórum a la espera de que La Moneda reponga la lista de los dos candidatos que la Comisión de Constitución del Senado rechazó el 9 de noviembre o presente una dupla nueva a la Cámara Alta.

En estos momentos el CPLT sólo cuenta con dos consejeros, la presidenta Gloria de la Fuente y Francisco Leturia, paralizando temporalmente disputas por el derecho a acceso a la información de los ciudadanos.

Sin embargo, el gobierno no parece estar apurado. La noche del miércoles 11 el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, retiró la suma urgencia para la nominación de la abogada de Libertad y Desarrollo Natalia González y el académico de la USACH Bernardo Navarrete como nuevos consejeros del CPLT al constatar que el Ejecutivo no iba a lograr los dos tercios necesarios para confirmar los nombres propuestos por el Presidente Sebastián Piñera. Por cierto, técnicamente el ministro no tenía la facultad de retirar la urgencia, ya que la ley establece que si en un plazo de 30 días el Senado no se pronuncia, queda como aceptada la propuesta presidencial.

Postergar en demasía los nombramientos podría tener un efecto bumerang para el propio Presidente Piñera, al que la ley obliga a nombrar “en tiempo y forma” a los consejeros.

Al quitarle la urgencia, la Segpres quiere darse más tiempo para destrabar las críticas en contra de González (ver “Abogados y expertos se suman a críticas por nominación de directora de LyD al Consejo para la Transparencia”) y lograr su nominación. Pero una de las motivaciones más poderosas para dejar este tema en segundo plano -además de la apretada agenda legislativa que incluye la Ley de Presupuesto y el segundo retiro del 10% de las AFP- es que el gobierno busca dilatar lo máximo posible que el CPLT vuelva a sesionar en el corto plazo.

¿La razón? Uno de los primeros temas que verá el consejo directivo del CPLT una vez que estén los cuatro miembros es el de la polémica petición de datos personales que realizó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la superintendencia de Pensiones a fines de octubre. El jefe de las finanzas públicas, militante de Evópoli, pidió y obtuvo los RUT y los montos recibidos por aquellos afiliados que solicitaron el retiro del 10% de sus fondos en las AFP.

Desde entonces, el Consejo ha recibido decenas de requerimientos que están a la espera de un pronunciamiento. Nuestro medio consultó a varios expertos en esta materia que aseguran que si el veredicto del CPLT es que la acción de Briones estuvo al margen de la ley, sería una causal suficiente para una exitosa acusación constitucional en su contra.

Incluso si una futura votación en el consejo directivo sobre la ilegalidad terminara en empate (en línea con el hecho de que dos consejeros son centroderecha y los otros dos de centroizquierda), el voto dirimente es el de la presidenta, que pertenece al PS.

Gloria de la Fuente ya ofició al ministro hace unas semanas y la respuesta ya estaría en el CPLT. Pero como no puede sesionar, no ha podido pronunciarse.

Efecto bumerang

En La Moneda existe preocupación por el peligro político que corre Briones si el consejo vuelve a funcionar, por lo que la estrategia ha sido hacer tiempo. “El gobierno no quiere rellenar esos cupos, no ha presentado una nueva lista de nominados ni está negociando la antigua”, asegura una persona que está al tanto de la trastienda. “La estrategia es dilatar, ‘que pase la vieja’, que todo se enfríe”.

Como sea, lo que decida el consejo podría determinar el futuro del ministro, el único ‘peso-pesado’ que queda del gabinete que ingresó con el estallido social.

De momento los miembros del Senado tampoco han prestado atención a este tema, pero algunos consultados por este medio afirman que la semana entrante volverán a poner foco en ello. Incluso algunos del oficialismo están preocupados por los efectos políticos que pueda haber en caso de dilatar demasiado las nominaciones del consejeros faltantes.

Y es que no sólo Briones se puede jugar su futuro en el CPLT. Postergar en demasía los nombramientos podría tener un efecto bumerang para el propio Presidente Piñera, al que la ley obliga a nombrar “en tiempo y forma” a los consejeros. Según abogados especializados en estos temas, el mandatario podría caer en un “notable abandono de deberes e incumplimiento de la ley” y en el palacio presidencial lo saben. Es más, altos funcionarios de la Segpres están “aterrados con esta papa caliente”, según una persona cercana a estos.

“Bastaría un poco de audacia para acusarlo constitucionalmente por ello”, asegura esta fuente que pertenece al oficialismo.